El suicidio del centro

Por . 18 mayo, 2016 en Reseñas , Siglos XIX y XX
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Nos hemos acostumbrado a admitir el mensaje más pesimista de la democracia, el que afirma que las elecciones no se ganan: se pierden. Que no se premia, sino que se castiga. También nos dicen que las democracias consolidadas, como las europeas, deben ser aburridas. En lógica consecuencia, los líderes políticos deberían representar al máximo ese rasgo caracterológico dominante. Con esas premisas, Leopoldo Calvo-Sotelo, al que uno de sus más conspicuos y divertidos compañeros de gobierno calificó como «el mejor presidente que hubiera tenido nunca Dinamarca», hubiera debido mantener con el respaldo de las urnas el poder heredado, por abandono, de Adolfo Suárez. Y aclaro, inmediatamente, que Leopoldo Calvo-Sotelo, fuera del ritualismo del poder, es persona, además de culta, ingeniosa y con un punto de ironía inteligente que cabalga entre el humor galaico y el británico. Un rasgo de su personalidad, elogiable, es que a la hora de escoger un funcionario de alto nivel administrativo con el que el Estado dota a los ex presidentes para que puedan atender mejor a sus compromisos, Calvo-Sotelo seleccionara a una experta en la organización de bibliotecas. A la vista de la suya, a fe que le era necesaria. No me extraña que cuando le preguntaron los periodistas sobre su sentimiento al vivir en la Moncloa se lamentara del exceso de teléfonos y de la escasez de libros, comentario que debió de molestar al anterior inquilino del Palacio.

A Calvo-Sotelo no le ha importado nunca reconocer que se movía con dificultad en la calle, y seguramente desconocía que la sociedad española se sentía más próxima a Machado, aunque fuera por la intermediación de Serrat, que a Spinoza. Alfonso Guerra, por lo menos tan lector como él, machadiano, acuñó una definición de don Leopoldo que ha pasado a la pequeña historia: «Calvo-Sotelo es un hombre tan soso que su papel más útil sería de marmolillo en una calle peatonal».

En sus memorias, don Leopoldo reserva para don Alfonso los comentarios más hirientes. Le acusa de haber actuado «con precipitación poco democrática» pocos días antes del 23-F; califica de «fintas exteriores de pandereta y navaja en la liga» algunos gestos de Guerra en relación con la OTAN… pero llega también al intento de caricatura personal al trasladar al entonces vicesecretario general del PSOE el mismo comentario que Cambó había dedicado al Conde de Romanones: «cada gesto de su cara es un delito». La exclusiva de la agresión verbal, corno demuestran estas frases, no corresponde a don Alfonso, aunque hay que reconocer que lo del «marmolillo» resultó mucho más eficaz. Por aquel tiempo, según cuenta Fraga, Alfonso Osorio también ironizaba sobre la Jano bifronte, derecha, izquierda, que desconcertaba a los partidarios de la «gran derecha»: «Lo malo es que Leopoldo los lunes, miércoles y viernes es Calvo-Sotelo y los martes, jueves y sábados, Bustelo». Se ve que los domingos don Leopoldo agrupaba todas las sensibilidades familiares. A los jóvenes lectores habrá que explicarles que Francisco Bustelo, rector de la Complutense, era un destacado dirigente del PSOE, ubicado en el ala izquierda del partido y, posteriormente, muy crítico con la política de Felipe González.

En 1982, en mayor medida tras la desbordante cosecha de votos en Andalucía, el PSOE estaba convencido de que no iba a reproducirse la decepción del 79. En el partido gobernante demasiadas personalidades —sería exagerado hablar de grupos ideológicos integrados en UCD— atisbaron, a partir de la asunción por Leopoldo Calvo-Sotelo de la presidencia del gobierno, que la desaparición de Adolfo Suárez, insuficientemente explicada hasta hoy, abría un nuevo derrotero que podrían seguir con mayor comodidad y perspectivas de futuro en territorios emergentes a derecha e izquierda del centro.

