Las utopías pendientes: la larga marcha de las mujeres

Share Button

La editorial Crítica acaba de publicar Las utopías pendientes. Una breve historia del mundo desde 1945, una síntesis escrita por el historiador Xosé Manoel Núñez Seixas.

Anatomía de la Historia tiene el honor de reproducir el capítulo 5 de esta obra, titulado “La larga marcha de las mujeres”.

De Las utopías pendientes dice su propio autor que es “una visión panorámica de la evolución del mundo reciente, que traduce también [sus] preferencias temáticas y [sus] inquietudes, pero igualmente [su] experiencia como investigador y docente”.

 

La larga marcha de las mujeres

A finales de enero de 2015, tras ganar por margen suficiente las elecciones legislativas en Grecia, la coalición de izquierda radical Syriza, erigida en gran esperanza del retorno a la socialdemocracia clásica en la eurozona, anunciaba la constitución de su gabinete ministerial. La sorpresa entre la izquierda europea fue, sin embargo, mayúscula y la decepción inmediata: ni una sola mujer figuraba entre los ministros, y el porcentaje femenino entre los viceministros y secretarios de Estado era inferior al 15 por ciento. En el programa de la formación apenas figuraban cuestiones como la violencia de género o la conciliación de la vida familiar y profesional de la mujer.

Tales ausencias no habrían sorprendido a ningún observador entre las décadas de 1950 y 1970. En el primer gobierno laborista de Attlee (1945-1950) había una sola mujer entre veinte ministros. En el primer gabinete del socialdemócrata Willy Brandt (1969-1972), tampoco había presencia femenina. Y en el primer gobierno socialista presidido en España por Felipe González (1982-1986), también brillaban por su ausencia las mujeres. No obstante, entrado el siglo XXI, las cosas habían cambiado de modo sustancial: la igualdad ante la ley a todos los efectos, y la plena participación política y en la vida pública de la mitad de la humanidad, tradicionalmente excluida de ella hasta mediados del siglo XX, ha sido aceptada como un índice de normalidad y de desarrollo humano. Lo mismo se aplica a la presencia femenina en prácticamente todos los ámbitos de actividad laboral, el protagonismo público de las mujeres y su capacidad de decisión sobre su propia vida. Como ha afirmado Geoff Eley, si el siglo XX ha marcado un hito en algo, ha sido sin duda en los avances hacia una plena equiparación de mujeres y hombres en derechos y deberes, en presencia pública y acceso al mercado laboral.

No obstante, el avance se ha concentrado, sobre todo, en el período posterior a la II Guerra Mundial. Ha sido desigual según las áreas geográficas y culturales, las confesiones religiosas y los niveles de desarrollo socioeconómico imperantes en cada región del planeta. También ha estado sujeto a bruscas alteraciones a lo largo de la segunda mitad del siglo xx, y aun en el siglo xxi. Las mujeres musulmanas de la mundana Kabul o de regiones de Irak y Jordania fueron obligadas a perder derechos de un día para otro, cuando tomaron el poder los fundamentalistas islámicos; y en países de mayoría católica las mujeres también vieron cuestionados derechos adquiridos, como el de la libre interrupción del embarazo, cuando grupos ultraconservadores y confesionales impusieron sus criterios.

 

La conquista del voto

En los sistemas democráticos del mundo, el pleno derecho de la mujer a la participación política, a elegir y ser elegida, es hoy un hecho irreversible. También lo es la igualdad de derechos ante la ley, en materia civil y criminal, o en igualdades educativas. No lo es en apartados como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, la realización efectiva de esos derechos, y su traslación en una igualdad de oportunidades de hecho en el ámbito laboral, está lejos de haberse alcanzado a principios del siglo XXI. Los valores asociados a la masculinidad y la división tradicional de roles han sido dominantes en buena parte de las culturas hasta bien entrado el siglo XX. Esa división ha estado muy marcada por una visión patriarcal, según la cual la familia, considerada célula básica de la sociedad, ha de basarse en una pareja heterosexual, donde el hombre gestiona la esfera pública, los ingresos de la familia y la relación con el ámbito laboral y social; y la mujer, independientemente de que su trabajo, fuera de casa o en la propiedad familiar, aporte ingresos al grupo familiar, asume de forma preferente la gestión del ámbito privado, la familia y el cuidado del hogar. En las sociedades campesinas europeas y americanas las mujeres, sobre todo en ausencia del hombre emigrado, asumían también temporalmente roles protagonistas en la comunidad de referencia, en el mercado o en la obtención de recursos. Mas la representación de la familia burguesa tradicional ha sido la imperante en los diversos conservadurismos europeos y americanos, y en parte exportados a otros continentes.

Desde finales del siglo xix, el movimiento sufragista tuvo como motor fundamental a las mujeres burguesas y de clase media, y centró sus reivindicaciones en la obtención de plenos derechos de participación política. Los primeros Estados que reconocieron el sufragio femenino fueron Nueva Zelanda en 1893, y Australia del Sur en 1902. En Europa fueron los países nórdicos los adelantados: el Gran Ducado de Finlandia, aún dependiente del imperio zarista, en 1907, seguida de Noruega en 1913 y Dinamarca en 1915. La incorporación de la mujer al trabajo en la retaguardia durante la I Guerra Mundial y su mayor asunción de responsabilidades públicas contribuyó a que, en el período de entreguerras, el sufragio femenino fuese adoptado por la gran mayoría de los países europeos entre 1918 y 1939. Sólo Francia hasta el fin de la II Guerra Mundial, Italia (1946) y Suiza (1971, después de que un referéndum rechazase la ampliación del sufragio a las mujeres en 1959), además de Grecia (1930, con restricciones) constituyeron sonadas excepciones. Norteamérica, los dominios británicos, y buena parte de las repúblicas sudamericanas, empezando por Uruguay (1927) siguieron la ola.

