Cambios y permanencias en la España preconstitucional, 1812

19 mar, 2012 por



A nadie se le oculta que este 2012 asistimos a un bicentenario especialmente fértil en lo historiográfico. El debate poco menos que eterno sobre la guerra y revolución en España durante el período 1808-1814, tendrá una nueva oportunidad para la reflexión en torno a la crisis de la monarquía absoluta y las raíces liberales de la nación española.

 

La desigualdad fiscal entre los reinos de la Monarquía Hispánica

 

Desde luego será una excelente ocasión para el análisis pausado de aquella Monarquía Hispánica que entonces parecía periclitar. Una monarquía fabricada con retazos patrimoniales de origen e interés dinástico, para formar una amalgama de difícil convivencia erigida en torno al fuero, el privilegio y el distingo institucional. En realidad, nada muy diferente a lo vivido en la vecina Francia, con la notoria salvedad quela Francia de Richelieu y Luis XIII no sufrió excesivos inconvenientes para congraciar con cierta facilidad intereses dinásticos y nacionales, puesto que en realidad eran los mismos: en el fondo se pretendía una Francia grande y unida, libre de la presión de los Habsburgo en sus principales fronteras.

Es sabido que nuestro caso es bien distinto, mantener Flandes a ultranza, por ejemplo, religiones e idiomas distintos, un deseo permanente de independencia de los Austrias, aquello, pese a los Tercios y sus glorias, pese a la plata del Potosí, no podía durar; la de Olivares era una política dinástica, no nacional aunque quiso serlo, o parecerlo, cuando la Unión de Armas. Los sucesos de 1640 se encargaron de demostrar hasta qué punto andaban confusos reinos, herencias patrimoniales y territorio.

Y sin embargo, sí existía una cierta consciencia de Monarquía Hispánica entendida como un conjunto de entidades unidas bajo la potestad de un mismo rey. La singular declaración de sucesión en favor de Carlos de Habsburgo, fechada en 1706, se ocupa de repasar con verdadero detalle la genealogía de esta “Monarquía de España” cuya cabeza se deseaba otorgar al candidato austriaco durante la guerra de Sucesión, apuntando de paso notables claves sobre la consciencia de un acerbo común ibérico:

 

 

Primera Constitución o Ley de Exclusión de los Borbones (1706)

 

“DECLARACIÒ DELA SUCCESSIO DELA MONARQUIA DEEspanya, sos Regnes, Provincias, y Dominis, à favor dela Real Magestatdel Senyor Rey Don Carlos III y exclusiò de aquella perpetuament àla Casade Borbòn.

 

CAP. I.

PER quant despres de haver lográtla Monarquiade Espanya la ditxosa continuaciò de sos gloriosissims Monarcas de nostra Augusta Casa de Austria, descendents de Phelip Primer Rey de Castella, Arxiduch de Austria, y de sa Mullerla Serenísima PrincessaJoana Reyna, y Senyora dels Regnes de Aragò, Castella, Comtats de Barcelona, Rossellò, y Serdanya, Principat de Cathalunya, y dels demès Regnes, Estats, Senyorias, y Dominis dela Monarquiade Espanya, filla de Fernando Rey de Aragò, anomenat lo Catholich, y de Isabel Reyna de Castella, los quals Monarcas, ab tant suau Domini, y Paternal amor, per dilatats anys, y molts graus de Successiò, havian governát la dita Monarquia, sobrevinguès la mort, sens fills, ni descendents de son amantisssim Pare, y clementissimMonarca Don Carlos Segon nostre Oncle, y Senyor (que Santa Gloria gosa) ultim Descendent de la linea Masculina del Invicto Emperador Carlos Quint, y Primer de aquest nom, Rey, y Senyor de dita Monarquia […].

 

Pero también y a la vez se hace notorio el distingo territorial de origen medieval que conseguirá sobrepasar el tamiz de base iusnaturalista de los constitucionalistas gaditanos, para impregnar la Constitución de 1812 de resabios religioso-medievales de concepción muy diferente a las nuevas ideas importadas de la Revolución, paradójicamente, o no tanto, muy visibles enla Carta otorgada por Jose I en Bayona.

