Guerra y paz. El problema vasco y el proceso de democratización

Por . 19 mayo, 2014 en Reseñas
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La editorial Tecnos publicó en 2013 Héroes, heterodoxos y traidores. Historia de Euskadiko Ezkerra (1974-1994), escrita por Gaizka Fernández Soldevilla.

Héroes, heterodoxos y traidores analiza las historias cruzadas de ETA político-militar (ETApm), Euskal Iraultzarako Alderdia (Partido para la Revolución Vasca, EIA) y Euskadiko Ezkerra (EE).

En el ocaso de la dictadura franquista cristalizó en el País Vasco y Navarra la «izquierda abertzale», un movimiento independentista nucleado en torno al caudillaje de ETA. De tal matriz surgieron en 1974 dos facciones que tomaron caminos divergentes durante la Transición.

Por una parte, ETA militar y Herri Batasuna, que se enfrentaron violentamente a la democracia parlamentaria. Por otro lado, un sector más pragmático, el de ETApm, EIA y EE, que evolucionó desde la complicidad con el terrorismo al compromiso cívico con la paz, desde el comunismo revolucionario a la socialdemocracia y desde el independentismo al autonomismo, piedra angular de su nacionalismo heterodoxo.

Escrita desde la perspectiva de la historia política y cultural, la presente obra examina este singular proceso de secularización, que contribuye a una mejor comprensión del pasado reciente del País Vasco y, por ende, de España.

                                                                                              Anatomía de la Historia

 

 

A continuación reproducimos, por gentileza de editorial Tecnos, el siguiente epígrafe, el primero del capítulo titulado “¿Revolución o reformas? EIA durante la Transición I (1977-1980)”.

 

GUERRA Y PAZ. EL PROBLEMA VASCO Y EL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN

 

Las elecciones del 15 de junio de 1977 supusieron formalmente el punto de partida del cambio político en España. No se trató de restaurar el sistema de la II República, la última experiencia parlamentaria, sino de crear uno que evitara los problemas de la década de 1930 y fuese capaz de dar solución a los nuevos retos. Aunque no hubo ruptura, sino una reforma pactada, el resultado fue parecido a la larga: un régimen homologable a los de Europa occidental. La Transición democrática ha sido considerada, y no sin motivos, como un proceso modélico: relativamente pacífico, planificado y consensuado por las elites políticas, tanto las provenientes del franquismo como las de la oposición. Incluso se ha llegado a plantear que se trataba de un patrón exportable a otras latitudes (verbigracia, América Latina y Europa del Este). Como se verá más adelante, es necesario matizar esta visión idealizada del proceso de democratización de España, que no se corresponde del todo con la realidad histórica y, en el caso concreto del País Vasco, se aleja demasiado de ella.

Adolfo Suárez fue reelegido presidente del Gobierno por el nuevo Congreso de los Diputados. Legitimado por las urnas, ocupó ininterrumpidamente el cargo, siendo revalidada su gestión en las elecciones generales de 1979, hasta su dimisión a principios de 1981. Durante ese período el escenario político se fue trasladando de la calle a las Cortes. Allí, donde tuvieron lugar los debates más trascendentales para la naciente democracia, se concentró la atención de los medios de comunicación y, en última instancia, de la propia ciudadanía española. Los partidos que no habían conseguido representación en las instituciones quedaron paulatinamente marginados. Las inexorables reglas de la ley electoral empujaban al excesivo número de pequeñas formaciones a la desaparición, una suerte que intentaron conjurar mediante coaliciones, convergencias de poca fortuna o la unificación con otros grupos más poderosos. EE, que solo contaba con dos parlamentarios, pudo evitar ese destino jugando un modesto pero perceptible papel en la arena pública y, sobre todo, gracias a la alargada sombra de ETApm.