En la segunda posguerra, el sufragio femenino se extendió a las repúblicas centroamericanas y caribeñas (incluyendo a Colombia y Venezuela), los países asiáticos ya soberanos, y la práctica totalidad de los nuevos Estados africanos y asiáticos independientes tras la descolonización. Algunos países de mayoría musulmana, como Jordania (1970), Irán (1963), Irak (1980) o Egipto (1956), estuvieron entre los que más tardaron en incorporarlo a sus ordenamientos jurídicos, mientras que otros, como Pakistán o Indonesia, lo asumieron plenamente desde su nacimiento como Estados en 1947 y 1949. A la altura de 2014, y además del caso peculiar del Vaticano, sólo Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Líbano contemplaban restricciones legales a la práctica del sufragio femenino.

El reconocimiento normativo en el ámbito internacional de la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres se incluyó de manera explícita en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada en 1948. Seis años más tarde entró en vigor la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, tras ser aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1952. En ella se explicitaba el derecho de las mujeres al voto y su acceso a cargos públicos, «en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna».

Desde 1945, con ritmos desiguales en Europa, América y el resto del mundo, las mujeres se incorporaron de modo progresivo a la vida política y profesional, trabajaron fuera del hogar, y reivindicaban sus derechos. El avance de los movimientos por los derechos humanos y de reivindicaciones específicas, como la lucha por el fin de la discriminación racial en EE. UU., influyeron en su desarrollo. El estatus social y político de las mujeres, y los éxitos y visibilidad de sus reivindicaciones y logros, dependieron de varios factores generales: el grado de desarrollo económico de sus sociedades, el contexto cultural y religioso, y su situación social.

 

Consumidoras y productoras

Durante la Guerra Fría, tanto el bloque capitalista como el comunista hicieron de la situación de la mujer en sus respectivos ámbitos un motivo de propaganda sociopolítica. En Norteamérica y Europa occidental se destacaba así no sólo la integración política de la mujer en los sistemas democráticos, sino también su creciente calidad de vida, gracias tanto a su incorporación al trabajo como, sobre todo, a las comodidades que la introducción de electrodomésticos, desde la lavadora al frigorífico, había supuesto en su actividad como ama de casa. La mujer era ahora, ante todo, consumidora activa y consciente, y formaba parte de una nueva «república de consumidores», en la que se destacaba el protagonismo femenino y se recordaba que, tras su participación activa en la producción durante la guerra mundial, ahora era deseable que la mujer retornase al hogar. El consumo se democratizaba, y las mujeres devenían en visitantes habituales de tiendas y supermercados, en lectoras de revistas de moda y en difusoras de las virtudes de la industria nacional. En Francia o en la RFA, el papel de la mujer como «consumidora racional» en la gestión de la economía doméstica se convertía en fundamento del crecimiento económico de los treinta gloriosos. Y como en Norteamérica, ese papel era presentado como un deber casi patriótico, además de como una garantía de estabilidad social.

Sin embargo, en Gran Bretaña o en EE. UU., tras la experiencia de la incorporación masiva al trabajo durante la II Guerra Mundial, muchas mujeres opusieron creciente resistencia a volver al hogar, como se les animaba en la propaganda oficial, cuando los hombres volvieron del frente. La postura masculina frente al trabajo femenino fuera de casa, aun después del matrimonio, también fue cambiando lentamente. La progresiva pérdida de relevancia del trabajo industrial y la expansión del sector servicios repercutió, además, de modo favorable en el aumento de la tasa de actividad femenina. En EE. UU., el porcentaje de las mujeres en la población activa pasó de representar el 25 por ciento en 1940 al 34 por ciento en 1964. En Francia, en el año 1968 trabajaban fuera de casa el 44 por ciento de las mujeres, aunque sólo el 34 por ciento de las que eran madres. En Dinamarca, un 78 por ciento de las mujeres en 1989 eran activas, en el Reino Unido un 68 por ciento, y en Suecia un 81 por ciento.

La extensión del trabajo a tiempo parcial constituyó en este sentido un impulso adicional. En 1991, un 30 por ciento de las mujeres alemanas trabajaba a tiempo parcial, y un 24 por ciento de las francesas. A pesar de la resistencia de los estereotipos tradicionales, en buena parte de Europa y Norteamérica las amas de casa pasaron a suponer menos de la mitad de las mujeres adultas, y su prestigio social decayó. Eso no suponía que su trabajo no tuviese relevancia en la productividad global, que algunos economistas estimarían para Europa occidental en un 4-5 por ciento del PIB, sino que su trabajo no se veía reconocido desde el punto de vista salarial.