Al fin, los redactores de la exclusión borbónica no hacían otra cosa que tratar de sancionar los privilegios que el desdichado Carlos II venía de confirmarles en su testamento.

Más tarde y a pesar de los rigores supuestos o reales de la NuevaPlanta, el tiempo confirmaría, como estudió muy bien en su día el historiador Miguel Artola, que a los territorios de la antigua Corona de Aragón no les iría tan mal, fiscalmente hablando, bajo la nueva dinastía.

El profesor Jesús Astigarraga pudo confirmar la pervivencia en el siglo XVIII de la desigualdad fiscal entre los reinos de la Monarquía Hispánica. Si los equivalentes de Aragón fueron una consecuencia punitiva derivada de la guerra de Sucesión, vía la Nueva Planta, tornaron pronto en contribuciones casi tan livianas como las impuestas por los Austrias en los territorios extracastellanos. De forma que el viejo adagio de Quevedo, que retrataba fehacientemente aquel “imperio a la inversa”, nunca antes ni después contemplado en el mundo, continuó siendo una realidad incuestionable:

Solo Castilla y León

Y el noble reino andaluz

Llevan a cuestas la cruz

 

Tanto es así, que para mediados del siglo XVIII el profesor Astigarraga calcula una presión per cápita de 28 reales para los habitantes de Castilla y de tan solo 11 para los de la Corona de Aragón.

Un asunto que aún hoy día continúa en cierto modo pendiente, por mucho que se tratase de ponerle cierto cabal remedio en repetidas ocasiones, ya durante el mismo siglo XVIII, cuando las facultades ejecutivistas de la monarquía parecieron gozar de mejor salud. Parches y apaños que de poco llegaron a servir, cuando llegó Francisco Cabarrús para afirmar que la monarquía no admitía más remiendos, nadie le hizo ya mucho caso. En su tiempo, la imposibilidad de establecer contribuciones verdaderamente directas, como la Única de Ensenada, derivó en la quiebra de la misma Monarquía que se resistía tenazmente al cambio.

Fueron las Cortes de Cádiz las primeras en establecer la, ansiada por muchos, equidad fiscal. Más tarde contemplaremos a liberales convencidos como Javier de Burgos o el mismo Madoz, sacrificando a su pesar el principio de la unidad constitucional en “salvaguarda de la paz”. Iniciativa tan loable como inútil, tres guerras carlistas dan buena cuenta de la inutilidad de su bienintencionado intento.

De forma que aquel “Fueros todos y Fueros ninguno” de don Miguel de Unamuno jamás llegó a cumplirse, reinando en el concierto fiscal peninsular el distingo permanente que Ferdinand Braudel calificaba sin empacho de “privilegios sin escrúpulos”, una realidad que fue siempre norma y casi nunca excepción.

Es sabido que la cuestión venía de lejos. En realidad, se trata de un asunto general y constante en la Historia de la Administración española, la permanente dialéctica entre lo gubernativo y lo contencioso y sus múltiples variables. En efecto, al menos desde la llegada de los Borbones al poder, aparece con claridad el interés por desarrollar las facultades ejecutivistas de la monarquía frente a las resistencias de los poderes tradicionales, de carácter togado y sinodial, consejos y audiencias, siempre amparados en la religión y la jurisprudencia de tradición milenaria para mantener sus privilegios, atribuciones y prerrogativas.

Esto lo cuenta muy bien el británico Charles Howard McIlwain en su obra: Constitucionalism: Ancient and Modern, donde nos descubre la pervivencia de las categorías del derecho medieval llamadas de Bracton: (Gubernaculum y Jurisdictio) en medio de las entretelas del constitucionalismo contemporáneo. Así, Gubernaculum sería el gobierno del Rey en sentido estricto, de claro carácter ejecutivo, mientras que Jurisdictio son “esos derechos vinculantes de los súbditos que están totalmente fuera y más allá de los límites legítimos de la autoridad real”.

Si esta dialéctica resulta muy visible en el concierto europeo, no digamos nada del contexto hispano, donde fueros, privilegios y distingos de difícil justificación, informaban con su permanencia cualquier veleidad de igualdad de los ciudadanos ante la ley, que era lo que se estaba dilucidando en la isla de León, frente a la luminosa bahía de Cádiz, en 1812.

