El golpe de Estado del 23-F

Share Button

“El truco más grande que el diablo jamás hizo fue convencer al mundo de que no existía”.

Charles Baudelaire

 

En enero de 1982, salió a la venta una novela bajo el título Claves de un día de febrero. Su autor, el periodista falangista Antonio Izquierdo –entonces director del diario El Alcázar– intentaba justificar el golpe de Estado del 23-F a partir de la situación de desgobierno e inestabilidad existente en España desde la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno el 29 de enero de 1981.

Si bien su tesis no tuvo éxito, ya que el proceso contra los principales protagonistas de la operación golpista demostró que sus contactos conspirativos eran anteriores a esa fecha, si quedó para la posterioridad la idea de que el golpe de Estado fue consecuencia de la crisis que azotaba a España desde el año 1979. Pero no fue así. La historia del 23-F comienza antes, mucho antes… cuando Suárez fue elegido jefe del ejecutivo el 3 de julio de 1976.

 

El primer Gobierno de Suárez (1976-1977)

La elección de Suárez como presidente del Gobierno fue muy bien recibida por los franquistas, y produjo una gran desilusión entre los demócratas. También significó la llegada al poder de la llamada “Tercera Generación del Movimiento”, y más concretamente del grupo denominado “generación del Príncipe”, integrado por jóvenes falangistas escasamente ideologizados –Rodolfo Martín Villa, Gabriel Cisneros, Fernando Abril Martorell, etc.–. Este grupo, conocido como los azules, junto con los democristianos moderados, conformaría el nuevo Gobierno y dirigiría el proceso de transición a la democracia; desplazando del liderazgo político a las otras dos generaciones del Movimiento Nacional –la formada por los que habían combatido en la guerra civil, y la de los nacidos en los años veinte del siglo XX–, que hasta entonces habían constituido la base de la élite dirigente franquista. Este proceso también tuvo su correlato en la izquierda, donde Felipe González se impondría electoralmente a políticos veteranos como Santiago Carrillo o Enrique Tierno Galván.

En este primer periodo de Gobierno de Suárez, que abarcaría hasta la celebración de las primeras elecciones legislativas, se pusieron las bases de la transición a la democracia; distinguiéndose dos momentos. El primero, que abarcó de julio a noviembre de 1976, estuvo definido por la búsqueda del apoyo de la élite franquista, tanto civil como militar. El segundo, desde diciembre hasta las elecciones del 15 de junio de 1977, vino marcado porque el presidente del Gobierno decidió romper con los sectores más conservadores de esa élite, para dotarse de una legitimidad democrática, que le permitiera triunfar en las elecciones legislativas que se iban a convocar para poder seguir controlando el proceso de cambio político.

Así, en el primer periodo de su Gobierno, Suárez actuó desde el primer momento de acuerdo con la legitimidad de origen que le daba su elección por el jefe del Estado. Pero, esa legitimidad no era suficiente para iniciar el proceso de cambio; ya que no toda la élite franquista era monárquica. De hecho, necesitaba un segundo apoyo si quería sacar adelante su proyecto, y por exclusión, sólo podía ser el de la institución que era el poder constituyente y garante del Estado franquista: las Fuerzas Armadas. De ahí que el presidente del Gobierno decidiera entrevistarse con los principales mandos de los tres Ejércitos el 8 de septiembre de 1976, en el edificio de Presidencia del Gobierno. El objetivo de Suárez era presentar su proyecto de reforma a la élite militar, con objeto de conseguir al menos su no oposición al mismo. Y lo consiguió. Los militares aceptaron que se estableciera un régimen democrático en España; pero, también obtuvieron la promesa de que el Partido Comunista de España (PCE) –el gran enemigo del franquismo– no sería legalizado.

Con esta doble legitimidad de origen, la que le daba el rey y las Fuerzas Armadas, Suárez pudo poner en marcha su proyecto de reforma, que precisaba, no obstante, de una tercera legitimidad, la de ejercicio, plasmada en la célebre frase «de la Ley a la Ley», de Torcuato Fernández-Miranda, que se concretaría en la Ley para la Reforma Política (LRP), el instrumento que permitió modificar –desde la legalidad– el sistema constitucional franquista, y abrir paso a un nuevo proceso constituyente. No hay duda que el apoyo de los Ejércitos fue clave para que las cortes franquistas apoyaran esta norma, ya que a los procuradores les resultaba muy difícil oponerse a los deseos de las Fuerzas Armadas, como reconocieron dos de los políticos franquistas conservadores más importantes, el democristiano Federico Silva Muñoz y Gonzalo Fernández de la Mora. Además, el apoyo militar también era una garantía de que la reforma discurriría por unos cauces aceptables.

Tras la aprobación de la LRP por las Cortes el 18 de noviembre de 1976, ratificada mayoritariamente mediante referéndum popular el 15 de diciembre de 1977 –lo que supuso un triunfo sobre la oposición que había pedido la abstención–, Suárez decidió sustituir la legitimidad de origen franquista por una de ejercicio democrática, inaugurando así el segundo periodo de su primera etapa de gobierno. Para lograr este objetivo, tomó dos vías. La primera, mejorar su imagen ante la oposición democrática y el pueblo español, manteniendo una serie de reuniones con los líderes de la misma; facilitando los trámites para la inscripción de partidos políticos, y aprobando una ley de amnistía. La segunda, iniciar la destrucción del poder militar, ya que desde el primer momento estuvo convencido de que el establecimiento de un sistema democrático en España sólo sería posible, si desaparecía el papel de las Fuerzas Armadas en la vida política del país.

Para lograr este objetivo, iba a contar con el apoyo el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado –sustituto de De Santiago a partir del 23 de septiembre de 1976 en la Vicepresidencia del Gobierno para Asuntos de la Defensa–, que sería el gran protagonista militar de la Transición.

El objetivo fundamental que persiguió este militar fue acabar con el poder político de las Fuerzas Armadas, lo que implicaba también destruir la unidad que existía en su élite. Para lograrlo, iba a poner en marcha una nueva política de ascensos –que sería la clave de toda la reforma militar–, donde los criterios objetivos utilizados hasta entonces –antigüedad y hoja de servicios– serían sustituidos por otros subjetivos –lealtad a la política reformista del Gobierno–.

La consecuencia de este cambio sería que el alto mando de las Fuerzas Armadas –especialmente el del Ejército de Tierra– perdiera su unidad corporativa, rompiéndose así la posibilidad de una intervención institucional de las Fuerzas Armadas en el proceso político. La primera manifestación de esta política tendría lugar poco después de la aprobación de la LRP.

