Esta es una historia de la Guerra Civil (VIII)

Por . 25 agosto, 2014 en Siglos XIX y XX
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La organización del franquismo

Situémonos ahora en el comienzo de 1938, el día 30 del mes de enero, cuando aún no ha acabado el conflicto pero el Nuevo Estado avanza con paso firme desde la prehistórica Junta Técnica de Estado hasta el verdadero primer Gobierno presidido por el caudillo Francisco Franco, desde lo que llamara el historiador español Javier Tusell, recogiendo la expresión acuñada por Serrano Suñer, el Estado campamental hasta la institucionalización provisional del nuevo régimen: desde los primeros meses en que el hermano de Franco, Nicolás, es el hombre fuerte o mano derecha, bien poca cosa teniendo en cuenta las habilidades políticas (que no las sociales, donde al parecer iba sobrado a juzgar por sus tejemanejes de personal enriquecimiento); hasta la llegada del cuñadísimo y su arrolladora presencia de riguroso y ascético hombre de Estado convencido de cumplir una misión rehuyendo la autocomplacencia.

Ese primer gabinete franquista reunió un elenco de ministros cuya adscripción abarcará el arco político consentido por el régimen, consentido por Franco. Esa sería “una de las constantes del régimen”, como afirma entre otros Saz Campos: “eje de la vida política y escenario del compromiso autoritario, sería un gobierno de coalición en el que todas las sensibilidades estarían representadas. Por supuesto, era Franco quien decidía quién era el representante de cada sensibilidad”.

Como siempre, integrado por militares, añadió esta vez sí dicho Gobierno a destacadas personalidades de las tres principales fuerzas sustentadoras del bando rebelde: falangistas, carlistas y alfonsistas.

De entre los militares elegidos por el dictador destacará Francisco Gómez-Jordana, a quien Franco reservó nada más y nada menos que la Vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores, después de que en junio sustituyera al general Dávila como presidente de la Junta Técnica del Estado. Conde de Jordana desde 1926, Gómez-Jordana ya había formado parte del Directorio Militar primorriverista.

Los otros dos generales que acompañaron a Gómez-Jordana y a Franco en el primer ejecutivo de Franco fueron Severiano Martínez Anido, que ya fuera ministro con Primo de Rivera y venía de formar parte de la Junta Técnica en calidad de responsable de un departamento ligado a la jefatura del Estado (Seguridad Interior, Orden Público y Fronteras), y desempeñó el cargo de ministro de Orden Público; y Dávila, ministro de la Defensa Nacional.

Dos personas muy allegadas a Franco fueron en ese gabinete Juan Antonio Suances, que recibió el encargo de encabezar el Ministerio de Industria y Comercio, y el concuñado del autócrata, a quien ya conocemos, el ex cedista y reciente falangista de pro Ramón Serrano Suñer, ministro de Interior, secretario del Consejo de Ministros y para muchos hombre fuerte en aquel primer Gobierno franquista, que además añadiría la cartera de Martínez Anido tras el fallecimiento de éste en diciembre de ese mismo año.

Serrano Suñer había logrado escapar de las cárceles republicanas madrileñas y llegado a la zona nacional el 20 de febrero de 1937. Ya en Salamanca, participó codo con codo con el marido de la hermana de su mujer, el Caudillo, en la creación del Nuevo Estado hasta convertirse en el auténtico integrador del efervescente falangismo en el entramado nacional-militarista que sustentaba las acciones de su concuñado.

Sigamos con la alineación de aquel gabinete primigenio del franquismo.

Como forma de dar representación gubernamental al carlismo, Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno −más dócil que el ampliamente contrario a la política de Franco y anterior máximo dirigente carlista, Fal Conde− fue ministro de Justicia; y para hacer lo propio, el falangista Raimundo Fernández-Cuesta, responsable del Ministerio de Agricultura y de la Secretaría General del Movimiento, ocuparía uno de los huecos reservados al partido fundado por José Antonio Primo de Rivera; en tanto que el escritor y político Pedro Sainz Rodríguez fue el más relevante alfonsista en el ejecutivo franquista y se situaría como responsable del Ministerio de Instrucción Pública, que cambiaría bajo su mandato su nombre por el de Ministerio de Educación Nacional.

Ministro de Hacienda fue Andrés Amado Reygondaud −antigua mano derecha del asesinado y protomártir franquista José Calvo Sotelo−, que ya presidió la Comisión de Hacienda de la Junta Técnica. El ingeniero Alfonso Peña Boeuf disfrutaría por su parte del cargo de ministro de Obras Públicas, y sería de los pocos miembros del primer Consejo de Ministros franquista que no representaba a fuerza política ninguna, junto a Suances.