 

Una crisis dinástica y una guerra

 

Pero vayamos al análisis más menudo de aquellos acontecimientos de 1808, suscitados en torno al enfrentamiento abierto del príncipe Fernando con su padre Carlos IV y, en definitiva, padres de lo que este año de 1812 es memoria viva.

El motín promovido por el heredero en Aranjuez el 17 de marzo de 1808, tuvo como consecuencia la abdicación de Carlos IV en la persona de su hijo Fernando y la deposición fulminante del príncipe de la Paz, Manuel Godoy. Poco después, el dos de mayo, se producía en Madrid el levantamiento popular contra el ejército de Murat.

A la vista de aquellos luctuosos sucesos, Napoleón Bonaparte consiguió cumplir su deseo de no permitir el reinado de un Borbón en la frontera de Francia, tal como él mismo había asegurado a su séquito en Bayona:

 “Bien sé que bajo cierto punto de vista lo que estoy haciendo está mal hecho; Pero la política exige que no deje a mis espaldas, tan cerca de París, una dinastía enemiga de mi familia”

 

La usurpación propició que se extendiese por todo el territorio peninsular una guerra cruenta y devastadora que habría de prolongarse hasta el final de 1813 a la que llamaos comúnmente guerra de la Independencia española. Al terminar ésta, nada sería lo mismo, ni el viejo orden político y social de España ni su periclitado dominio colonial.

Estos hechos propiciaron finalmente, como se sabe, la creación de una serie de juntas generales provinciales con la finalidad de dar respuesta al vacío de poder provocado por la obligada renuncia de Fernando VII al trono. En realidad la guerra supuso ser la primera etapa de la revolución española, solapando varios y contradictorios procesos. Así, fue una guerra nacional y popular, pero también hecha en nombre de la monarquía y de la religión, fue una guerra de independencia pero también escenario singular de un conflicto internacional en el que los británicos desempeñaron un papel capital.

Aquí no finalizan las contradicciones si tenemos en cuenta las características del régimen reformista e ilustrado que quiso imponer José I, al fin y al cabo hijo de la Revolución, a través del Estatuto o Carta Otorgada elaborada por un grupo de notables en Bayona en julio de 1808, que nunca llegó a entrar en vigor. Una carta pseudoconstitucional que por primera vez, dada su inspiración jacobina, se planteaba la eliminación de los privilegios territoriales en España, así por ejemplo establecía:

 

Art. 117. El sistema de contribuciones será igual en todo el reino.

 Art. 118. Todos los privilegios que actualmente existen concedidos a cuerpos o a particulares, quedan suprimidos…

 

Cuatro años después los mismos distingos de difícil justificación desde una óptica puramente liberal se verían significativamente silenciados por nuestros redactores constitucionales. Así y a pesar de que el texto de 1812 reconocía en su Art. 339. Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno, nada se dice en cuanto a la situación en que quedarían antiguas prerrogativas y excepcionalidades, por ejemplo aquella cuando menos pintoresca disposición del emperador Carlos, quien a fin de mantener en obediencia a Guipúzcoa y al señorío de Vizcaya, había declarado que la sangre de sus habitantes era hidalga y sin mezcla (Real Cédula otorgada el 13 de junio de 1527), disposición que devino en el andar del tiempo en su absurda confirmación, casi “canonización”, de la hidalguía universal vasca en las Reales Cédulas (3 de febrero de 1608 y 4 de junio de 1610) expedidas por Felipe III.

Tal vez por eso, en el artículo final sobre contribuciones, se especifica: (Art. 354). No habrá aduanas sino en los puertos de mar y en las fronteras; bien que esta disposición no tendrá efecto hasta que las Cortes lo determinen… De la evolución de estos asuntos cara al presente no es necesario rendir más cuenta aquí.

 

Un poder, pero ¿qué poder?