El entonces general de división Jaime Milans del Bosch y Ussía, considerado uno de los militares más prestigiosos del Ejército, pero también uno de los más reacios al proceso de cambio político, fue postergado en su ascenso al empleo de teniente general por Antonio Ibáñez Freire, más moderno que él, pero de total confianza de Gutiérrez Mellado. Este hecho provocó una fuerte tensión entre Milans del Bosch y el vicepresidente del Gobierno que obligó a intervenir al propio jefe del Estado.

No obstante, el acontecimiento clave de este proceso en este primer Gobierno de Suárez, sería la legalización del Partido Comunista de España (PCE), el 9 de abril, donde no se tuvo en cuenta la opinión de los ministros militares, y donde, a pesar de las tensiones militares que este acontecimiento produjo, se demostró que la élite de las Fuerzas Armadas, y más concretamente del Ejército de Tierra, había perdido su cohesión interna –gracias a la política de ascensos de Gutiérrez Mellado–, lo que le impidió actuar corporativamente para oponerse a la decisión del presidente del Gobierno.

La legalización del PCE significó sobre todo que Suárez estaba dispuesto a establecer una democracia plena en España. Pero, también la ruptura con la élite política, económica y militar más conservadora, que hasta entonces había pensado que el presidente del Gobierno se limitaría a establecer una democracia limitada y controlada. No obstante, confiaban en que los días de Suárez al frente del ejecutivo estaban contados. El partido que la representaba, Alianza Popular (AP), donde –bajo el liderazgo de Manuel Fraga Iribarne– se agrupaban la mayoría de las “familias” franquistas, iba a ganar las elecciones convocadas para el 14 de junio de 1977, con el voto del llamado “franquismo sociológico”.

 

El inicio de la “Transición paralela” (1977-1978)

El resultado de las primeras elecciones legislativas resultó una sorpresa, especialmente para la élite franquista. La Unión de Centro Democrático (UCD), liderada por Suárez, obtuvo el 34% de los sufragios y 164 escaños, mientras que AP tuvo que conformarse con el 8% de los votos y 16 escaños. Es cierto que ambos partidos, liderados por la élite política franquista, habían obtenido la mayoría absoluta de los votos y podían conformar la “mayoría natural” a la que apelaba Fraga para dirigir el proceso de elaboración de la nueva constitución que ahora se iniciaba. Sin embargo, Suárez –reelegido presidente del Gobierno– optó por el “consenso” como vía para redactar la nueva carta magna, imposibilitando así que fuera la élite franquista la que controlara unilateralmente el proceso.

La decisión de Suárez, que hacía irreversible el establecimiento de una democracia plena en España, alertó a una élite que temía perder sus privilegios. Así, a partir del verano de 1977, un sector de la misma –bajo el liderazgo de Luis María Ansón, presidente de la Agencia Efe y con Laureano López Rodó como cabeza jurídica del proyecto– inició un proceso que denominamos “Transición Paralela” y cuyo objetivo era derribar a Suárez de la Presidencia del Gobierno. Para lograrlo, pusieron en marcha dos planes.

El primero conocido como Plan A u Operación Golpe de Timón, por el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), tuvo su origen en un almuerzo que Ansón organizó en la sede de la Agencia Efe el 10 de octubre de 1977. Junto a Anson, se sentaron en la mesa algunos de los miembros de la élite política y empresarial conservadora más importantes del momento como Juan Miguel Villar Mir, miembro del Opus Dei, ministro de Hacienda con Arias Navarro y empresario; Luís Valls y Taverner, también  del Opus Dei, y presidente del Banco Popular; Alfonso Escámez y Jaime Carvajal, banqueros; Federico Silva Muñoz, político democristiano conservador y antiguo ministro de Obras Públicas de Franco; Carlos Pérez de Bricio, otro miembro del Opus Dei, ex ministro de industria con Franco y empresario, y el empresario Max Mazin.

El objetivo de la reunión era discutir la sustitución de Suárez por un independiente. Los nombres que se barajaron pertenecían todos a la derecha conservadora. El mejor posicionado era Villar Mir; pero también se discutieron los nombres de Pérez de Bricio, Escámez, y José María López de Letona y Gregorio López Bravo –ex ministros de Franco y miembro también del Opus Dei–. Este plan se debería haber puesto en marcha en las navidades de 1977, según el propio testimonio de Ansón. Sin embargo, fracasó porque Suárez, que contaba con el apoyo del rey, no se planteó dimitir.

Fracasada esta operación, se puso en marcha el Plan B, que consistía en sustituir a Gutiérrez Mellado en la Vicepresidencia del Gobierno, por un civil de ideología conservadora que “sería una alternativa al presidente del Gobierno en caso de que el deterioro de la situación nacional fuera muy grave, hipótesis no probable, pero sí muy peligrosa, que habría que tener prevista” como así explicóAnsón al comandante de Ingeniero Juan María de Peñaranda, miembro del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Es decir, lo que realmente se buscaba era una sustituir a Suárez por otra vía. La figura elegida para encabezar esta operación fue López Bravo, un político de personalidad muy brillante, con excelentes relaciones en Estados Unidos y El Vaticano, y lo que era más importante, que había formado parte de la terna, junto al propio Suárez y Silva Muñoz, que el Consejo del Reino había elaborado para sustituir a Carlos Arias Navarro tras su cese el 1 de julio de 1976. Tenía por tanto la legitimidad de origen de las instituciones franquistas. Otros nombres que también se manejaron fueron los de Villar Mir, Alberto Monreal Luque, López de Letona o Antonio Barrera de Irimo, todos ellos muy conservadores.

Esta operación estuvo a punto de triunfar, como así lo atestiguó otro de los promotores de la misma, el entonces general de brigada de Artillería Álvaro de Lacalle Leloup. De hecho, López Bravo, que ya se consideraba vicepresidente del Gobierno, concediendo una entrevista al diario monárquico ABC, publicada el 24 de enero de 1979, explicando su proyecto para las Fuerzas Armadas, que incluía la entrada en la OTAN. Sin embargo, Suárez la frenó en seco, haciéndola inviable.

El fracaso de ambos planes coincidió con la convocatoria de nuevas elecciones legislativas el 1 de marzo de 1979.

 

La Solución Armada (1979-1981)

Tras el referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978, y la celebración de las nuevas elecciones, donde volvió a triunfar la UCD obteniendo 168 escaños.