Hay políticos que sueñan con la imagen final del tripulante que se hunde con el barco con el que abrieron nuevas rutas, y otros que consideran inútil la muerte y suben con alivio a los botes de otras naves que acuden al lugar del naufragio. A veces es precisa la colaboración necesaria de algunos tripulantes para que se produzca el hundimiento…

 

Hay que acabar con Suárez…

La destrucción de la UCD no es una historia de héroes frente a villanos, aunque no faltaran entre sus miembros actitudes de gran coraje, no sólo político sino personal, simbolizadas en la memoria colectiva por la entereza y dignidad de Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado ante la agresión de unos golpistas. Y aunque algunos comportamientos individuales hicieran acudir a los cronistas del momento a la socorrida metáfora de las ratas que abandonan el barco.

No es esa simplista descripción de los hechos la que, afortunadamente, se va imponiendo. La Unión de Centro Democrático fue una fórmula más de las varias a las que Suárez hubiera podido acudir para fabricar un partido político de nuevo cuño, sin una ideología excluyente, de corte personalista, y cuyo más sólido bagaje era precisamente el ejercicio del poder, no conquistado inicialmente en las urnas, sino derivado de la confianza regia. La virtud de Suárez fue aceptar el reto haciéndose fuerte en su propia debilidad democrática de origen. Eso fue lo que le permitió «cambiar las cañerías» aunque el agua que por ellas corriera no fuera tan abundante como demandaban los que siempre tuvieron sed, o tan cristalina y excluyente como añoraban los que habían dispuesto de ella durante décadas en manantiales propios. Su fragilidad biográfica fue lo que le hizo necesario buscar el respaldo de algunas personalidades políticas reconocibles entre la oposición a Franco, mientras mantenía y consolidaba sus vínculos con los sectores que, desde el interior del régimen, como él mismo, habían comprendido que el futuro de España no podía ser otro que el de una democracia sin adjetivos.

Para entender el drama que protagonizó Adolfo Suárez en 1981 y 1982 he intentado hacer abstracción de los miles de páginas que he consultado y enlazar mis propias percepciones con testimonios vis-a-vis de quienes fueron sus compañeros en la aventura del centro o de quienes, aspirando a sucederle en el poder, disfrutaron de un trato cercano.

Siempre he creído que Suárez fue uno de los pocos españoles que no recibió con sorpresa el anuncio de su designación como presidente en sustitución de Arias Navarro, y que cuando Torcuato Fernández Miranda, en uso de su criptográfica manera de expresión, manifestó que «estaba en condiciones de ofrecer al monarca lo que le había pedido», Suárez ya sabía lo que esperaba el Rey, y que era a éste y no a su mentor a quien debía su futuro. A partir de ahí, la apuesta podía ser muy arriesgada, nada menos que desmontar la legalidad franquista con los mimbres del régimen, pero también contaba con el apoyo sin reservas de quien disponía, por una parte, de la herencia solemne de Franco y, al tiempo, de la complicidad, aquiescente en lo fundamental, de los principales líderes de la oposición democrática.

El referéndum sobre la Ley para la Reforma Política fue votado afirmativamente por más de un 94 por ciento de los que acudieron a las urnas. La abstención, preconizada por la izquierda, no alcanzó el 2 3 por ciento. Siempre he creído que, al menos desde el PSOE, no se puso toda la carne en el asador de la campaña abstencionista, aunque resultara obligatorio dejar fijada, con vistas al futuro, la existencia de una oposición que estaría en condiciones de negociar con más credibilidad y rigor, sacando las uñas cuando hiciera falta, los términos de la reforma, predicando la ruptura, mientras Suárez y el propio Rey podían realizar el camino inverso.

La postura del PSOE, al menos la que preconizaba su secretario general, y la que hacían llegar sus más próximos a quienes consideraban que debían operar con ese dato real sin ofuscarse con propuestas irreales, contradictorias con las «condiciones objetivas», la ha hecho explícita Felipe González veinticinco años después a requerimiento de la Real Academia de la Historia: «Yo creía en la Ley para la Reforma Política como un paso en la apertura de espacios de libertad y, sin embargo, propuse la abstención con la boca pequeña…».