El modelo de la familia heterosexual, en la que el hombre trabajaba y ganaba el sustento, y la mujer se concentraba en la esfera doméstica, todavía fue característico de las sociedades desarrolladas hasta los años setenta. En la RFA se hizo famoso el lema democristiano que asociaba a la mujer a las «tres K»: cocina (Küche), niños (Kinder) e Iglesia (Kirche). A partir de la primera crisis del petróleo, sin embargo, ese patrón empezó a sufrir importantes cambios. Por un lado, el desempleo masculino aumentó, y los salarios ya no permitían siempre mantener una familia con un sueldo; las mayores necesidades de consumo, y la ampliación de las expectativas laborales de la mujer, llevaron a que descendiese el porcentaje de la población ocupada masculina, mientras que aumentaba paulatinamente el de mujeres ocupadas. Muchos obreros o campesinos de Europa occidental y EE. UU. se convirtieron en parados, prejubilados o trabajadores eventuales; y la aportación de sus parejas se hizo imprescindible para el núcleo familiar. El número de familias en las que ambos miembros trabajaban aumentó de forma progresiva en las sociedades del capitalismo avanzado, y el ritmo se aceleró de forma especial en los últimos quince años del siglo XX. A principios del siglo XXI, sólo en los países mediterráneos de Europa, Luxemburgo e Irlanda seguía siendo mayoritario el modelo familiar de un solo sustentador, mientras que el trabajo de los dos cónyuges (ambos a tiempo completo, o uno de ellos a tiempo parcial) suponía en los países de Europa central y nórdica más de un 60 por ciento de los hogares con hijos.

En los países socialistas hasta 1989, por el contrario, se hacía bandera de la alta tasa de actividad de la población femenina, casi equiparada a la de los hombres, y de la contribución de las mujeres a la producción y la investigación. No se reservaba a la mujer un papel específico como consumidora. En las representaciones visuales del realismo socialista la mujer era, ante todo, una productora activa y consciente. Ya desde los años veinte el porcentaje de mujeres activas había crecido de forma significativa en la URSS, y durante la II Guerra Mundial, el papel de las mujeres en la retaguardia adquirió un papel predominante; y, aunque en mucha menor proporción que los hombres, en el Ejército Rojo también habían luchado en vanguardia, como partisanas o aviadoras. Aunque a menudo eran relegadas a puestos de trabajo inferiores, y tras 1945 fueron desplazadas de puestos directivos en fábricas y granjas colectivas, cuando los hombres retornaron del frente, el porcentaje de mujeres activas no sólo era superior al de Occidente, sino que se incrementó progresivamente. A mediados de los años sesenta, las mujeres representaban el 45 por ciento de la fuerza de trabajo en la industria. Y en 1963, la URSS se apuntó un tanto propagandístico al enviar la primera mujer astronauta al espacio, Valentina Tereshkova, veinte años antes que EE. UU. Provocó así un debate de alcance mundial acerca del papel de la mujer en el progreso tecnológico y las ciencias, pero también sobre la idoneidad de las mujeres para desempeñar oficios y funciones especialmente peligrosas en el ámbito militar.

Un proceso similar, y mucho más rápido por partir de tasas de actividad femeninas más bajas, tuvo lugar en otros Estados socialistas. En la RDA, el porcentaje femenino en la población activa era del 45 por ciento en 1960, y del 48 por ciento en 1970. Con todo, un sistema de guarderías estatales, muchas veces sostenidas en los propios centros de trabajo, compensaba esa situación. En los años ochenta, las tasas de ocupación de la población femenina en Europa del Este eran netamente superiores a las de Occidente, y alcanzaban en Hungría o Checoslovaquia el 60 por ciento. En 1975, la delegada cubana Vilma Espín, esposa del entonces ministro de Defensa Raúl Castro, afirmaba que Cuba había alcanzado en apenas tres lustros la plena equiparación de derechos y oportunidades educativas, sociales y laborales entre hombres y mujeres. Eso no significaba, empero, que en todos los países socialistas se hubiese alcanzado una igualdad efectiva en todos los ámbitos: las mujeres cobraban salarios inferiores, recibían peores puestos de trabajo y, además, los hombres no compartían las labores del hogar y el cuidado de los niños de forma paritaria.

El fin del socialismo real en Europa tras 1989 provocó el efecto contrario. Mientras la tasa de ocupación femenina aumentaba lenta pero progresivamente, alcanzando a principios del siglo xxi cuotas superiores al 70 por ciento en Suecia, y del 55 por ciento en la UE, la pérdida de puestos de trabajo, la incertidumbre económica y la descomposición del sistema estatal de guarderías llevó a un descenso acusado del porcentaje de mujeres activas en Europa del Este, que sólo remontó el vuelo a partir de 2005. En Polonia, donde además se reforzó la tendencia a una recatolización del papel tradicional de la mujer y se impusieron severas restricciones al aborto en 1993, la tasa descendió del 50 por ciento, y en la República Checa se situaba en el 55 por ciento. Durante una década se reforzó la percepción de que las mujeres habían sido las perdedoras del proceso de democratización en Europa oriental, hasta que las tasas de actividad se recuperaron en buena parte para las generaciones más jóvenes, cuyo destino ya no fue tanto el sector industrial como el sector servicios.