Por último, el ministro designado por Franco para los asuntos relacionados con el mundo del trabajo fue Pedro González-Bueno, como Amado Reygondaud dirigente del Bloque Nacional de Calvo Sotelo y más tarde, con la guerra ya empezada, sobrevenido falangista. Al frente del Ministerio de Organización y Acción Sindical, denominación momentánea del que tendría siempre la palabra Trabajo en su sintagma, González-Bueno sería el responsable de la redacción de la primera pieza del peculiar entramado constitucional del franquismo: el Fuero del Trabajo. Entramado que conformaría poco a poco las llamadas Leyes Fundamentales del franquismo.

En efecto, menos de dos meses después de la formación del primer Gobierno de Franco, el 9 de marzo de 1938, éste promulgó el Fuero del Trabajo, un texto legal corporativista que intentaba dotar de la ideología falangista a las relaciones sociales y económicas de forma que sirviera para modelar la política social y económica del régimen. El Fuero le daba carta de naturaleza al nacionalsindicalismo, es decir a la organización sindical del franquismo, si bien no sería hasta dos años después cuando se instituiría de forma explícita el sindicalismo vertical, propio de la autocracia del bando que ya había vencido en la Guerra Civil, por medio de dos normas: la Ley de Unidad Sindical, de 26 de enero de 1940, y la Ley de Bases de la Organización Sindical, de 6 de diciembre del mismo año. Lo que significaron el Fuero y la legislación que lo desarrollaba en los ámbitos de acción sindical fue la inclusión de todos los trabajadores españoles en un único sindicato integrado en el partido único del Movimiento Nacional, FET y de las JONS. Ni más ni menos. Aunque los ropajes son los del corporativismo parafascista, los del nacionalsindicalismo, Fernando García de Cortázar y José Manuel González Vesga no han dejado de ver en él, como otros autores, la legitimación de “las aspiraciones tradicionales del empresario español, dando la prioridad absoluta al desarrollo de la producción sobre la calidad de las relaciones laborales”. Añaden ambos autores: “en la práctica, el Fuero del Trabajo se transformó en el del capital”.

El mismo día en el que daba forma a su primer Gobierno en 39 años, el 30 de enero de aquel año 1938, Franco promulgó la Ley organizando la Administración Central del Estado, que venía a acabar con la provisionalidad meramente administrativa de la organización estatal fundamentada en la Junta Técnica; a instituir, a restituir de alguna manera mejor dicho, al Consejo de Ministros (aunque la Ley hablaba de Departamentos Ministeriales) como máximo órgano colegiado de gobierno hasta el punto de que éste acabó por ser a lo largo de todo el franquismo el “verdadero órgano de poder del régimen y la única institución con la que Franco contaría verdaderamente”, en palabras del historiador Juan Pablo Fusi; y, asimismo y sobre todo a otorgar al Caudillo el poder absoluto. El Consejo de Ministros fue para este historiador el “verdadero instrumento de gobierno” del general, en el cual los ministros contaban con una auténtica autonomía en el ejercicio de su cargo, autonomía por supuesto tutelada y pilotada con la máxima autoridad por el propio Franco, quien no dudará en sustituir a su antojo a quienes le causaran problemas. Los gobiernos del régimen fueron en definitiva gabinetes de concentración franquista en los que aparecían representados mejor o peor los intereses de los alzados en julio del 36 contra la legalidad republicana.

Así es, la Ley de 30 de enero de 1938 consignaba que “el Caudillo conservará el Mando supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire”, además de especificar que el presidente del Gobierno sería el jefe del Estado, para quien se reservaba además “la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general”. Difícil desligar la palabra dictadura de las palabras dictar y suprema potestad.

 

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José Luis Ibáñez Salas nació en 1963 en Madrid. Se licenció en Filosofía y Letras y se especializó en Historia Moderna y Contemporánea. Editor e historiador, fue el responsable del área de Historia de la Enciclopedia multimedia Encarta, ha dirigido la colección Breve Historia para Nowtilus y ahora es promotor de nuevos proyectos en Sílex ediciones. Asimismo, dirige la revista digital Anatomía de la Historia y es editor de Santillana Educación y socio fundador de Punto de Vista Editores. Su último libro en Sílex ediciones es El franquismo.

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