Julio de 1977, que cuarenta años no son nada (o son mucho)

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4 de julio: Suárez, ganador de las elecciones, forma su segundo Gobierno, el primero democrático en los últimos 41 años, un gabinete que es el resultado del buscado equilibro entre las diferentes agrupaciones que integran UCD.

22 de julio: Apertura de las primeras Cortes de la nueva democracia, donde el rey Juan Carlos I define el acto como el del “reconocimiento de la soberanía del pueblo español”.

26 de julio: El Pleno del Congreso de los Diputados crea la Comisión Constitucional que deberá de redactar un proyecto de constitución.

 

 

El segundo Gobierno de Suárez

 

“’Me fui con el puño cerrado y vuelvo con la mano abierta en señal de concordia entre todos los españoles’. Así de sincero se mostró el poeta portuense Rafael Alberti a su regreso a España en abril de 1977 tras un exilio de 38 años. Algunos de sus coetáneos murieron en el exilio o permanecieron en el país que les acogió. Pero Rafael Alberti decidió regresar, volver a ver su tierra y el mar del que un día tuvo que huir.”

CRISTINA DÍAZ: “La musa de Rafael Alberti”, en Diario de Cádiz, 15 de mayo de 2008.

 

p442703afot1Es ahora otro gran momento de la palabra consenso, una palabra que se convierte en el eje del Gobierno salido de la composición de las nuevas Cortes democráticas −aquellas en las que el partido del presidente, UCD, carece de la mayoría absoluta−, el segundo de Suárez, un gabinete que formado un día antes comienza su andadura el 5 de julio del año 77, a las pocas semanas de los comicios que han legitimado la figura de aquél y le han otorgado (únicamente) una mayoría suficiente para continuar conduciendo al país por medio de la negociación, de la política en definitiva −ausente en ese sentido en España durante el franquismo−, hasta la certeza del parlamentarismo y los tiempos occidentales. Aquel ejecutivo era el resultado del buscado equilibro entre las diferentes agrupaciones que integraban UCD y contaba con tres vicepresidencias, una para Asuntos de la Defensa, donde continuaba el esencial Gutiérrez Mellado (ministro asimismo de Defensa, de nueva creación que aglutina los tradicionales tres ministerios militares del franquismo); otra para Asuntos Económicos, desempeñada por el prestigioso economista Enrique Fuentes Quintana, a quien hemos visto ser designado senador por el propio monarca y que ya había sido asesor informal de Suárez en su anterior ejecutivo; y una tercera ejercida por Abril Martorell, que pasaba del Ministerio de Agricultura a este cargo, al que añadiría en febrero del 78 la vicepresidencia de Asuntos Económicos tras suceder al propio Fuentes Quintana. Osorio desaparecía de un Gobierno donde continuaban al frente de sus ministerios Oreja Aguirre, Lavilla, Martín Villa (si bien el suyo pasó de llamarse de Gobernación a Ministerio del Interior) y Lladó (en un caso similar, pues de ejercer como ministro de Comercio se le relevó para serlo de Transportes y Comunicaciones), sustituido este último en febrero de 1978 por el ingeniero y colaborador de Suárez Salvador Sánchez-Terán Hernández. Por su parte, Calvo-Sotelo, ministro de Obras Públicas en el anterior ejecutivo, no asumirá un nuevo Ministerio hasta que en febrero del 78 se cree uno denominado de Relaciones con la Comunidad Económica Europea (CEE). Otros ministros de aquel segundo Gobierno de Adolfo Suárez fueron el ministro de la presidencia José Manuel Otero Novas, que ya había participado en cargos inferiores en los dos primeros gobiernos del reinado de Juan Carlos I y provenía del Grupo Tácito; el ministro de Hacienda Francisco Fernández Ordóñez, a quien hemos visto formar parte de la Comisión de los Nueve en tanto que dirigente de los socialdemócratas ajenos al PSOE (y que conseguirá plasmar ya ese mismo año sus planteamientos políticos por medio de una reforma fiscal que introducía el impuesto sobre la renta y que por fin acercaba a la Hacienda española en cuanto a tributación a ese Occidente que era en definitiva el final pretendido del túnel de esta transición que nos ocupa); el ministro de Educación Íñigo Cavero y Lataillade, jurista y aristócrata democristiano, cofundador del Partido Popular Demócrata Cristiano; el ministro de Trabajo Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, eminente jurista sustituido en febrero del 78 por otro especialista en Derecho, Rafael Calvo Ortega; el ministro de Industria y Energía Alberto Oliart Saussol, abogado del Estado sucedido en la remodelación de febrero del 78 por el dirigente empresarial Agustín Rodríguez Sahagún; el ministro de Obras Públicas y Urbanismo Joaquín Garrigues Walker, el líder liberal a quien asimismo conocemos de los meses anteriores en que se formó UCD; el ministro de Cultura y Bienestar Pío Cabanillas Gallas, a quien ya conocemos, ex ministro y dirigente sucesivamente del PP y de CD, embriones de UCD; el ministro de Sanidad y Seguridad Social (un ministerio nuevo, que salía del Ministerio de Trabajo) Enrique Sánchez de León, líder de la Acción Regional Extremeña (AREX), que como vimos le había dado cuatro diputados a la colación gubernamental, hombre perteneciente al entorno de Martín Villa; el ministro de Relaciones con las Cortes Ignacio Camuñas Solís, que, desde su Partido Demócrata Popular (PDP), había logrado seis diputados para UCD (y que dimitiría el 27 de septiembre, cuando aún no llevaba tres meses en un cargo, un ministerio, que se extinguirá con su salida); o el ministro de Relaciones con las Regiones Manuel Clavero Arévalo, jurista y dirigente del Partido Social Liberal Andaluz (PSLA).