 

La lucha por la libertad sexual e individual

El nuevo feminismo de los años sesenta en Europa occidental y Norteamérica era en buena parte una reivindicación de mujeres cuya alta cualificación profesional no les eximía de enfrentarse a crecientes obstáculos, que se reproducían en cada uno de los niveles de la escala profesional. Para ellas, el problema no era ya tanto la igualdad de derechos políticos, como la libertad individual. Sus fundamentos teóricos fueron expuestos ya en 1949 por la filósofa francesa Simone de Beauvoir, cuya obra El segundo sexo se convirtió en un éxito de ventas y alcanzó gran difusión internacional en las tres décadas siguientes, además de provocar el escándalo del Vaticano por su crítica frontal al matrimonio y su defensa del aborto. Beauvoir analizaba desde los presupuestos teóricos del existencialismo los orígenes históricos y los argumentos culturales y religiosos de la discriminación de la mujer. Distinguía entre feminidad biológica y la construcción social de esa condición: no se nacía mujer, sino que las mujeres se hacían. La subyugación femenina se reproducía mediante la esclavitud sancionada por el matrimonio, que perpetuaría la dependencia económica de la mujer respecto al marido, y la ideología de la maternidad. Beauvoir establecía la necesidad de proceder a una crítica de ese papel social, que relegaba de forma permanente a la mujer a objeto pasivo, pero no activo, de su propia historia. Con ello, sentaba las bases para una crítica feminista de la sociedad moderna.

En un sentido semejante incidía la obra de la escritora norteamericana Betty Friedan La mística femenina (1963), que proclamaba el descontento de las mujeres por verse reducidas al papel de esposas y madres, cuando sus capacidades intelectuales las facultaban para asumir cualquier rol social y público. Dos años más tarde, dos activistas estudiantiles norteamericanas, Casey Hayden y Mary King, establecían en Sexo y casta un paralelismo entre la discriminación que sufrían los afroamericanos en una sociedad dominada por blancos, y la que padecían las mujeres en una sociedad controlada por hombres. Con ello, también planteaban un debate hasta entonces ausente en la Nueva Izquierda: ¿Hasta qué punto las reivindicaciones progresistas en Norteamérica y Europa, desde el movimiento por los derechos civiles a las protestas estudiantiles, reproducían los esquemas de dominación de género de sus oponentes?

La respuesta consistió a menudo en la fundación de organizaciones específicamente femeninas dentro de la izquierda estudiantil, lo que se extendería a los demás movimientos sociales de nuevo cuño, y alcanzaría plena difusión en la década de 1970. Surgieron así diversas revistas y órganos de difusión del nuevo feminismo, y en las universidades la desigualdad de género fue objeto de discusión académica. Al mismo tiempo, las reivindicaciones feministas se diversificaron, penetrando en distintos ámbitos políticos y culturales, y apuntaron a su vez en distintas direcciones: las reivindicaciones de las mujeres profesionales de clase media no eran las mismas que las de las mujeres obreras o campesinas, blancas o negras, comunistas o liberales. Y sus repertorios de protesta también se intensificaron y diversificaron: las feministas de Copenhague en 1971 lanzaron una campaña para pagar sólo el 80 por ciento de los billetes de autobús urbano, por ser ésa la proporción del salario medio femenino sobre el masculino; y las parisinas depositaron en la tumba del soldado desconocido una corona de flores dedicada a su mujer, que por él seguía esperando.

A partir de fines de los setenta, y como resultado de esa movilización, la gran mayoría de las organizaciones políticas de los países democráticos asumieron reivindicaciones del movimiento feminista. Hasta los partidos demócrata-cristianos, confesionales y fieles al postulado de la familia tradicional como célula fundamental del orden social y la continuidad histórica, adoptaron parte de ellas, en particular la plena equiparación de derechos políticos y la asunción de funciones sociales y representativas en pie de igualdad con los hombres. Si en los años sesenta ya había habido algunos precedentes de mujeres que ocupaban el puesto de primer ministro, en algunos casos mediante una transferencia de prestigio de sus maridos o padres, empezando por Sirimavo Bandaranaike (1960) en Sri Lanka, Indira Gandhi (1966) en la India, y Golda Meir (1969) en Israel, las dos últimas de orientación socialista o socialdemócrata, en 1979 también llegaría al poder una primera ministra conservadora en Gran Bretaña, Margaret Thatcher; y nueve años después en un país musulmán, la pakistaní Benazir Bhutto (1988).

Un nuevo frente de las reivindicaciones feministas fueron las cuestiones ligadas a la sexualidad y la reproducción. La comercialización de la píldora anticonceptiva a un coste cada vez más bajo a partir de 1960, seguida por otros métodos de fácil uso para las mujeres, como el dispositivo intrauterino, supuso una auténtica revolución sexual en los países desarrollados. Las mujeres podían ejercer ahora un mayor control sobre el proceso reproductivo, lo que no necesariamente suponía el fin de su explotación sexual. Aunque algunas feministas consideraban el coito una expresión de dominio masculino y temían que la píldora lo agravase, la mayoría de las mujeres norteamericanas y occidentales veían en la libertad sexual una plena equiparación de derechos con los hombres. Con ello, también se reforzaba el individualismo del nuevo feminismo, sobre el colectivismo imperante en la primera posguerra. El sexo recreativo pasaba a ser una parte inalienable de la libertad individual, como ya predicó el movimiento hippy y se reforzó en los años setenta. El progreso técnico liberaba a las mujeres de su rol ancestral de madres forzosas, y por tanto también cuestionaba las barreras morales y los valores tradicionales. Esto también suponía derribar las últimas barreras al requisito de que para el divorcio hubiese causas como adulterio o malos tratos, que aún persistían en algunos estados norteamericanos. Bastaba con el acuerdo amistoso entre las partes. Con todo, incluso en Europa occidental la ruptura del matrimonio civil tuvo dificultades para imponerse en algunos países de tradición católica, como Italia (1970, luego derogado y sometido a referéndum en 1974) o España (1981); en Irlanda, no se legalizaría hasta 1995, y en Malta habría de esperar nada menos que hasta 2011.