 

Las causas

A raíz de esos nuevos comicios, no sólo finalizó la etapa de “consenso”, sino que se abrió un periodo de crisis, cuyos aspectos más destacados fueron:

  • La crisis política derivada de tres hechos de gran importancia. El primero era la inestabilidad de la UCD, el partido que bajo el liderazgo de Suárez había dirigido el proceso de transición a la democracia. El segundo, la falta de un proyecto político sólido en el principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como se demostró en su moción de censura contra el gobierno, el 21 de mayo de 1980, que no obtuvo mayoría parlamentaria. Y el tercero, la radicalización del nacionalismo periférico, especialmente el vasco, que tuvo su manifestación en dos hechos de gran impacto en la opinión pública: Las visitas del presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y del rey Juan Carlos I, que en el primer caso se saldó con una ausencia de los honores correspondientes a su cargo, y en el segundo, ya dimitido Suárez, con un grave incidente en la Casa de Juntas de Guernica (Vizcaya).
  • La agudización de la crisis económica como consecuencia de la revolución islámica de Irán (1979), que produjo un aumento del precio del petróleo, lo que derivó en un espectacular aumento del desempleo que alcanzó en 1981, la cifra de 1.566.200 personas, y en un incremento de los conflictos sociales.
  • El aumento de la escalada terrorista, que se centró especialmente en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Orden Público, y que iba a alcanzar en el bienio 1979-1980, su máxima virulencia, con 105 muertos en 1979 -76 provocados por Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y 31 por el Grupo Revolucionario Armado Primero de Octubre (GRAPO)- y 98 en 1980 -92 de ETA y 6 del GRAPO.

Estos procesos estuvieron en el origen del golpe de Estado del 23-F. No obstante, para que esta operación tuviera lugar, fue necesario que se añadiera un sexto: un proyecto político alternativo al que había puesto en marcha Suárez y la UCD, que se plasmó en la resurrección del Plan A o Golpe de Timón.

 

El diseño de la operación golpista

En el otoño de 1979, y con la Constitución ya en vigor, los planificadores de estas operaciones, convencidos de que la situación de crisis que vivía España podría derivar en un golpe de Estado, decidieron modificar su diseño inicial, ya que ahora iba a estar encabezada por un militar: el general Armada, entonces gobernador militar de Lérida, antiguo secretario del rey y hombre de gran prestigio en los medios conservadores. Este militar, de acuerdo con el nuevo diseño, se convertiría en presidente de un gobierno de concentración nacional, del que formarían parte todos los partidos políticos del arco parlamentario –incluyendo PSOE y PCE–, salvo los de ideología nacionalista. El programa político de este ejecutivo tenía cuatro objetivos:

  • Poner fin a la inestabilidad política existente, derivada de la crisis de la UCD, que llevaría –entre otras razones– a la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno el 29 de enero de 1980.
  • Acabar con el desafío nacionalista, modificando la constitución, para reducir las competencias de las comunidades autónomas. Sobre esta reforma, se elaboró un informe que Armada entregó personalmente en el palacio de la Zarzuela. Su autor fue seguramente el constitucionalista Carlos ollero, como ha reconocido Ansón.
  • Acabar con el terrorismo de ETA y del GRAPO, causa fundamental del malestar militar.
  • Hacer frente a la crisis económica.

Esta operación, conocida inicialmente como Golpe de Timón, y posteriormente como Operación De Gaulle, y especialmente como Solución Armada, por el apellido del general que debía convertirse en el futuro presidente del gobierno, se diseñó en dos variantes, ambas encabezadas por dicho general. La primera, de carácter constitucional, consistía en llevarle a la Presidencia del Gobierno por medios legales, es decir, como líder de un gobierno de concentración nacional que incluyese a miembros de todos los partidos políticos importantes, pero también a técnicos de gran prestigio. Para ello se utilizaría el mecanismo de la moción de censura como Armada explicó a Milans del Bosch en una de las reuniones que sostuvieron. La segunda, que denominamos psudoconstitucional, consistía en crear una “situación de excepcionalidad”, que obligase a los líderes políticos a elegir a un nuevo presidente del gobierno, que lideraría también un ejecutivo de concentración nacional. Fue esta variante, bajo la forma de golpe de Estado –ataque directo al poder ejecutivo-, la que se puso en marcha el 23 de febrero de 1981.

 

La fase constitucional de la Solución Armada

Los planificadores de la Solución Armada siempre consideraron la variante constitucional como su primera opción por ser la más sencilla de poner en marcha y la menos traumática para el país. Para culminarla con éxito se plantearon conseguir cinco apoyos fundamentales:

  • El del Jefe del Estado. Tenemos los testimonios de tres personajes comprometidos en la operación –el teniente general José Ramón Pardo de Santayana y Coloma, del propio Armada y de Juan de Arespacochaga, antiguo alcalde de Madrid- que afirmaron que el Rey conocía la operación y no se opuso a ella.
  • El de los empresarios. Algunos de los miembros más importantes de la clase empresarial habían participado en las operaciones cuya finalidad era sustituir a Suárez desde el primer momento como Villar Mir, Carlos Ferrer Salat, o Carlos March. Como consecuencia de ese apoyo, en el gabinete virtual de Armada los empresarios iban a ocupar dos carteras. La vicepresidencia del gobierno para asuntos económicos, en manos de López de Letona. Y el ministerio de comercio, para errer Salat.

 

  • El de los partidos políticos. Durante el año 1980, los diferentes grupos políticos pusieron en marcha operaciones cuyo objeto era derribar a Suárez. Estas operaciones aparecen recogidas en el documento titulado Panorámica de las operaciones en marcha, fechado en noviembre de 1989. Armada precisaba subsumir todas estas operaciones en la suya, si quería culminarla con éxito, ya que necesitaba el apoyo de los partidos políticos para forzar la moción de censura contra Suárez y para integrar su gabinete de concentración nacional. Para alcanzar este objetivo, utilizó dos mecanismos. El primero fue entrevistase con los principales líderes políticos del país, y el segundo utilizar la prensa de extrema derecha, especialmente El Alcázar y El Heraldo Español, para crear una psicosis golpista entre la clase política española. Labor que fue realizada por el comandante de Infantería diplomado de Estado Mayor José Luis Cortina Prieto, jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, y uno de los colaboradores más estrechos de Armada. Como consecuencia de ambos hechos, Armada creyó contar con el apoyo de los partidos políticos, cuyos principales líderes aparecieron en su gabinete virtual:Vicepresidente para Asuntos Políticos: Felipe González. PSOE.Ministro de Asuntos Exteriores: José María de Areilza. Coalición Democrática (CD).Ministro de Defensa: Manuel Fraga Iribarne. Coalición Democrática (CD).Ministro de Justicia: Gregorio Peces Barba.

    Ministro de Hacienda: Pío Cabanillas. UCD

    Ministro de Obras Públicas: José Luís Álvarez. UCD

    Ministro de Educación y Ciencia: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. UCD

    Ministro de Trabajo: Jorge Solé Tura. PCE

    Ministro de Industria: Agustín Rodríguez Sahagún. UCD

    Ministro de Cultura: Antonio Garrigues Walker. UCD

    Ministro de Economía: Ramón Tamames. PCE

    Ministro de Sanidad: Enrique Múgica Herzog. PSOE

    Ministro de Transportes y Comunicaciones: Javier Solana. PSOE

De este gabinete y de estos contactos, sería puntualmente el Jefe del Estado, como así lo reconoce el general Fernández Campos.