Hace veinticinco años, quienes colaboramos en alguna medida para crear el clima favorable al «SÍ» en aquel referéndum, soportamos las descalificaciones o, al menos, el recelo de los que consideraban que no hacíamos otra cosa que seguir las consignas del gobierno Suárez. Hoy se reivindica el buen sentido de aquel proceso, incluso por parte de quienes lo combatieron, y no con la boca pequeña.

Lo correcto, lo precursor, hubiera sido adoptar, por parte de la oposición, el lema «De entrada, no…».

El objeto de este libro no es —no se preocupen los lectores, vaya aburrimiento— el llamado período de la transición, pero no se comprende la dimisión de Suárez, el golpe del 23-F, y, por tanto, la elección de Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo sin recordar que al primer presidente de la democracia española empezaron muy pronto a considerarle un «traidor» quienes, íntimamente, soñaban con que recuperaría en algún momento la camisa azul. Algunos habían aceptado a regañadientes la aprobación de una Constitución muy avanzada en la que veían nada menos que la disgregación de la patria. Fraga dio el último respaldo, decisivo respecto a un sector suficientemente representativo de españoles, al conflictivo Título VIII, pero años más tarde aún intentaría — y fui testigo privilegiado, en mi condición de jefe de prensa de Areilza— que el conde suscribiera un comunicado en el que se pedía su reforma. Alguna parte tuve, aunque pueda parecer sorprendente, en que no prosperara aquella iniciativa, y en que, desde luego, Areilza se desmarcara absolutamente:

— Me exigen que firme, Eduardo. Redacta una nota de prensa.

— Tendré que hacer dos. La otra será la de mi dimisión, José María. Creo que vas a cometer un gran error que estropeará tu imagen de político liberal y de centro.

— Tengo una presión económica insoportable. Tú sabes que en Acción Ciudadana no hay un duro… Luego te llamo.

Era verano, y Pilar Miró y Fiorella Faltoyano no entendían que era algo tan urgente como para dejarlas plantadas tanto tiempo y que abandonara el teléfono tan alterado. La siguiente llamada de Areilza fue muy breve:

— No hagas nada. Hasta mañana.

A Suárez le tocó gobernar entre varios fuegos, al límite de la catástrofe. ETA cometió el mayor número de asesinatos en el trienio 78-80: 253 víctimas mortales. Cien —el triste récord— se produjeron en 1980. A Suárez casi le estalla el gobierno con la legalización del PCE, y la democracia corre un grave riesgo cuando el Rey ha de soportar, con transmisión en directo por RTVE, la rebeldía de los junteros abertzales en Guernica. Sin embargo, y me consta muy particularmente en el segundo caso, el riesgo estaba asumido. No era un desafío a la fortuna sino un gesto político que era imprescindible realizar, precisamente para demostrar que el Jefe del Estado lo era en la integridad de los territorios. No hubo ninguna sorpresa. El Rey pudo leer el texto preparado para el momento de la interrupción de su discurso, y en Radio Nacional la mano del director de la emisora, yo mismo, que es­ taba en el secreto, detuvo la del operador de sonido que, naturalmente acostumbrado o instintivamente alarmado por el desarrollo de los acontecimientos, se disponía a interrumpir la conexión. Se nos había informado reservadamente de que el Rey disponía de un folio escrito del que haría uso en caso de necesidad. Al técnico de RNE, carente de esa información, debió de parecerle todo aquello «demasiado fuerte». Otros, con mayor capacidad de poder, sobre todo en algunos cuarteles, pensaron asimismo que era «demasiado». Lo expresaron en los medios de comunicación de extrema derecha a los que tenían acceso y lo comentaron en las salas de bandera. Al Rey, decían, le han dejado indefenso. Nunca lo estuvo; es más, la serenidad de la que pudo hacer gala contribuyó a incrementar su crédito. Adolfo Suárez, sin embargo, engrandeció su condición de objetivo a batir por los involucionistas.