La igualdad de hombres y mujeres ante el Derecho Civil, empezando por la plena equiparación jurídica dentro del matrimonio, también se consolidó en la posguerra. En países como Gran Bretaña ya se había recogido tal principio en el período de entreguerras. En la RFA, la Ley de Igualdad de 1957 todavía incluía principios como la preeminencia paternal en el derecho de custodia o la definición específica del deber del marido a mantener a la familia, y a la mujer a cuidar de ella. En Francia no fue hasta 1965 que las mujeres fueron liberadas de la tutoría legal de sus maridos, y en 1970 se eliminó la figura jurídica del cabeza de familia; hasta 1985 no se estableció la plena igualdad de los cónyuges en la administración del patrimonio familiar. La autonomía jurídica de la mujer casada fue garantizada de forma progresiva por los códigos legales de Holanda, Irlanda y Bélgica a finales de los años cincuenta, y en los de Italia, Luxemburgo, España y Portugal casi quince años después. Finalmente, la tipificación del delito de violencia y maltrato domésticos, incluida la violación dentro del matrimonio, fue más tardía, y se extendió por los países desarrollados desde los años ochenta.

El derecho al aborto también se transformó en una reivindicación extendida en el movimiento feminista internacional a partir de los primeros años setenta. La gran mayoría de los Estados del mundo prohibían la interrupción voluntaria del embarazo, tipificándola como delito, o imponían severas restricciones a su práctica. Antes de esa fecha, el aborto sólo se había legalizado en el territorio ruso de la URSS en 1920 —con la esperanza de que, una vez despenalizado, su práctica desapareciese progresivamente, por ser visto como una lacra de la sociedad burguesa—, siendo abolido por Stalin en 1936 y restaurado en 1955. Asimismo, el aborto se había legalizado en Suecia (1938) para algunos supuestos, al igual que en Japón en la inmediata posguerra (1948). En Gran Bretaña la legalización llegó en 1968, en parte para poner orden en un caos legislativo anterior. En la mayoría de los países del bloque socialista, el derecho al aborto se extendió durante los años cincuenta y sesenta, desde Hungría (1953), Polonia (1956) y Rumanía (1957) hasta la RDA (1971). Con la excepción de Hungría y la RDA, el acceso de la población a los anticonceptivos estaba, paradójicamente, mucho menos generalizado que en Europa occidental. En algunos Estados con problemas acuciantes de crecimiento demográfico, como la India, también se sancionó el derecho al aborto como medida adicional de control de nacimientos en 1971.

Tras una intensa campaña de agitación en EE. UU. por parte de significadas activistas femeninas, como Gloria Steinem, en 1973 el Tribunal Supremo de aquel país, mediante la sentencia del caso Roe versus Wade, reconoció que el derecho a la privacidad o intimidad de la mujer amparaba su decisión o no de interrumpir un embarazo, y lo clasificaba como un derecho fundamental, derivado de la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense. Con ello, las leyes que penalizaban el aborto en los distintos estados de la unión fueron derogadas. En los años siguientes, tanto la Iglesia católica como varias organizaciones conservadoras de confesión evangélica desenvolvieron una intensa campaña publicitaria y presentaron recursos legales contra la decisión, llegando en algunas manifestaciones a las agresiones físicas y al asesinato contra médicos que practicaban abortos. Un aspecto fundamental del debate residía en la definición del momento de la gestación en que se podía considerar que al feto se le debían reconocer el derecho fundamental a la vida, si la decisión de la mujer debía ser libre, o si sólo en circunstancias de embarazos forzados (violación), graves malformaciones congénitas o riesgo para la vida de la madre se debía autorizar. Las posiciones variaban desde la radical negativa de las organizaciones confesionales y las Iglesias cristianas a despenalizar cualquier medida de interrupción, hasta la reivindicación del aborto libre, gratuito y amparado por los sistemas sanitarios públicos. Las posturas intermedias argumentaban de modo pragmático que los abortos clandestinos siempre existirían, con riesgos sanitarios, creando además una clara desigualdad de oportunidades entre mujeres con recursos y sin recursos, y una cierta frecuencia de infanticidios o abandonos infantiles.

El ejemplo norteamericano fue seguido en otros países de Europa occidental, como Dinamarca (1973). En la RFA, un grupo de activistas liderado por la periodista Alice Schwarzer declararon públicamente que habían abortado, violando así la ley alemana. El debate público que provocaron llevó a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en junio de 1974, si bien la batalla por la definición de los plazos legales y las condiciones de su autorización se prolongó hasta entrados los años noventa. En 1975, la Ley Veil legalizaba en Francia la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las doce primeras semanas de gestación.

A lo largo de la segunda mitad de la década se adoptaron medidas semejantes en la mayoría de los países europeos, aunque con ritmos más pausados allí donde la influencia católica era mayor. Holanda aplicó la primera ley del aborto en 1984; España sólo adoptó una ley de supuestos en 1985, ampliada en 2010; Bélgica hizo lo propio en 1990. En Suiza, un primer proyecto de legalización del aborto fue rechazado en referéndum en 1977, aunque fue tolerado en la práctica en varios supuestos, hasta que en 2002 un nuevo plebiscito se pronunció a favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En Portugal el aborto fue despenalizado en 2007; en Irlanda, sin embargo, es ilegal hasta hoy. La despenalización del aborto se extendió a la mayoría de los países del mundo, aunque en buena parte de ellos imperan leyes que limitan el derecho a la interrupción del embarazo en supuestos de violación, malformación grave o riesgo para la vida de la madre. En China, de modo similar a la India, el aborto se permitió como recurso de la política de control de natalidad desde finales de la década de 1970.