Durante la primera Legislatura las Cortes se dedicaron a la institucionalización de la nueva Monarquía parlamentaria. Para no caer en la polarización sectaria de la II República los principales partidos moderaron sus discursos y renunciaron a sus programas de máximos con el objetivo manifiesto de llegar a grandes consensos. Desde luego, el proyecto estrella fue la Constitución de 1978, que conformaba el marco legal de la democracia española y plantaba la semilla de la que surgió el Estado de las autonomías. En segundo término, el Gobierno, las formaciones políticas (inclusive el PSOE, el PCE y el PNV), la patronal y los sindicatos mayoritarios firmaron los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977 para intentar atajar la crisis económica que se había iniciado a escala mundial en 1973. EE y EIA se posicionaron en contra, ya que, a decir de Letamendia, el acuerdo consistía «en legitimar los objetivos de la oligarquía de hacer pagar una vez más los efectos de la crisis a los trabajadores» (Bultzaka, 19-XI-1977, y Egin, 16-XI-1977.).

Los Pactos de la Moncloa no consiguieron evitar el crecimiento de las cifras de paro. Si la coyuntura económica era mala en general, en Vizcaya fue desastrosa, debido a su especializado y anquilosado modelo industrial. Muchas empresas cerraron o, como poco, redujeron su personal. Las consecuencias fueron el deterioro de las condiciones de trabajo, el desempleo masivo y el aumento de la conflictividad laboral. También fueron apareciendo fenómenos nuevos que marcaron a la generación más joven: la marginalidad, la drogadicción y un desencanto con la democracia parlamentaria que se canalizó a través de movimientos antisistema como Herri Batasuna.

El tercer gran consenso se concitó alrededor de la cuestión de la amnistía de los «presos políticos», que no se había resuelto de manera concluyente (decenas de ellos todavía permanecían en la cárcel). Por ende, continuaron las movilizaciones a favor de su excarcelación. Sirva como ilustración que, según El País, a principios de septiembre de 1977 doscientas mil personas se manifestaron en Bilbao y ciento cincuenta mil en San Sebastián. Ante el clamor popular, y con el doble anhelo de alcanzar la reconciliación entre las «dos Españas» y terminar con el problema vasco, los grupos parlamentarios negociaron una Ley de amnistía, que fue aprobada por las Cortes el 15 de octubre de 1977. A partir de entonces fueron saliendo en libertad los «presos políticos» que quedaban, incluyendo los condenados por delitos de sangre. En diciembre fue excarcelado el último de ellos, el polimili Fran Aldanondo. Juzgando que ya habían cumplido su finalidad, las gestoras pro amnistía originales comenzaron a disolverse.

Al desaparecer la más emblemática consigna movilizadora de los grupos extremistas el ciclo de protesta en Euskadi entró en declive. Además, siempre que aceptaran unos retoques cosméticos en sus estatutos, los tres partidos adscritos a la «izquierda abertzale» no habrían tenido ningún impedimento para ser legalizados. Las condiciones que KAS había impuesto al anterior gabinete de Suárez se habían cumplido. A priori, la Ley de amnistía era el puntal que podría haber afianzado en Euskadi el proceso de democratización. Para una parte de los ultranacionalistas el hecho de que «Madrid» liberase a todos los «presos políticos» era un acontecimiento de tal magnitud que hacía dudar de la veracidad del «conflicto» en el que intelectualmente se sustentaba el terrorismo. En cierta medida, fue la percepción de dicha amenaza lo que explica la fulminante reacción de ETAm. En una reunión bilateral dirigentes milis anunciaron a delegados de EIA que «hemos observado un receso en el pueblo en cuanto a movilizaciones, y un ascenso de las fuerzas reformistas que podía llevarnos a un asentamiento de la Reforma de Suárez en Euskadi. Ante esto hemos optado por tomar la iniciativa y actuar para intentar que ello no sucediese». Justo al día siguiente de que el Consejo de Ministros aprobase el proyecto legislativo de excarcelación de los presos etarras, un comando de ETAm asesinaba a Augusto Unceta, presidente de la Diputación de Vizcaya, y a sus dos escoltas. La amnistía, afirmaban los milis, «es parcial, pero aun-que fuese total no variarían nuestros planteamientos, ya que nosotros iniciamos la lucha porque Euskadi estaba oprimida» [Barrera y Sánchez (2000), Domínguez Iribarren (1998: 174-175), Fernández Soldevilla y López Romo (2012: 216-217), Letamendia (1994, vol. II: 64-65 y 74-75) y Unzueta (1997: 32-33). El País, 3 y 4-IX-1977].