 

  • El de las Fuerzas Armadas. En este ámbito también se estaban gestando operaciones golpistas cuyo objetivo era cambiar el sistema político español. Estas operaciones eran tres: La de los Coroneles, cuyo líder espiritual era el coronel de Artillería José Ignacio San Martín López; la de los Técnicos, liderada por los coroneles de Artillería Luis Muñoz Gutiérrez y Jesús Crespo Cuspinera, llamados así porque procedían de las segundas secciones Bis –información interior- del Ejército, y la de los Espontáneos, encabezada por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, y apoyada por el franquismo azul. Al igual que ocurría con las operaciones políticas, si Armada quería culminar su proyecto político, debería subsumir todas estas operaciones dentro de la suya, para evitar que alguna de ellas se adelantase, frustrando sus planes, o para utilizarlas si se hacía necesario poner en marcha la variante pseudoconstitucional de la operación. Para lograr este objetivo, recurrió al capitán general de la III Región Militar, el teniente general Milans del Bosch, figura de gran prestigio en el Ejército y monárquico conservador como él, al que le explicó –en dos entrevistas que tuvieron en Valencia los días 16 de noviembre de 1980 y 10 de enero de 1981– que su operación estaba apoyada por el rey, y que debería realizar dos acciones en favor de la misma. La primera, congelar todas las operaciones golpistas, priorizando la suya. Y la segunda, controlar la operación de Tejero –toma del Congreso de los Diputados- y estudiar la toma de Madrid por la División Acorazada (DAC) Brunete º 1, por si eran necesaria para poner en marcha la variante pseudoconstitucional de la Solución Armada. Milans del Bosch logró ambos objetivos tras una serie de reuniones con las diferentes tramas golpistas del Ejército; lo que hizo que Armada creyese contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, a las que concedió dos carteras en su gabinete virtual: el ministerio para las regiones, para el general de división José Antonio Saénz de Santamaría y Tinturé, general inspector de la Policía Nacional, y el del Interior, para el de su mismo grado Manuel Saavedra Palmeiro, general jefe de la División de Infantería Mecanizada Guzmán el Bueno n.º 2 (DIM-2) y hombre muy cercano a Milans del Bosch.
  • El de los dos principales apoyos exteriores de España: El Vaticano y los Estados Unidos, con cuyos representantes mantuvo importantes reuniones, destacando la visita del embajador norteamericano Terence Todman a su finca de Santa Cruz de Rivadulla en diciembre de 1980, acompañado del político de la UCD, Pío Cabanillas. Ninguno de los dos Estados se opuso a la operación de la que estaban informados, como han reconocido Arespacochaga y también Armada.

En enero de 1980, Armada creía tener los cinco apoyos necesarios para llevar a cabo su operación y sólo restaba que se le trasladase a Madrid para culminarla, ya que se encontraba en Lérida como gobernador militar y jefe de la División de Montaña Urgel n.º 4. Este objetivo lo lograría el 4 de febrero de 1981, cuando gracias a la intervención del defe del Estado fue nombrado 2º jefe del Estado Mayor del Ejército. Sin embargo, antes de que se produjera este acontecimiento, dos decisiones de Suárez habían truncado todas las posibilidades de que se culminara la variante constitucional de la operación. La primera, su dimisión el 27 de enero de 1981, que imposibilitaba el mecanismo de la moción de censura para hacer al general presidente del Gobierno. Y la segunda, forzar la designación de Leopoldo Calvo-Sotelo como candidato a presidente por la UCD, el partido mayoritario, lo que hacía imposible a los críticos de este partido apoyar a Armada como presidente del gobierno.

 

La Fase Pseudoconstitucional de la Solución Armada

El fracaso de la variante constitucional empujó a Armada a poner en marcha la otra variante de su operación, la pseudoconstitucional. Para crear la situación de excepcionalidad necesaria, iba a utilizar la operación de Tejero –toma del Congreso de los Diputados- que se llevaría a cabo el 23 de febrero de 1981, durante la segunda votación de investidura de Calvo Sotelo. Pero para desencadenar esta operación, necesitaba conseguir cinco apoyos.

  • El del Jefe del Estado. Armada se entrevistó con el rey Juan Carlos I el 13 de febrero de 1981, y le explicó las diversas operaciones militares que había en marcha y la más que probable posibilidad de que Tejero pusiera en marcha la suya, provocando un daño irreversible para el sistema democrático. Para evitarlo, Armada fue autorizado por el rey a reconducir cualquier situación golpista que se produjera. Sin embargo, no hay ningún dato que demuestre que el jefe del Estado supiese que quien iba a desencadenar la operación de Tejero era el propio Armada, lo que explica la actitud posterior de Juan Carlos I hacia el general, al que tachó públicamente de “traidor”.
  • El de los partidos políticos. Hay constancia documental de reuniones con miembros de la UCD y de CD, e incluso del PCE, donde el general les explicó su proyecto para reconducir cualquier operación golpista, pero como en el caso del rey, no hay constancia de que Armada les dijese que controlaba la operación de Tejero.
  • El de Estados Unidos y el Vaticano. Tenemos algunos testimonios de agentes del CESID que demuestran que ambos países estaban informados de la operación que se iba a poner en marcha, y no se opusieron. Es más, la misma coincidiría con una reunión de la Conferencia Episcopal, que solo se pronunciaría en favor de la democracia cuando la operación golpista había fracasado mediante un documento conjunto. Por su parte, los Estados Unidos manifestarían una actitud de espera ante los acontecimientos, y Ronald Reagan sería el último de los líderes occidentales en telefonear al jefe de Estado.
  • El de Tejero, con el que se entrevistó el 21 de febrero en la calle Juan Gris, para ordenarle que tomase el Congreso de los Diputados en nombre del rey, y sin emplear ningún tipo de violencia, algo que el teniente coronel de la Guardia Civil sólo cumplió de forma relativa. Sin embargo, no le explicó la finalidad de la operación; creyendo Tejero que el golpe de Estado tenía por objeto crear una junta militar presidida por Milans del Bosch.
  • El de Milans del Bosch, cuya misión sería movilizar la III Región Militar, y animar al resto de los capitanes generales a hacer lo mismo, para provocar esa intervención militar masiva, necesaria para el triunfo de su operación. Así mismo, le pidió que llamase al prestigioso general de división Luis Torres Rojas, antiguo jefe de la DAC, y asistente a las reuniones conspirativas organizadas por Milans del Bosch. Su misión sería movilizar la DAC -con ayuda del comandante de Infantería DEM Ricardo Pardo Zancada, hombre de confianza de Milans del Bosch, y del coronel San Martín, jefe de EM de la DAC-, y proceder a la ocupación de Madrid.