A pesar de las diferencias iniciales entre bloque del Este y Occidente, en las sociedades europeas se impuso desde 1989 una creciente homogeneización de la gama de modelos familiares y de reproducción. El número de uniones civiles y de hecho creció y se equiparó en varios países al de matrimonios, al igual que el porcentaje de hijos nacidos fuera del matrimonio. La línea divisoria más importante ya no era entre Este y Oeste, sino entre la Europa nórdica y central y la Europa mediterránea de tradición católica, más Irlanda. En 2007, un 55 por ciento de los niños nacidos en Suecia lo era fuera del matrimonio, frente a un 18 por ciento en Italia y un 5 por ciento en Grecia. Las formas de convivencia y de articulación de núcleos familiares se diversificaron, marcadas por un aumento del individualismo. Las biografías profesionales de hombres y mujeres tendieron a asemejarse, y la fundación de familias, así como el momento de la maternidad, a retrasarse y subordinarse no sólo a las expectativas económicas del contexto, sino también a las opciones profesionales individuales y a la oferta existente de políticas públicas de protección de la maternidad.

La reivindicación de la plena libertad de opciones sexuales también creció al amparo de las reivindicaciones feministas, y puso en evidencia las trabas legales que sufrían importantes segmentos de la población mundial para el pleno ejercicio de sus derechos civiles y la expresión sin trabas de su identidad sexual. A partir de sus primeros pasos en la década de 1960, durante los años setenta se extendieron y diversificaron desde un punto de vista organizativo los movimientos de homosexuales y lesbianas, cuyas reivindicaciones se centraron en la derogación de las disposiciones legales que en buena parte del mundo penalizaban la condición homosexual. Desde que Gran Bretaña despenalizó la homosexualidad masculina en 1967, a lo largo de las dos décadas siguientes se derogaron o modificaron en toda Europa occidental las leyes que contenían cláusulas discriminatorias o penalizadoras contra homosexuales y lesbianas, y en los años noventa la tendencia se extendió a Latinoamérica, buena parte de Asia y, en menor medida, África. También se tipificaron los derechos a la diferencia y al reconocimiento de las personas transexuales (que deciden cambiar de sexo) e intersexuales (que presentan características fenotípicas de ambos sexos). Con todo, en el año 2014, según datos de Amnistía Internacional, la homosexualidad seguía siendo ilegal en ochenta Estados (36 de ellos africanos, además de varios países musulmanes), y en diez de ellos estaba castigada con la pena de muerte, incluyendo Arabia Saudí o los Emiratos Árabes. En países como Nigeria o Uganda, las leyes que criminalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo incluso se han endurecido.

El amparo jurídico a escala planetaria del derecho a la libre orientación sexual, como elemento integrado en los derechos humanos, ha sido también tardío. En 1994, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que la prohibición y penalización de la homosexualidad vulneraba derechos fundamentales. No fue hasta el año 2008 que se desarrollaron, como parte integrante de la Declaración de los Derechos Humanos, una serie de principios básicos para garantizar los derechos de gays, lesbianas y personas transexuales (Principios de Yogyakarta), que no han sido asumidos por todos los Estados miembros. Por otro lado, en los países donde la homosexualidad es legal, persisten en la segunda década del siglo XXI fuertes diferencias en lo relativo al reconocimiento jurídico de las uniones entre personas del mismo sexo (como matrimonios igualitarios o uniones civiles), y su capacidad para adoptar hijos, generalmente reconocidas con diversas variantes en Europa occidental, central y nórdica, Canadá y numerosos estados de EE. UU., Brasil y el Cono Sur. Lo mismo se aplica a la admisión de homosexuales y lesbianas en las fuerzas armadas—en EE. UU. sólo fue posible desde 2010—, o la posibilidad legal de cambiar de sexo, vetada todavía en muchos países occidentales y americanos. En buena parte de Asia, China incluida, la homosexualidad es legal, pero no lo son las uniones civiles de parejas del mismo sexo. En Rusia, existen restricciones a la libertad de expresión y asociación de los homosexuales y transexuales. En la India, la homosexualidad es un delito, aunque en la práctica la ley no se aplica.

 

Igualdad de género y diferencia cultural

El feminismo internacional estaba dividido en la posguerra en dos grandes organizaciones, la Liga Internacional por la Paz y la Libertad de las Mujeres (Women’s International League for Peace and Freedom, WILF), que databa de 1915, con base sobre todo en EE. UU. y Europa occidental, que centraba sus demandas en la equiparación económica y cultural de la mujer con el hombre; y la Federación Democrática Internacional de las Mujeres (Women’s International Democratic Federation, WIDF), fundada en 1945 y cuyos miembros procedían, en su mayoría, de los países comunistas.