El incidente de Guernica sería uno de los argumentos que exhibirían los altos mandos militares, incluso los que como el teniente general González del Yerro no se sumaron definitivamente al golpe de Miláns del Bosch, como justificación «legal» de una intervención del Ejército en el caso de que estuviera en peligro la integridad de España. Así lo cuenta Alberto Oliart, ministro de Defensa con Calvo-Sotelo, en su interesantísima aportación al libro colectivo publicado por la Real Academia de la Historia, Veinticinco años de reinado de S. M. Juan Carlos I, al que habré de referirme con frecuencia.

El propio Suárez se ha encargado de rechazar con absoluta firmeza la versión circulante a partir del libro de Abel Hernández El quinto poder, de una supuesta encerrona, nada menos que en el Palacio de la Zarzuela, en la que un grupo de altos mandos militares, aprovechando una momentánea ausencia del Rey, le habrían exigido la dimisión. No faltan en el relato de Hernández, que cita el testimonio del cardenal Tarancón, detalles truculentos, como que, al contestar Suárez a esa demanda, con la frase «yo he recibido el poder del pueblo», uno de los generales pusiera su pistola sobre la mesa, diciendo: «Esto vale más que los votos del pueblo». Vale la pena reproducir la literalidad de lo escrito por Adolfo Suárez en la Historia de la Democracia, publicada por El Mundo y coordinada por Justino Sinova:

«Todo el relato, de arriba abajo, es falso. Esa comida nunca existió y nunca ningún mando militar puso sobre la mesa su pistola ni pronunció frases de ese tono en mi presencia.

»Ya es difícil pensar que el Rey tuviera una comida de esa índole, en el Palacio de la Zarzuela, y sin el conocimiento del presidente del Gobierno. Más difícil aún es imaginar conductas tan detestables como las descritas: la de S. M. el Rey, que abandona al presidente de su Gobierno para que los al­ tos mandos militares puedan intimidarle; la de éstos, que exigen, contra toda disciplina sentido de la autoridad, lo que no tienen derecho a pedir, y la mía propia, que no reacciono ante una intimidación casi delictiva de esa gravedad».

En múltiples ocasiones, el general Sabino Fernández Campos ha puesto especial empeño en desmentir que el Rey, olvidando los límites impuestos por la Constitución, hubiera forzado ninguna dimisión y, mucho menos, la de un presidente de su Gobierno. La conversación que, a solas, mantuvieron el Rey y Suárez, cuando éste anunció al monarca su renuncia, únicamente la podrán contar con detalle los protagonistas. Es lícito pensar, sin embargo, que don Juan Carlos no forzó la voluntad del dimisionario y consta que Adolfo Suárez transmitió al secretario de la Casa Real la impresión de que el Rey no se había mostrado especialmente cálido con él. En contrapartida, pese a alguna presión en ese sentido de Sabino Fernández Campos, Suárez no incluiría ninguna frase de afecto hacia el Rey en su mensaje de despedida como presidente del Gobierno.

Suárez concreta las causas de su dimisión, sin admitir ningún tipo de conjura palaciega o cuartelera, en razones estrictamente políticas, propias de cualquier democracia estable: la dureza de la oposición socialista, «acoso y derribo», el hostigamiento de buena parte de la prensa… y la división de su partido. Suárez se siente incapaz de dominar a unos «barones» que cuestionan todas sus medidas de gobierno y, al tiempo, hace extensiva su queja al grupo parlamentario que debería haberle apoyado. En su discurso de despedida ante las cámaras de TVE pone especial énfasis en asegurar que se va sin que nadie —todo el mundo entiende que se refiere al Rey— se lo haya pedido.

Seguimos sin saber con absoluta certeza —sólo Adolfo Suárez posee las claves y se empecina en no escribir sus memorias— los motivos de su huida, por emplear el término que algunos de sus compañeros han utilizado para calificar la dimisión. Suárez sigue debiendo al pueblo español una explicación solemne. Mientras tanto, la historia se construye entre sospechas, rumores e informaciones fragmentarias, como la que aporta Pérez-Llorca, a la sazón ministro de Asuntos Exteriores, que sitúa en el día de la Pascua Militar de 1981 la fecha en la que el presidente le anuncia, parece que en exclusiva, su intención de dimitir. Pasaría, pues, algún tiempo hasta que esa noticia llegara al conocimiento de un grupo reducido de ministros, los miembros de lo que entonces se llamaba «el sanedrín», integrado por Pío Cabanillas, Rodolfo Martín Villa, Leopoldo Calvo-Sotelo, Rafael Arias Salgado, Rafael Calvo Ortega, José Pedro Pérez-Llorca y Francisco Fernández Ordóñez.