La Ley había inspirado tantas esperanzas que incluso la prensa afín a la «izquierda abertzale» respondió al atentado con una enérgica e insólita condena. El diario Egin y el semanario Punto y Hora de Euskal Herria dedicaron a ETAm severísimos editoriales, en los que se llegaba a exigir «la renuncia al empleo de la lucha armada». El cese del director del periódico, Mariano Ferrer, acabó con las críticas. Para cerrar la trama, hubo más atentados mortales justo antes y después de la excarcelación de Aldanondo. Así, con sangre, los milis habían borrado la posibilidad de cerrar el supuesto «conflicto vasco» y se habían asegurado la coherencia interna de su narrativa bélica. A finales de año un comando de ETAm atacó el puesto de la Guardia Civil que protegía las obras de la central nuclear de Lemóniz. Uno de los terroristas, David Álvarez, que resultó herido, fue detenido. Moría días después, convirtiéndose en uno de los primeros mártires de la causa abertzale tras la amnistía. En palabras de Patxo Unzueta, «la dinámica infernal —atentados, presos, más atentados— estaba de nuevo en marcha» (Punto y Hora, 13 al 19-X-1977, y Egin, 11-X y 29-XI-1977. Unzueta (1996: 283).).

La amnistía no trajo consigo el armisticio etarra. Al contrario, durante la Transición ETA, y especialmente su rama militar, recrudeció su ofensiva terrorista hasta un extremo nunca visto (y que no se volvería a repetir). El número de atentados y, por ende, el de víctimas mortales, creció a un ritmo frenético. En opinión de historiadores como Juan Pablo Fusi, José María Maravall y Fernando Molina, el problema vasco se transformó en el mayor escollo para la estabilización de la democracia en España.

Par comprender el repunte de la violencia etarra hay que atender a varias explicaciones complementarias. Según mantienen Ignacio Sánchez-Cuenca y Paloma Aguilar, ETAm intentó compensar por medio de más atentados el declive de las movilizaciones pro amnistía, que habían supuesto hasta entonces el más visible respaldo popular a la causa ultranacionalista. Y, tras la fusión con los berezis, estaba en condiciones materiales de hacerlo. Otro factor a tener en cuenta era la nula presencia del entramado civil de los milis en las Cortes, donde sí estaba afianzada Euskadiko Ezkerra. El auge de la coalición ponía en riesgo el caudillaje de ETAm. El incremento de los niveles de violencia fue el método con el que la organización terrorista disputó (y después arrebató) a EIA el protagonismo político: la atención de los medios de comunicación, de los otros actores y, sobre todo, de la base sociológica de la «izquierda abertzale». Tampoco hay que desdeñar el papel que jugó la narrativa del «conflicto vasco» (perfeccionada y divulgada por intelectuales y periodistas, robustecida por la brutalidad policial), que dio coherencia y justificación a los asesinatos. Baste comprobar cómo los líderes de EE y en mayor medida los de HB exaltaban en sus actos la supuesta «guerra» de los vascos contra el «Estado español» y, por supuesto, a los heroicos gudaris etarras. Por otro lado, hay que llamar la atención sobre la coyuntura tan favorable que encontraron las bandas armadas: una policía ineficaz, anticuada y mal coordinada, la falta de una política antiterrorista clara, la debilidad de los gobiernos de la UCD, sin mayoría absoluta en el parlamento, el «santuario francés» y la densidad de las redes de apoyo al terrorismo, así como la «comprensión» del PNV y de la extrema izquierda. Otrosí, se debe tener en cuenta que ETA se hallaba dividida en tres grupos (CAA, ETAm, y ETApm) que competían por los recursos, los objetivos, la portada de los periódicos, la audiencia y la legitimidad de ser la auténtica ETA. Cada banda tenía una estrategia propia, que producía resultados diferentes. En ese sentido, el incremento del número de atentados (y de muertos) hay que achacárselo principalmente a los milis.