La ONU reaccionó de modo tardío al aumento de la visibilidad de las nuevas reivindicaciones feministas basadas en la libertad sexual. Declaró el año 1975 como Año Internacional de la Mujer, y patrocinó la celebración en México D.F. de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, con participación de un millar de delegadas oficiales y cerca de 5.000 representantes de organizaciones no gubernamentales, activistas sociales y políticas, líderes feministas y mujeres destacadas en numerosos campos de la vida pública. Mientras las delegadas de los países desarrollados se hicieron eco de cuestiones como el aborto y los derechos de las lesbianas, las de países subdesarrollados incidieron en la desigualdad económica y social, y su incidencia en la situación subordinada de las mujeres. Las resoluciones oficiales de la conferencia expresaron un compromiso entre ambas prioridades: los Estados del mundo debían promover la igualdad de trato y oportunidades a las mujeres en la esfera pública, y promover el desarrollo económico para eliminar las desigualdades sociales y la persistente discriminación laboral que seguían afectando a las mujeres en buena parte del planeta. En las conferencias internacionales que se celebraron en los lustros siguientes (Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; Pekín, 1995) las posiciones de las feministas de los países desarrollados, emergentes y del Tercer Mundo se aproximaron de forma progresiva, pasando de un «hermanamiento romántico» a una solidaridad «estratégica». A finales del siglo xx, existía un mayor consenso acerca de la relación entre pobreza, desigualdad social y de género, que en buena parte traducía también el mayor peso de los países de la antigua periferia, desde China a la India o África.

Para las portavoces de la igualdad de género en Europa occidental o Norteamérica, la lucha por la igualdad de oportunidades pasaba por garantizar ayudas estatales a la maternidad, la provisión de plazas públicas de educación infantil, la posibilidad de permisos maternales y paternales remunerados para el cuidado de los hijos, o las medidas de discriminación positiva y acción afirmativa, inspiradas en parte en el movimiento norteamericano por los derechos civiles, garantizando que porcentajes determinados de puestos públicos fuesen cubiertos por mujeres, o que en caso de igualdad de méritos se premiase al género estructuralmente más desfavorecido. Ese tipo de medidas, primero aplicadas en la Europa nórdica y central, se han generalizado a buena parte de los países desarrollados, despertando no poca oposición por parte de los sectores más tradicionalistas; igualmente, se han extendido al ámbito de las políticas de promoción de las iniciativas empresariales de las mujeres, su acceso al crédito, o la prevención y persecución rigurosa del hostigamiento y acoso sexual en el trabajo.

En determinadas ámbitos laborales ha sido posible implantar esas medidas de acción afirmativa, como en el sector público en general, en el que desde 1980 el número de mujeres empleadas aumentó de forma exponencial, y dentro de él de modo particular en áreas como la enseñanza primaria y secundaria o el secretariado. Sin embargo, en el sector privado de las economías desarrolladas se ha consolidado de modo persistente una suerte de mercado laboral segmentado. En su seno, los hombres acaparan los puestos mejores y mejor pagados, y las mujeres los de peor cualificación, tienen más dificultades para ascender, y sufren discriminación latente por el peso de los prejuicios, asociados a expectativas laborales diferenciadas según el género. En 1989, los salarios de las trabajadoras industriales británicas eran el 68 por ciento del de los hombres; la proporción en Portugal era del 83 por ciento. Aun en las sociedades más tolerantes en materia de igualdad de género persisten estereotipos fuertemente implantados acerca de la idoneidad de las mujeres para determinados trabajos, y su falta de adecuación o capacidad para otros, bien por requerir trabajo físico o aptitudes de mando, bien por exigir una dedicación horaria plena.

Por otro lado, en las sociedades donde la igualdad de oportunidades entre sexos ha alcanzado cotas más altas, como Suecia, desde finales del siglo XX se ha advertido un paulatino cambio de tendencia: el aumento de la fertilidad ha ido acompañado de un incremento de la ocupación femenina a tiempo parcial, cimentando el modelo de familia donde un miembro trabaja a tiempo completo y otro, por lo general la mujer, a tiempo parcial, para poder dedicar más horas al cuidado de la familia. A principios del siglo xxi, este modelo ya era mayoritario en países como Holanda, llegaba al 40 por ciento en el Reino Unido, y casi un tercio de las familias con hijos en Alemania.

Además, en los países más pobres, particularmente en África, pero también en amplias zonas de Asia y Latinoamérica, la creciente globalización, por un lado, y las medidas de ajuste económico impuestas por el FMI, por otro, habían generado retrocesos considerables en la calidad de vida de las mujeres. Sus puestos de trabajo habían desaparecido, su acceso a posibilidades de educación y formación profesional se veía obstaculizado permanentemente, y buena parte de los trabajos que desempeñaban, hasta un 75 por ciento, no estaban retribuidos. Las mujeres cargaban a menudo con pesados trabajos físicos y con la tarea de alimentar a sus familias, mientras sus maridos emigraban a las ciudades o al extranjero en busca de trabajo. Además, en sociedades de fuerte tradición patriarcal las crisis económicas y la escasez penalizaban sobre todo a las mujeres. Estas, en buena parte campesinas, seguían sin tener derecho a poseer tierras o a arrendarlas. La reducción de subsidios o prestaciones por parte del Estado en ámbitos como la sanidad o la educación empeoraba aún más su situación.