Así el plan de Armada, debería desarrollarse según el siguiente esquema:

  • Tejero tomaría el Congreso de los Diputados.
  • Milans del Bosch tomaría el control de su Región Militar, para evitar desórdenes públicos, e informaría a sus conmilitones de las medidas tomadas, con objeto de que hicieran lo mismo. A la vez, las unidades de la DAC ocuparían Madrid con la excusa de salvaguardar el orden público.
  • Armada se trasladaría al palacio de la Zarzuela, y al lado del jefe del Estado, se dispondría a reconducir la situación, apoyándose en las Fuerzas Armadas, y concretamente en la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) –única autoridad de carácter estatal tras la ocupación del Congreso de los Diputados- que emitiría una disposición por la que, ante la situación creada, asumía el poder. Esta disposición supondría el control del país por las Fuerzas Armadas.
  • Armada, avalado por la JUJEM y con el beneplácito del rey y de las Fuerzas Armadas, se trasladaría al Congreso de los Diputados para ser votado por los diputados como presidente de un gobierno de concentración nacional.
  • Tejero saldría del Congreso de los Diputados, camino de un país sin tratado de extradición con España, y con su futuro económico asegurado.

Por el contrario, Tejero pensaba que la operación se desarrollaría según otro esquema:

La Guardia Civil tomaba el Congreso de los Diputados.

  • Milans del Bosch se haría con el poder civil en su Región Militar.
  • El resto de los tenientes generales harían lo mismo en sus respectivas demarcaciones, con lo que el poder quedaba en manos del Ejército.
  • Milans del Bosch se trasladaba a Madrid para hacerse cargo del poder político como presidente de una Junta Militar.

Esta era la operación soñada por el teniente coronel, consecuencia de la nula información que Armada le había proporcionado; lo que tendría pésimas consecuencias para los golpistas.

 

El golpe de Estado

El golpe de Estado del 23-F se prolongó entre las 00:00 horas del día 23 y las 12:00 horas del día 24, y se desarrollaría en cinco fases.

 

Preparación de la operación

Esta fase abarcó desde las 00:00 hasta las 18:22 horas del día 23, y en ella se distinguieron cinco centros fundamentales:

 

  • La Capitanía General de la III Región Militar, donde Milans del Bosch tomó las medidas fundamentales para hacerse con el control total del territorio bajo su mando, incluyendo la redacción de un bando por el que se declaraba el estado de guerra una vez que Tejero hubiera tomado el Congreso de los Diputados. Estas acciones estaban justificadas sobre una nota del CESID, en la que se alertaba de una posible sublevación comunista en la región valenciana en caso de un golpe de Estado
  • La Escuela de la AOME. Desde la misma, Cortina y su segundo, el capitán García-Almenta, se encargarían de dotar a Tejero de los medios técnicos necesarios para poder realizar u operación sin que sufriese ningún contratiempo.
  • El Cuartel General de la DAC. En esta división, el comandante Pardo Zancada y el coronel San Martín, con el posible y luego real apoyo del general Torres Rojas, fueron los encargados de preparar las unidades que, una vez producida la operación de Tejero, se encargarían de hacerse con el control de los principales centros neurálgicos de la capital de España.
  • El Cuartel General del Ejército. Este fue el centro de mando de Armada, donde el general y líder de la operación, esperó el éxito de Tejero, para poner en marcha el plan que había trazado y que le llevaría a la Presidencia del Gobierno.
  • Tejero. El teniente coronel de la Guardia Civil, carente de mando sobre tropas, estaba obligado a reclutar las fuerzas con las que llevar a cabo la operación que se le había ordenado. Sería, tal vez, la acción más compleja de esta primera fase, pero Tejero la culminaría con un éxito rotundo.

 

Incertidumbre o impasse

23-f1Esta segunda fase del golpe de Estado se prolongó entre la toma del Congreso de los Diputados por Tejero -18:22 horas-, y la llamada de Milans del Bosch a Armada aconsejándole que fuera al Congreso de los Diputados para que los diputados –secuestrados- le votasen como presidente del Gobierno -21:00 horas-. Tuvo otros cinco centros fundamentales –Congreso de los Diputados, sede de las Capitanías Generales, Cuartel General del Ejército, Cuartel General de la DAC Brunete y el territorio de la III Región Militar–, y estuvo marcada por la forma en que Tejero realizó su operación, que contravino las órdenes recibidas por Armada, pues si bien fue incruenta, no careció de un fuerte tono violento.

 

Las características más importantes de esta fase fueron:

 

  • El deseo de La Zarzuela de forzar cuanto antes la salida de Tejero del Congreso de los Diputados, pues éste había realizado su operación invocando el nombre del Rey. El objetivo que se buscaba era evitar, por todos los medios que la acción de Tejero terminase en un proceso penal, pues sería imposible entonces –como así ocurrió-, que no se conociesen por la opinión pública los prolegómenos de la operación golpista. Para lograrlo, se sucedieron distintos intentos, e incluso, se prepararon dos aviones con dinero, para que el teniente coronel de la Guardia Civil y sus oficiales pudieran exiliarse. Sin embargo, estos intentos fracasaron, ante la negativa de Tejero de abandonar el citado edificio.

 

  • La puesta en marcha, desde Madrid, de un conjunto de acciones encaminadas a evitar que tanto Tejero como Milans del Bosch –que a las 19:30 horas hizo público su bando declarando el Estado de Guerra en la III Región Militar- recibiesen el apoyo de otras Capitanías Generales o unidades militares, evitándose de esta manera que la Solución Armada se convirtiese en una auténtica intervención militar. En esta labor destacó el capitán general de la I Región Militar, teniente general Guillermo Quintana Lacacci, pues la clave que evitó una auténtica intervención global del Ejército en particular, y de las Fuerzas Aermadas en general durante el 23-F fue, sin discusión, la inmovilización de la DAC Brunete. Si las fuerzas de esta Gran Unidad hubiesen tomado Madrid, la inmensa mayoría de los capitanes generales hubieran hecho lo que Milans del Bosch hizo en la III Región Militar, y el sistema democrático y la propia monarquía se hubieran resentido de manera irreversible, con unas consecuencias incalculables para el futuro de nuestra Nación. De hecho, durante el 23-F, y más allá de las acciones del rey, lo que salvo a la democracia fue la división existente en la élite del Ejército, representada por los tenientes generales con mando sobre Región Militar; como demuestra el siguiente documento elaborado por Quintana Lacaci durante la tarde-noche del 23 de febrero de 1981:

1ª (Quintana) Legal. Lealtad al Rey.