Tabla 4

Víctimas mortales de ETA (1975-1983)

Año ETAm ETApm Berezis ETApm VIII CAA Total

1975

12

4

16

1976

16

 1

17

1977

 7

 1

2

10

1978

60

 1

4

65

1979

 65

10

 4

 79

1980

 79

 5

10

 94

1981

 29

 1

 30

1982

 37

 2

 39

1983

 32

1

 7

 40

Total

337

22

2

1

28

390

Fuente: Domínguez Iribarren (1998: 220), Alonso, Domínguez Iribarren y García (2010) y <http://www.march.es/ceacs/proyectos/dtv/datasets.asp>

 

ETAm, aunque debilitada políticamente por los comicios de 1977, se había visto reforzada por la adhesión de los berezis. Los milis repitieron una y otra vez que nada había cambiado y que la Monarquía era una continuación de la dictadura franquista, pero adoptaron una nueva estrategia terrorista para adaptarse a la democracia parlamentaria: la guerra de desgaste (1977-1995). Se trataba de «acumular fuerzas» (mediante el asesinato sistemático de policías, militares, etc.) para obligar al Gobierno a cumplir las reivindicaciones contenidas en la «Alternativa KAS». Para presionarlo ETAm contaba con la amenaza de que un sector del Ejército, harto de la matanza, se decidiese a dar un golpe de estado, como precisamente ocurrió el 23 de febrero de 1981.

Por otro lado estaban los muy heterogéneos CAA, que mezclaban ultranacionalismo vasco con una postura asamblearia y contraria a los partidos políticos, relativamente cercana a la de los «autónomos» italianos. Fueron responsables del asesinato de unas treinta personas, entre ellas dos miembros del PSE: Germán González, un afiliado de base, en octubre de 1979 (la primera ocasión en que una rama de ETA mataba a un miembro de un partido que provenía de la oposición antifranquista), y el senador Enrique Casas en febrero de 1984.

La tercera organización en liza era ETApm. A pesar de que aceptó su papel de retaguardia de EIA, llevó a cabo diversas campañas terroristas, que serán analizadas en el siguiente apartado, y que causaron una veintena de víctimas mortales.

Las tres organizaciones dejaron a su paso un reguero de sangre: centenares de muertos y heridos. De esta manera el terrorismo etarra se convirtió en una de las piezas clave de la Transición, tanto en España en general, donde amenazó con desestabilizar a la naciente democracia, como en Euskadi en particular, donde sus trágicas consecuencias se hicieron sentir a corto y a largo plazo. Las distintas ramas de ETA, mediante el asesinato de cargos públicos provenientes del franquismo y de afiliados a la UCD y AP, prácticamente borraron del mapa a las derechas vascas, uno de los polos tradicionales del triángulo político de Euskadi. A pesar de que a veces se intentó disfrazar el móvil de los atentados (fue el caso de ETAm, que prefería acusar a estas víctimas de «txibatos») se trató de una auténtica persecución contra la cultura política conservadora no abertzale que duró desde 1976 hasta finales de 1984. La intimidación no afectó solo a las derechas, sino también a las izquierdas. Verbigracia, el primer mitin que Felipe González celebró en febrero de 1976 en Euskadi, concretamente en la facultad de Ciencias Económicas de Sarriko (Bilbao), fue boicoteado por nacionalistas radicales. En definitiva, ETA y la «izquierda abertzale» precipitaron una «espiral de silencio» que afectó al conjunto de los vascos no nacionalistas. El fenómeno, descrito por Juan José Linz y Alejando Muñoz Alonso, consiste en la tendencia natural del ser humano a no expresar sus ideas cuando percibe que no coinciden con las que parecen predominantes. En el caso vasco el terror hizo callar a unos, pero permitió hablar a otros, lo que coadyuvó a generar un clima de opinión predominantemente nacionalista: se magnificaron las expresiones, el discurso, el vocabulario y los símbolos abertzales y se minimizaron los del resto de opciones políticas. Igualmente, la extorsión y las amenazas lograron que miles de vascos tuvieran que abandonar sus hogares y trasladarse a otras partes de España. Daba la impresión de que ETA estaba a punto de conseguir el objetivo de la dictadura franquista: eliminar todo atisbo de pluralidad y diversidad en la sociedad para crear una nación uniforme, monolítica y homogénea.