 

Entretanto, la crisis dinástica y el levantamiento popular provocaron el colapso de la autoridad y una gran confusión de poderes. En la zona aún no controlada por los franceses, la pasividad de las autoridades provinciales (capitanes generales, audiencias y chancillerías), de los que no podría esperarse que se pusieran a la cabeza de una revuelta sin esperanzas contra las guarniciones francesas desobedeciendo las órdenes explícitas de Fernando, produjo la formación espontánea de estos nuevos poderes territoriales, las juntas provinciales, que parecían asumir la soberanía perdida por los Borbones. Esta actitud en extremo cautelosa de los poderes tradicionales resulta perfectamente comprensible si tenemos en cuenta que, ciñéndose a los hechos, los Borbones españoles les habían ordenado explícitamente que manifestasen su lealtad a los franceses.

A primera vista, el poder de las juntas parecía, por su origen más o menos espontáneo, de carácter revolucionario. Pero un análisis más detenido muestra la mayoritaria extracción privilegiada de los miembros que las formaban (nobles, militares, eclesiásticos, magistrados), circunstancia que habla bien a las claras de su plena identificación con la legitimidad absolutista representada por el cautivo Fernando VII. De hecho, cuando por sugerencia británica y por opinión particular de muchas juntas provinciales, como la de Valencia, donde sí existió una pequeña representación verdaderamente popular, se consiguió crear el 25 de septiembre de 1808 una especie de gobierno central de los sublevados, el resultado, la llamada Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, formada por 35 diputados o representantes de las diferentes juntas provinciales, recayó su presidencia sobre el propio José Moñino, conde de Floridablanca, en este momento presidente dela Junta de Murcia, nada sospechoso de tendencias revolucionarias.

Junto al viejo ministro de Carlos III aparecen pocos nombres de verdadero relieve: Antonio Valdés, Gaspar Melchor de Jovellanos y Martín de Garay, que sería luego el único ministro de Hacienda sensato que toleró, por breve tiempo todo hay que decirlo, Fernando VII. Esto no quiere decir que los restantes miembros de la recién formada Junta Central no tuviesen ninguna experiencia de gobierno, como a veces se ha querido señalar. Entre ellos encontramos a un regente de Chancillería, dos intendentes provinciales, dos obispos, dos vicarios generales o cuatro regidores perpetuos, personas que por su misma índole estaban acostumbrados a la toma de decisiones en sus ámbitos de actuación.

Como era de esperar, desde su mismo nacimiento, la Junta Central tuvo en su contra a casi todos los restantes sectores políticos que tenían algo que decir en el conflicto. En primer lugar, sus pretensiones de recoger la soberanía de la nación bajo el título de “Majestad” eran, a los ojos de todos, bastante ridículas, además las propias juntas provinciales pretendían ser a su vez las únicas representantes directas del pueblo soberano en el ámbito de su auto señalada jurisdicción. Por su parte, los absolutistas veían con prevención la formación de todo poder de carácter espontáneo y “popular”.

Por si esto no fuese suficiente, el creciente cesarismo de militares como Palafox o Cuesta, y la franca oposición del poderoso Consejo de Castilla, que consideraba el poder de la Junta poco menos que una usurpación a la legitimidad que representaban el rey y los cargos públicos oficialmente nombrados por éste, terminaron por socavar la autoridad de la Junta Central. Autoridad que quedó definitivamente desacreditada tras la completa derrota de las tropas españolas en Ocaña (noviembre de 1809).

De esta manera, la exigencia de un verdadero gobierno de concentración, demandada desde hacía tiempo por algunos militares como Palafox y La Romana, también solicitada con urgencia por la propia aliada Inglaterra, deseosa de poder tratar con un interlocutor único, fue un verdadero clamor. Desacreditada y ofendida, la Junta se retiró ante los franceses, primero a Sevilla y luego a Cádiz, donde terminaron por dimitir sus miembros entre los insultos y vejaciones de los “patriotas” gaditanos.

Como consecuencia, la Juntase vio sucedida por la conservadora Regencia de los cinco, entre cuyos miembros se encontraba el omnipresente general Francisco Javier Castaños. La Regencia fue formada oficialmente en enero de 1810 y presidida por el obispo de Orense, personalidad oscurísima que más adelante daría en hacerse famoso nada menos que por su denuncia pública de la doctrina de la soberanía nacional. También la Regencia quedó pronto cautiva entre las tendencias liberales de la Junta de comerciantes gaditana y el claro obstruccionismo del Consejo de Castilla.