2ª (Merry Gordon) Gracias a Urrutia. Esperando a los demás para unirse.

3ª (Milans) Levantada.

4ª (Pascual Galmés) Comprendida entre la 3ª y 5ª. Difícil. Esperar. En el fondo legal, pero si 5ª se une, 4ª también.

5ª (Elícegui) No hizo más que llamarme para ver que iba a hacer yo, pues “algo habría que hacer”.

6ª (Polanco) Completamente legal y leal al Rey.

7ª (Campano) Con muchas dudas, pues según él “algo habría que hacer que la Alerta 2”.

8ª (Fernández Posse) En el fondo, legal. Si la 6ª se une, también lo haría.

9ª (Delgado) Completamente leal.

Baleares (De la Torre) Esperando a ver qué pasaba, se uniría a Milans.

Canarias (González del Yerro) Dudas. Al enterarse del protagonismo de Milans y de que Armada quería ser presidente del gobierno, se muestra leal. Pregunta por qué Armada y no otro militar (se refiere a él) en una conversación conmigo.

 

  • La invitación de algunos de los militares, como Aramburu Topete, a Armada, para que se presentase en el Congreso de los Diputados para ser votado como presidente del Gobierno. Pero esta propuesta recibió la negativa del Jefe del Estado, a través del JEME Gabeiras, pues resultaría muy difícil de explicar a la opinión pública, tanto si el resultado fuese positivo, como lo que sería aún peor, si fracasaba. De hecho, esta operación se pondría en marcha cuando Milans del Bosch desde Valencia hiciera la propuesta a Armada de ir al Congreso de los Diputados para ser elegido presidente del Gobierno, siendo apoyada por otras Capitanías Generales, como la II, IV, V, VII y Baleares; además de la actitud complaciente de la VI y VIII.

 

Por último, durante esta fase tuvieron lugar un conjunto de acontecimientos de especial trascendencia. Son:

 

  • Los intentos de lograr la salida de Tejero del Congreso de los Diputados realizados por el coronel de Infantería Félix Alcalá-Galiano, el general de División José Luis Aramburu Topete y el general interventor de División Sabino Fernández Campo, entre las 18:30 y las 20:00 horas, que terminaron, como ya hemos dicho en un completo fracaso.

 

  • Las llamadas telefónicas del rey a los capitanes generales más dispuestos a apoyar a Milans del Bosch –Merry Gordon, Campano o De La Torre Pascual- para conocer la situación de los territorios bajo su mando, pero, sin desautorizar, en ningún momento la acción del capitán general de la III Región Militar.

 

  • La comunicación del jefe del Estado con el general Armada, que tuvo como consecuencia la prohibición expresa de que el 2º JEME fuera a La Zarzuela, provocando inicialmente el fracaso de la operación diseñada.

 

  • La comunicación de la Zarzuela con el Cuartel General de la DAC Brunete, a través de la cual el Jefe del Estado conoció que se estaba invocando su nombre como responsable de la operación, que el general Armada era el líder de la misma y que la unidades de la DAC Brunete estaban saliendo de sus acuartelamientos para tomar los distintos objetivos que se le han asignado. Esta llamada tuvieron dos consecuencias de enorme importancia:

 

La primera, que la DAC Brunete fue detenida, ordenándose a sus unidades que regresaran a sus cuarteles –con la importancia que esto tuvo, como ya hemos indicado-, salvo las encargadas de tomar RTVE, que completaron su misión, ya que el control de este medio de comunicación por los militares, permitió ganar tiempo a La Zarzuela –aunque también alimentase las esperanzas de los núcleos golpistas del Ejército- para resolver la situación creada a su favor.

La segunda, la orden expresa emitida por el Capitán General de la VIII Región Militar, Fernández Posse, para que Torres Rojas regrese a su destino. Con esta acción se trataba de evitar que el carismático general pudiera actuar de detonante de una intervención militar de esta unidad -cuyos mandos, en general, eran partidarios de apoyar a Tejero-, abriendo las puertas a la del resto del Ejército

 

  • La creación del Gobierno de Subsecretarios, que supuso la primacía el poder civil frente al militar, y supondría que la JUJEM, tal como estaba diseñado en la Solución Armada, no fuera el árbitro de la situación, quedando reducidas sus funciones a la gestión de los asuntos militares.
  • El control que durante este periodo de tiempo logró Milans del Bosch del territorio de la III Región Militar, donde proclamó el Estado de Guerra, y lograría poner a todas las autoridades civiles y militares bajo su mando, sin que en ningún momento fuera desautorizado desde Madrid. Pues, tanto La Zarzuela como la JUJEM consideraron que la situación no estaba totalmente controlada, y una actitud negativa hacía el capitán general de esta región –el más prestigioso del Ejército–, podía provocar un movimiento de otros militares –recordemos que la mayoría de las Fuerzas Armadas no eran monárquicas- a su favor. Además, Milans del Bosch conocía los prolegómenos de la operación y a La Zarzuela no le interesaba verle sentado en un banquillo.
  • La ya citada toma de RTVE a las 19:45 por fuerzas del Regimiento de Caballería Ligero acorazado (RECLAC) Villaviciosa. Esta acción se prolongaría hasta las 21:30 horas aproximadamente.
  • Los movimientos de tropas y los intentos de publicar bandos similares a los de Milans del Bosch en algunas regiones militares: II, IV, VII y Baleares principalmente.

Retorno a la Solución Armada

Se desarrolló esta fase fundamentalmente en tres lugares –Capitanía General de la III Región Militar, Cuartel General del Ejército y Congreso de los Diputados–, prolongándose entre las 21:00 horas del día 23 y las 01:00 horas del día 24. Supone una vuelta a la idea inicial de la operación, es decir, a la posibilidad de que Armada pudiera ser elegido presidente del Gobierno por los diputados retenidos por Tejero. Para poder realizar esta gestión, el general recibió el visto bueno de La Zarzuela, aunque obligándole a que la propuesta se hiciera “a título personal”, y de la casi totalidad de las Fuerzas Armadas –sólo se opuso el capitán general de Canarias González del Yerro, que también aspiraba al mismo cargo–.

Pero, para evitar las suspicacias que pudieran crearse por esta decisión, se procuró en todo momento cargar la responsabilidad de la propuesta en Milans del Bosch. Además, el Jefe del Estado, y el general Fernández Campo, enviaron un ambiguo mensaje a las distintas Capitanías Generales de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, donde se especificaba el respeto a la legalidad. Pero que, en ningún momento, suponía una desautorización de la gestión de Armada, ni de las acciones de Milans del Bosch, justificadas por la nota del CESI ya citada. Sólo quedaba fuera de la ley Tejero, pero, a este militar y a sus oficiales se les había preparado un cómodo exilio. Este sería el mensaje que posteriormente grabaron las cámaras de RTVE sobre las 22:30 horas, y que se emitiría tres horas después.