Calvo-Sotelo no cree que haya una única causa oculta, determinante, que obligara a Suárez a presentar su dimisión al Rey, en carta que lleva fecha de 29 de enero, aunque se entregara formalmente un día después. A juicio de quien sería su sucesor, las motivaciones principales corresponden al terreno de la psicología: «Cansancio, desilusión, amargura, incomprensión de los leales, complejo parlamentario: éstas pueden ser algunas de las razones de su dimisión». No se muestra generoso Calvo-Sotelo en el juicio que le merece el comportamiento de Suárez, hasta el punto de insinuar en sus memorias que ni siquiera resultará creíble la versión que el propio protagonista puede dar en el futuro, insinuando que, como hiciera Napoleón en Santa Elena, tenderá a racionalizar su conducta «para insertarla estéticamente en una parábola vi tal completa». Si no traduzco mal a don Leopoldo, desconfía de que Adolfo Suárez sea capaz de anteponer la verdad a la construcción de su imagen. Pero ése es el ingrediente que hay que descontar en la lectura de cualquier libro de memorias, incluidas las suyas, mi respetado y culto señor Calvo-Sotelo.

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Eduardo Sotillos

Felipe González dice saber más claves de la dimisión de Suárez que las que se manejan habitualmente. Pero no quiere darlas a conocer. Ni siquiera ha ofrecido esa explicación ante la Academia de la Historia. El auditorio aguzó los oídos cuando escuchó al ex presidente socialista preguntarse en voz alta: «¿Sabemos por qué dimitió Adolfo Suárez?». Él mismo se contestó: «Tenemos dudas; a lo mejor dimitió por lo que dice que dimitió, cabe la posibilidad, pero no lo sabemos. ¿Sabemos cuántas ramificaciones e implicaciones había en el 23-F, salvo lo que aparece en un sumario, en un procesamiento y en unos resultados? Les aseguro que no lo sabemos». La curiosidad sube de grado cuando Felipe González se interroga: «¿Sé yo algo más de los que saben ustedes?»… Y se las prometen felices cuando escuchan: «Les aseguro que sí». Pero la decepción vuelve cuando, tras una muy leve pausa, González concluye: « Sin embargo no voy a referirme a ello a pesar de que me invitan a relatar mi experiencia. Hablo de lo que es conocido, la punta del iceberg en la democracia representativa».

De nuevo, el muro del secreto. Los ciudadanos de a pie, los votantes, son guiados, como en los tiempos de la Ilustración, por quienes cuidan de la salud pública. Han transcurrido más de dos décadas desde que Suárez compareció ante los españoles, a través de la televisión, para anunciar su renuncia; un tiempo suficiente como para que todas las heridas hayan cicatrizado, para que los principales protagonistas de aquel tiempo de historia hayan pasado a ocupar papeles secundarios o, sencillamente, hayan desaparecido. Sólo el Rey permanece como el máximo referente del Estado, viendo pasar presidentes y gobiernos. Seguro que el Rey sabe aún más que Felipe González sobre las auténticas razones que llevaron a Suárez a tirar la toalla y las presiones que, poco más tarde, impidieron que recuperara el mando de UCD y le obligaran a jugar la carta imposible del CDS. Pero los reyes no escriben sus memorias hasta que disfrutan el exilio. Mientras tanto, sus reflexiones sólo son capaces de interpretarlas los humoristas-filósofos como Máximo. Y siempre pueden ser desmentidas.

 

Este texto es un pequeño extracto del libro 1982. El año clave, escrito por un testigo de primera mano, el periodista y ex portavoz del Gobierno del primer ejecutivo socialista de la Transición, Eduardo Sotillos, que será reeditado en breve por Punto de Vista Editores.


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