De manera que, entre unos y otros, el gobierno central de España había desaparecido en la práctica. Y en cuanto esto sucedió, salieron a la luz los viejos fantasmas de un país más bien cainita, sin verdadera cohesión interna. Algo de lo que se quejaban constantemente los contingentes británicos mandados por Moore y el duque de Wellington:

 

“Cada provincia rehusaba a permitir que su ejército fuese mandado por un general de otra; cada junta competía con la vecina para obtener una mayor asignación de las armas y municiones que el gobierno británico había ordenado distribuir a sus acosados agentes militares. Ninguna junta consideraba a la Junta Suprema, eventualmente constituida en respuesta a repetidas sugerencias británicas”.

 

Relataba un comisario inglés, y más adelante:

 

 “Los celos engendrados por este apasionado provincialismo fueron tan agudos que por un momento pareció que el país se deslizaba hacia una guerra civil. La Junta de Galicia rehusaba a cooperar con la de Castilla…Las Juntas asturianas se negaban a abastecer al ejército de Galicia al mando del general Joaquín Blake…Los miembros de la Junta de Sevilla se guardaban la paga de sus tropas y amenazaban con enviar a su impagado ejército a atacar Granada cuya Junta rehusaba reconocer su supremacía”.

 

¿Poderes revolucionarios?

 

Para muestra un botón lexicológico, nada como recurrir al lenguaje de la época para entender cómo “los poderes” surgidos más o menos espontáneamente tras los sucesos de Bayona, aludiendo claramente a la coyuntural orfandad de poder, pensaban más en casullas, crucifijos e hidalguías que en el sentido revolucionario de su flamante acceso a la soberanía. Un simple análisis del tenor de sus proclamas, muestra bien a las claras cómo la ideología de las juntas provinciales caminaba aún sólidamente unida a los principios ideológicos del Antiguo Régimen.

Así, las menciones a la providencia divina, el desprecio étnico y el recuerdo constante al mito dela Reconquistafrente al islam, son lugares comunes en la documentación emanada de estas instituciones:

 

 

“Españoles: esta causa es del Todo poderoso; es menester seguirla, ó dexar una memoria infame a todas las generaciones venideras. Baxo el estandarte de la Religión lograron nuestros padres libertar el suelo que pisamos de los inmensos Exércitos Mahometanos, y nosotros ¿temeremos ahora envestir a una turba de viles ateos, conducidos por el protector de los Judíos? Nuestros venerables padres, aquellos héroes que derramaron tan gloriosamente su sangre contra los Agarenos levantarían la cabeza del sepulcro, y furibundos gritarían contra nuestra cobardía, desconociéndonos por hijos suyos… Nobles Gallegos: sabios sacerdotes: piadosos cristianos de este afortunado suelo: vosotros sois los primeros y más obligados a sacudir el yugo de tan vil canalla: vosotros depositarios del cuerpo del Apóstol Patrón de las Españas de Santiago; honrados con los sagrados trofeos del Santísimo Sacramento, que adornan nuestros Estandartes.”

 

 

Lo mismo podía apreciarse en los poderes locales, tan desconcertados y perdidos como los regionales (según la proclama dela Juntade Galicia):

 

“La Fe de nuestros padres que ha plantado entre nosotros nuestro augusto y tutelar patrón el Apóstol Santiago; Aquella fe con la qual un solo puñado de valeroso Españoles ha batido, y arrollado exércitos inmensos de sarracenos,…; Aquella fe en fin capaz de mudar de una parte a otra los montes más eminentes, es la misma fe que intentaban arrancar y borrar de nuestros corazones las miras ambiciosas del sediento Napoleón.”