Ahora bien, el terrorismo abertzale no fue el único escollo que amenazó con hacer naufragar la Transición a la democracia en el País Vasco. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que nunca fueron depurados, mantuvieron sus viejos hábitos y la inercia represiva de la dictadura. Hay que tener en cuenta que sus miembros eran poco profesionales, no tenían convicciones democráticas, se sabían amparados por la legislación antiterrorista y estaban acostumbrados a la impunidad y, en determinados casos, a los malos tratos y las torturas. Para colmo, se encontraban bajo las órdenes de oficiales de procedencia militar y, con cierta frecuencia, de ideología reaccionaria. El Ministerio de Gobernación, luego del Interior, encabezado por Rodolfo Martín Villa (1976-1979) y Antonio Ibáñez Freire (1979-1980), fue incapaz de marcar unas directrices claras en la política de orden público que le diferenciase sustancialmente de sus antecesores franquistas. Hubo, eso sí, cambios cosméticos, como cuando en diciembre de 1978 la Policía Armada fue rebautizada como Policía Nacional. Se repitieron los errores del pasado: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fueron responsables, entre otros luctuosos sucesos, de las muertes del militante de la LKI Germán Rodríguez en Pamplona y de José Ignacio Barandiarán en San Sebastián durante el verano de 1978, o la de Gladys del Estal en Tudela al año siguiente. Como mantiene Tom Parker, si un gobierno elegido democráticamente intenta acabar con una organización terrorista por medio de una fuerte, violenta y eventualmente ilegal represión no consigue más que el efecto contrario: fortalece a su enemigo. No es de extrañar que 1979 y 1980 fueran los años más sangrientos de la Transición. El nombramiento de Juan José Rosón (1980-1982) como ministro del Interior supuso un punto de inflexión, ya que desde entonces hubo coordinación entre los diversos organismos y se definió una estrategia y unos objetivos en la lucha contra el terrorismo.

Los «incontrolados» y la violencia de ultraderecha, que son fenómenos difícilmente distinguibles, también golpearon el País Vasco y Navarra. Basten tres ejemplos. El primero, la bomba que explotó en la redacción de Punto y Hora de Euskal Herria en octubre de 1977. Al año siguiente, en diciembre, era asesinado Argala en el País Vasco francés. La misma suerte corrió Tomás Alba, concejal de HB en el ayuntamiento de San Sebastián, en septiembre de 1979. EE, como se verá más adelante, también fue objeto de los ataques de los «ultras». Según el general José Antonio Sáenz de Santa María, muchos de estos atentados contaron con la colaboración (por acción u omisión) de un sector de la Administración, así como de las formaciones neofascistas. Simultáneamente, la extrema derecha vasca se convirtió en uno de los objetivos predilectos de ETAm, que asesinó a varios de sus activistas. A pesar de lo cual, de manera irónica, los grupos partidarios del restablecimiento de una dictadura se beneficiaron políticamente del terrorismo etarra. A través de sus medios de comunicación (El Imparcial y El Alcázar), la ultraderecha instrumentalizó los atentados de ETA como propaganda para provocar que el Ejército diese un golpe de estado. Tal vez por dicho motivo los neofascistas, al contrario que sus homólogos italianos, no ensayaron una auténtica «estrategia de la tensión» en España. No les hacía falta: ETA ya les hacía el trabajo sucio.

La suma de la muy desacertada actuación policial, del terrorismo de ultraderecha, del de extrema izquierda y del de autónomos, milis y polimilis condicionó hasta tal punto la etapa comprendida entre 1978 y 1980 que ha sido denominada los «años de plomo». Con la excepción de la rumana, a decir de Ignacio Sánchez-Cuenca, la Transición española «ha sido la más sangrienta en Europa». Enfocando la cuestión a escala regional, en palabras de José Antonio Pérez y Carlos Carnicero, «la radicalización de la violencia en el País Vasco a lo largo de la Transición constituye un elemento que distorsiona totalmente el esquema que presenta el caso español como un modelo de transición política hacia la democracia». Empero, como advierte Fernando Molina, hay que evitar caer en el error del equidistante discurso de las «dos violencias», que tan popular se hizo durante aquellos años. Ni había un «conflicto vasco» ni dos bandos enfrentados militarmente. «Si existía algún antagonismo en el planteamiento de esta movilización, ese no fue, desde luego, el marcado entre vascos y españoles, ni siquiera entre ETA y la nación, sino el marcado por civilidad e incivilidad».


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