Esta actitud preventiva de La Zarzuela se demostraría acertada para los intereses de la Corona, pues Armada fracasó en su gestión ante la negativa de Tejero de aceptar un gobierno presidido por el general que incluía a políticos socialistas y comunistas en su seno. Con esta negativa terminó esta fase.

 

Aclaración de las posiciones

Es la fase más desconocida e interesante, prolongándose entre las 01:00, cuando el Rey desautorizó al capitán general de la III Región Militar –tras el fracaso de la gestión de Armada–, y las 04:00 horas, momento en que Milans del Bosch, siguiendo las órdenes del Jefe del Estado, retiró su bando. Se desarrollaría fundamentalmente en el territorio de la III Región Militar y el Congreso de los Diputados. Y presentó dos características fundamentales. Por un lado, la postura de La Zarzuela, y en consecuencia del resto de las autoridades civiles y militares que, a partir de las 01:00 horas se opusieron, de manera determinante, a los golpistas, y, por otro, el desmarque de éstos –encabezados por Tejero; el comandante Pardo Zancada, que con 115 soldados de la DAC Brunete, se unió a los ocupantes del Congreso de los Diputados, y en menor medida, el capitán de Navío Camilo Menéndez Vives, también desplazado a dicho lugar para apoyar a su amigo, el teniente coronel de la Guardia Civil– de la Solución Armada, optando por propiciar un auténtico golpe militar. Para ello, no dudaron en pedir el apoyo de distintos mandos del Ejército, pertenecientes al Grupo de los Coroneles y de los Técnicos. Los acontecimientos más importantes de esta fase fueron:

 

  • El mensaje del Rey emitido por RTVE, que para la inmensa mayoría de los españoles supuso la clarificación definitiva de la posición del Jefe del Estado, aunque, como ya hemos dicho, su contenido sólo afectaba a los ocupantes del Congreso de los Diputados.
  • La desautorización de Milans del Bosch por parte de La Zarzuela y del JEME Gabeiras, que obligó al capitán general de la III Región Militar a ordenar el acuartelamiento de las unidades que estaban en las calles de las ciudades de su demarcación, y del bando que había emitido.
  • La comunicación de los ocupantes del Congreso de los Diputados con distintos mandos del Ejército, contando con el apoyo explícito de Milans del Bosch, y con el objetivo de que movilizaran a sus unidades y saliesen en su apoyo. Estas gestiones terminaron en un rotundo fracaso.
  • La redacción de un mensaje golpista por parte de Tejero y Pardo Zancada, que fue publicado por El Alcázar, y que supuso una invitación a la rebelión militar. Este mensaje no vería la luz pues la edición del citado diario fue retenida por orden gubernativa.
  • El envío de un mensaje de contenido dudoso por parte del Rey al comandante Pardo Zancada con el objetivo de forzar su salida del Congreso de los Diputados, y evitar así que este jefe –muy prestigioso entre sus conmilitones–, pudiese lograr el apoyo de alguna unidad del Ejército, creando una situación irreversible para la Corona, y también para el sistema político vigente. Sin embargo, se le dio un contenido tan equívoco que dejó en muy mal lugar al Jefe del Estado, además de no lograr el objetivo para el que había sido redactado.

 

El final del golpe de Estado

La quinta fase se prolongó entre las 04:00 y las 12:00 horas del día 24, cuando se produjo la liberación de los diputados y la salida de las fuerzas que ocupaban el edificio de la Carrera de San Jerónimo. Supuso una vuelta a la situación de impasse, pero en condiciones muy negativas para los golpistas. Habían fracasado en su intento de atraer a distintas unidades del Ejército para que se unieran a ellos; y, lo que era peor, desde las 04:00 horas, Milans del Bosch se había desmarcado de la operación. Además, se negaba a ordenar el abandono del Congreso de los Diputados; argumentando que él no había dado la orden de su ocupación. En estas circunstancias, y con Armada también desmarcado de la operación desde que fracasase su gestión ante Tejero; las fuerza ocupantes se encontraban totalmente desamparadas y sin un mando al que obedecer. Fue entonces, cuando comenzó la desbandada de algunos guardias civiles que abandonaron el edificio de la Carrera de San Jerónimo a través de las ventanas. Aunque la mayoría de ellos, así como la totalidad de los soldados de la DAC Brunete, permanecerán en el edificio hasta el final.

Si la situación en el Congreso de los Diputados era desangelada; en el exterior, tanto las autoridades civiles como militares tampoco eran capaces de poner fin al golpe de Estado. Armada había fracasado en su gestión ante Tejero, como también lo habían hecho previamente Alcalá-Galiano y Aramburu Topete. Además, el teniente coronel de la Guardia Civil había afirmado en numerosas ocasiones que sólo obedecía órdenes de Milans del Bosch, y éste, como ya sabemos, se negaba a ordenar la salida de las fuerzas ocupantes.

En esta situación de incertidumbre aparecería la figura del teniente coronel de Infantería Eduardo Fuentes Gómez de Salazar, íntimo amigo de Pardo Zancada, quien se ofreció a hablar con el comandante y con Tejero para buscar una salida a la situación. La propuesta de Fuentes Gómez de Salazar recibió la aprobación de la superioridad, y este teniente coronel negoció con Tejero, Pardo Zancada y Menéndez Vives el famoso pacto del capó, que tras ser aprobado en todas sus condiciones por la JUJEM, supuso la salida de los diputados y de las fuerzas ocupantes, y el fin del golpe de Estado.

 

El proceso judicial

El golpe de Estado del 23-F derivó en un proceso judicial, donde fueron acusados 32 militares y un civil, Juan García Carrés, del delito de rebelión militar.

El número de imputados no se ajustaba a la realidad de los hechos; pues, el juez instructor José María García Escudero decidió limitar las responsabilidades a los implicados cuya participación era más explícita, evitando procesar a todos los militares cuya cooperación fue necesaria para poner en marcha la operación. Las razón que utilizó fue que un macroproceso no hubiera podido soportarlo el sistema democráticos, débil como consecuencia del propio golpe de Estado, la crisis económica y el azote del terrorismo.