 

Y más adelante:

 

 

“La notoria justicia de nuestra causa y el imponderable denuedo de nuestros soldados prometen el éxito más feliz de nuestra empresa; pero si nuestra fe es muerta, si nuestras obras no corresponden a lo que nos prescribe la Religión Santa, si nuestra modestia y compostura no acredita el sosiego de nuestras conciencias, y si nuestras súplicas no van acompañadas de aquella fe viva que dic tantas victorias a nuestros padres ¿qual será nuestra suerte?,…Nosotros pediremos y recibiremos sin duda inmensos beneficios, si pedimos con corazón contricto y con humildad cristiana; prevengámonos pues para tan digna empresa, acordémonos de la doctrina que Jesucristo nos ha enseñado con su exemplo, fixémosla en nuestros corazones, y así, contrictos y humillados con espíritu sincero y tan católicos como debemos ser, corramos al pie de los altares…”

Proclama del Ayuntamiento convocando al pueblo coruñés a la procesión y rogativas a la Virgendel Rosario, patrona de la ciudad, por el éxito en la guerra contra los franceses. 3 de julio de 1808

 

Los presupuestos despóticos de raíz todavía absolutista no daban para más y tenían sus limitaciones y servidumbres, en palabras del historiador Benjamín González Alonso: “Es el paradigma de un Estado que se debate para sobrevivir a base de correcciones parciales y tardías que caen en el vacío”.

Tal vez por eso, nos encontramos ante una excelente oportunidad para revisar la obra de aquellos ilustrados simplemente tachados afrancesados y apartados sin más, como Juan Sempere y Guarinos, quienes en su defensa de la realidad frente al mito, en su ataque a aquellas tautologías pseudogóticas de Francisco Martínez Marina, en su inteligente desprecio del historicismo, parecen hoy tan modernos y necesarios.Como asegura el profesor Rafael Herrera en su estudio sobre la obra de Sempere y Guarinos:

 

“cada tiempo histórico debe imponer su legitimidad sobre la base de las exigencias reales que el presente inspira a los actores políticos. De lo contrario se caería en contradicciones tan escandalosas que, al cabo, terminan por debilitar las propias estructuras de legitimación contemporáneas. Y esto, en definitiva, es lo que sucedió a los liberales cuando los reaccionarios reclamaron la historia para sí.”

 

 

¿Y qué sucedió con América?

Paradójicamente, la apertura del tráfico indiano a diversos puertos peninsulares y el establecimiento del comercio libre en 1778, unida a la desaparición de los “puertos secos” como consecuencia dela Nueva Planta de Felipe V, permitió pensar por primera vez en una Monarquía Hispánica con vías comerciales articuladas, activas e integradas, justamente coincidiendo con el principio de su propio fin.

Bueno es decir, al respecto, que las amadas Indias fueron cada vez más consideradas como simples colonias a la inglesa, especialmente por los diputados sitiados en la isla de León, craso error que José I, mírese por donde, no se había permitido cometer en su carta otorgada de Bayona, un documento, por cierto, muy superior en lo económico a la Pepa.

Las consecuencias de la falta de visión de los constitucionalistas gaditanos las aprovecharían bien pronto, como se sabe, sus hermanos criollos del otro lado del mar. Unas Indias silentes, dadivosas y firmes al menos hasta la batalla de Ocaña se volvieron contra la metrópoli no tanto por la disolución del poder en España, sino más bien ante lo desesperado de su situación y el miedo a tener que afrontar una guerra servil.

En suma, que la Junta Centralprimero y la Regenciadespués nunca llegaran a comprender lo que querían expresar los rebeldes norteamericanos con aquel “No taxation without representation”, bien que lo pagaron después.

Ya lo decía Karl Popper, vivir del pasado, amén de estúpido, resulta un mal negocio, permítaseme pues que remate con una de sus más conocidas citas:

 

La miseria del historicismo es, podríamos decir, una miseria e indigencia de imaginación. El historicismo recrimina continuamente a aquellos que no pueden imaginar un cambio en su pequeño mundo; sin embargo, parece que el historicista mismo tenga una imaginación deficiente, ya que no puede imaginar un cambio en las condiciones de cambio.”

0 Comentarios

Trackbacks/Pingbacks

  1. “Cambios y permanencias” hablando de la Pepa el día del bicentenario en Anatomía de la Historia « Sartine's Coffee - [...] La España preconstitucional, 1808-1812 | Anatomía de la Historia via kwout Share this:FacebookLinkedInTwitterMe gusta:Me gustaSé el primero en ...

Dejar un comentario