Las reivindicaciones feministas en los países en vías de desarrollo no sólo se centraban, por tanto, en la liberación personal o sexual, sino que vincularon su causa a la lucha contra el atraso socioeconómico. Aunque en varios países, como la India, sus movimientos y organizaciones tendían a subordinarse a las prioridades establecidas por los movimientos de liberación nacional, también se registraron críticas frontales al patriarcalismo de las sociedades tradicionales. Una de las principales líderes feministas egipcias, la médica y escritora Nawal el Saadawi, causó gran revuelo con su libro Las mujeres y el sexo en 1972, donde denunciaba la práctica de la ablación genital en las zonas rurales del país, y consideraba a la religión como un agente opresor de la mujer, particularmente en las sociedades musulmanas. El Saadawi marcó la pauta que seguirían las estrategias feministas en el Tercer Mundo: el énfasis en situaciones concretas, dependientes de contextos culturales específicos, y su relación con cuestiones étnicas y de clase, presentando sus objetivos de forma integrada con reivindicaciones sociales y culturales, desde el indigenismo a la lucha contra la pervivencia del sistema de castas o contra el apartheid sudafricano… Las feministas en Kenia se integraron así en las comunidades rurales y se ocuparon de la solución de los problemas de las mujeres para compatibilizar cuidado de los niños, búsqueda de alimentos y lucha contra la pobreza. En buena parte de Latinoamérica, las feministas desarrollaron su actividad de forma conjunta con los sindicatos, y se centraron en la mejora de las condiciones de trabajo extradoméstico, exigiendo mejores sueldos y menores jornadas de trabajo, así como una profundización de los derechos de participación política de la mujer.

Con todo, a finales del siglo XX, en numerosos Estados africanos y asiáticos persistían restricciones en sus legislaciones civiles para el disfrute de los derechos de propiedad de las mujeres, y sólo desde la Conferencia de Pekín de 1995 países como Bolivia, Malasia, Nepal, la República Dominicana, Uganda o Tanzania promulgaron leyes que corregían la discriminación vigente. En Mongolia, hubo que esperar a 1999 para que su Código Civil y de Familia reconociese la igualdad de los derechos de la mujer a heredar, explotar la tierra o poseer ganado. Por las mismas fechas, la República de Armenia adoptó una legislación similar. Pero también en países europeos, como Albania, hasta 1998 no se recogió la igualdad entre hombres y mujeres en su Constitución.

De esas diferencias de enfoque también surgían a menudo agrias disputas en los foros internacionales acerca de cuestiones como la mutilación sexual femenina en varios países de África y Oriente Medio, y la forma de abordarla. El movimiento feminista occidental, desde la publicación en 1979 del Informe Hosken, estableció la erradicación de esa práctica inhumana como un objetivo fundamental a escala mundial. Empero, las feministas de países islámicos y africanos, aun compartiendo la condena, eran de la opinión de que el enfoque de la lacra de la ablación por parte occidental dejaba de lado importantes cuestiones de fondo, como la explotación económica de las mujeres en el Tercer Mundo por el neocolonialismo, y reflejaba un sentimiento de superioridad occidental frente a las culturas musulmanas o africanas, vistas de forma indiferenciada como atrasadas y propensas a la barbarie. Si la distinción de sexos era una construcción social de las diferencias biológicas, sus modalidades dependían de los contextos sociales y culturales en que se formulaban; y, por tanto, las soluciones también debían ser distintas. La concepción occidental de la situación de la mujer en el Tercer Mundo reflejaría, según la socióloga y teórica india de las relaciones de género Chandra Mohanty, una representación tardía del otro de origen colonial.

Como efecto colateral de esa percepción diferenciada, se pueden recordar las controversias acerca de la práctica del uso del velo por las mujeres en los países musulmanes, en diferentes formas y variantes (desde el burka, que cubre todo el cuerpo incluida la cara, hasta el hiyab o el chador, que dejan la cara descubierta, o el nicab, que cubre el rostro). Era una práctica propia de muchas sociedades tradicionales, también cristianas, y que en parte fue reactivada desde los años setenta en varias sociedades de mayoría musulmana. Mientras buena parte de la opinión pública occidental consideraba el velo un símbolo de opresión masculina, y una forma de someter a la mujer a una humillación en el espacio público, muchas feministas musulmanas defendían el uso opcional y voluntario del velo, a menudo contemplado como una tradición cultural no necesariamente ligada a un significado religioso, y situaban la práctica en su contexto social específico. Para numerosas mujeres musulmanas, la vuelta al velo supondría simplemente una reafirmación de su identidad cultural frente al influjo occidental, y era compatible con la adopción de la modernidad, su libertad personal y sexual y su plena integración sociolaboral.

La polémica alcanzó gran relevancia mediática en Francia desde 1989, cuando tres alumnas de origen inmigrante en una escuela secundaria de la periferia parisina fueron expulsadas por negarse a dejar de cubrirse la cabeza. La reacción de la comunidad inmigrante musulmana, y de destacados intelectuales de izquierda, obligó al Gobierno de Mitterrand a dar marcha atrás. No obstante, los términos de la discusión estaban sobre la mesa: ¿Debían aceptarse, al menos, algunos de los tipos de velo tradicional como manifestaciones culturales, y tolerarse siempre que su uso fuese voluntario? ¿O debía prevalecer el principio republicano de igualdad de hombres y mujeres, y por tanto de no discriminación simbólica en la esfera pública? El debate se vinculaba así al dilema entre pluralismo cultural y asimilación de los inmigrantes, por un lado, y a la afirmación de los derechos individuales, por otro. Como cualquier símbolo, el velo estaba sujeto a interpretaciones muy divergentes. Si se imponía por decreto, como sucedía con los talibanes en Afganistán, la práctica devenía en símbolo de opresión femenina. Si se prohibía por decreto, su uso podía transformarse en un símbolo de libertad y afirmación cultural.


Share Button

Participa en la discusión

  • (no será publicado)