Este proceso fue instruido bajo la supervisión del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), el máximo órgano de la jurisdicción militar, a quien correspondió también convertirse en sala de justicia durante la vista oral. La sentencia emitida por este órgano el 3 de junio de 1982, no convenció al Gobierno, que ordenó al fiscal togado Francisco Claver recurrir al Tribunal Supremo, que casó la sentencia del CSJM, emitiendo una nueva sentencia el 28 de junio de 1982. Las penas impuestas supusieron, especialmente en el caso de Armada, un incremento notable en relación con la establecida por el CSJM:

 

Procesados Penas Tribunal Supremo Penas CSJM
T. Gral. Jaime Milans del Bosch 30 años 30 años
Gral. D. Alfonso Armada Comyn 30 años 6 años
Gral. D. Luis Torres Rojas 12 años 6 años
C. Navío Camilo Menéndez Vives 1 año 1 año
Cor. José Ignacio San Martín López 10 años 3 años y un día
Cor. Diego Ibáñez Inglés 10 años 5 años
Cor. Miguel Manchado García 8 años 4 años y un día
T. Cor. Antonio Tejero Molina 30 años 30 años
T. Cor. Pedro Más Oliver 6 años 3 años
Cte. Ricardo Pardo Zancada 12 años 6 años
Cte. José Luis Cortina Prieto Absuelto Absuelto
Cap. Juan Batista González Absuelto Absuelto
Cap. Javier Dusmet García-Figueras 2 años 2 años
Cap Carlos Álvarez-Arenas Pardiñas 3 años 3 años
Cap. Ignacio Cid Fortea 2 años 2 años
Cap. José Pascual Gálvez 3 años 3 años
Cap. Francisco Acera Martín 3 años 2 años
Cap. Juan Pérez de la Lastra Tormo 3 años 2 años
Cap. Carlos Lázaro Corthay 3 años 2 años
Cap. Enrique Bobis González 3 años 2 años
Cap. José Luis Abad Gutiérrez 5 años 3 años y un día
Cap. Jesús Muñecas Aguilar 5 años 3 años y seis meses
Cap. Vicente Gómez Iglesias 6 años 3 años
Cap. Francisco Ignacio Román Absuelto Absuelto
Tte. Pedro Izquierda Sánchez 1 año Absuelto
Tte. Cesar Álvarez Fernández 1 año Absuelto
Tte José Núñez Ruano 1 año Absuelto
Tte. Vicente Ramos Rueda 2 años Absuelto
Tte. Jesús Alonso Hernaiz 1 año Abuelto
Tte. Manuel Boza Carrasco 1 año Absuelto
Tte. Santiago Vecino Núñez 1 año Absuelto
Tte. Vicente Carricondo Sánchez 1 año Absuelto
Juan García Carres 2 años 2 años

 

Conclusión

El golpe de Estado del 23-F produjo un giro conservador en la labor del Gobierno que culminó con la entrada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); y con la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que congeló las aspiraciones de los grupos políticos autonomistas. Aunque la LOAPA sería posteriormente derogada. Además, aceleró la descomposición del partido gobernante, la UCD, abriendo el camino a una victoria contundente del PSOE que se produciría un año y medio después.

Pero, sobre todo, provocó un daño demoledor en el Ejército y en sus sectores más involucionistas. No sólo por la mala imagen que los acusados mostraron durante el juicio, al no asumir sus responsabilidades, sino porque además los sectores golpistas del Ejército quedaron muy debilitados. Así, los tenientes generales más reacios con el sistema democrático desaparecieron: Milans del Bosch fue procesado, y Merry Gordon, De La Torre Pascua, Elícegui Prieto o Campano López, cesados de sus mandos o pasaron por edad a la reserva.

Igualmente, la operación de los espontáneos quedó desarticulada, y también la de los “coroneles”, al perder a su líder, San Martín, procesado por su participación en el 23-F; mientras que los principales apoyos de Armada en el seno del Ejército, decidieron alejarse de las tramas golpistas, no sólo para cortar amarras con los procesados por el golpe de Estado, sino también por el giro conservador de la política de Leopoldo Calvo-Sotelo. Sólo la operación de los Técnicos, que no habían tenido ninguna participación en el 23-F, quedó intacta.

Sería este grupo el que pondría en marcha la última gran operación golpista de la transición, la llamada Operación Cervantes, un golpe de Estado puro que hubiera convertido España en una dictadura militar. El CESID frustró la operación, y los principales responsables de la misma, los coroneles Muñoz Gutiérrez y Crespo Cuspinera, y los teniente coronel de Artillería DEM José Enrique Crespo Cuspinera y de Infantería Juan Fernández Hidalgo, fueron detenidos. La causa judicial abierta contra los cuatro jefes militares culminó con el consejo de guerra celebrado en abril de 1984, que fue presidido por el general de Brigada de Infantería Juan Castellanos, entonces jefe de la BRIPAC, tras haber renunciado a presidir el juicio el general Juan Bautista Sánchez-Bilbao, jefe de la DAC, y uno de los miembros del grupo de los Coroneles, que se reunía en torno a San Martín. El consejo de guerra emitió sentencia el 14 de abril de 1984 y condenó a 12 años y un día a los tres citados jefes, como autores de un delito de conspiración para la rebelión.

Esta operación significó el final del golpismo militar en nuestro país. A partir de entonces, las Fuerzas Armadas quedaron subordinadas al poder civil, tal como habían querido Suárez y Gutiérrez Mellado; cumpliéndose así el vaticinio que Jaime Balmes había realizado 150 años antes:

 

“El poder militar es fuerte porque el civil es flaco; no tanto se debe pensar en abatir aquel como en fortalecer éste; la fuerza del poder civil será la ruina del poder militar, que dejará de ser poder y pasará a ser una clase como las demás del Estado…”

 

 

Este es un resumen de la obra 23-F: Los golpes de Estado, publicado por Última Línea Editorial en 2015, donde se incorporan también las últimas investigaciones del autor sobre el asunto.

 

 


Share Button

Nací en Madrid en 1970. A los 18 años ingresé en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid porque mi madre quería un hijo médico. Aguanté un año… Mi siguiente destino fue la Facultad de Filosofía y Letras, sección Geografía e Historia, de la Universidad Autónoma de Madrid, donde permanecí los cinco años reglamentarios, obteniendo una licenciatura en Historia Moderna y Contemporánea, acompañada del Premio Extraordinario. A la vez que cursaba Historia, inicié la licenciatura en Derecho. En la actualidad, me dedico a escribir compulsivamente artículos y libros, ya que he hecho una apuesta conmigo mismo: alcanzar las 100 publicaciones antes de cumplir los 50; pues, como decía el gran Aristóteles: En realidad vivir como hombre significa elegir un blanco -honor, gloria, riqueza, cultura- y apuntar hacia él con toda la conducta, pues no ordenar la vida a un fin es señal de gran necedad.

Participa en la discusión

  • (no será publicado)