19770705bigEn el acto de apertura de las primeras Cortes de la democracia posterior a la larga dictadura del general Franco, que tiene lugar el día 22 de julio (precisamente en el octavo aniversario de su proclamación como sucesor del autócrata), el rey Juan Carlos I deja claro en quien reside la soberanía en el discurso inaugural de la legislatura:

 

“Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica concreta: el reconocimiento de la soberanía del pueblo español. El camino recorrido hasta el día de hoy no ha sido fácil, pero ha resultado posible por la sensata madurez del pueblo español, por el realismo y capacidad de evolución de los líderes y por la favorable actitud de los altos órganos del Estado. Hemos conseguido que las instituciones den cabida en su seno a todas aquellas opciones que cuentan con respaldo en la sociedad española. Entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz”.

 

 

Me permito ahora hacer una pequeña observación sobre un hecho que ha pasado inadvertido en mi análisis aunque sí he hecho referencia a él. Cuando Cabanillas se convierte en el primer ministro de Cultura en la historia española, en aquel julio del 77, integrando el segundo ejecutivo de Suárez, el primero verdaderamente democrático, se asiste al nacimiento de lo que Giulia Quaggio ha calificado como un “producto genuino de la transición posfranquista a un nuevo régimen democrático […] surgido de las cenizas del Ministerio de Información y Turismo” de la dictadura. Y que sea Cabanillas el primer rector de la política cultural ministerial de la Transición no es casualidad: Cabanillas era un reformista acreditado en quien Suárez había visto un gozne entre las heterogéneas familias de UCD y con cuya designación buscaba –sigo a una auténtica especialista, a Quaggio− “convertir el nuevo ministerio en un símbolo auspiciador del cambio cultural, paradigma de la vía que debía seguir el país en su propia transformación sociopolítica.”

 

 

El camino por hacer

 

“Los Pactos de la Moncloa […] constituyeron el primer gran conjunto de medidas para afrontar con coherencia la crisis. Con su sensibilidad hacia la enseñanza de la historia, su promotor [(Enrique Fuentes Quintana)] subrayaría las implicaciones de la coincidencia entre crisis económica y cambio político, presentes también en la experiencia de la segunda República, lo cual, en sus propias palabras, ‘tuvo una perceptible influencia en la política económica que se definió para el ajuste’”.

JUAN PABLO FUSI y JORDI PALAFOX: España, 1808-1996. El desafío de la modernidad, 1997.

 

Es evidente cuál era el objetivo esencial del Parlamento recién salido de las urnas, y así recogía el sentir general el propio monarca cuando afirmaba que “la Corona desea −y cree interpretar las aspiraciones de las Cortes− una Constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos y actuales.” Santos Juliá lo certifica como suele:

 

“Nadie discutió que, como resultado de las elecciones, se abría por fin un proceso constituyente, o sea, el elemento clave de lo que se había llamado ruptura democrática.”

 

Cuando a finales del mes de julio tuvo lugar el primer debate parlamentario tras décadas de dictadura, en el momento en que cada uno de los principales dirigentes de los partidos con representación en el Congreso de los Diputados expuso sus proyectos, lo que se aireó fue el camino que todavía quedaba por hacer: ampliar la amnistía, combatir la crisis económica, amparar la personalidad de las regiones históricas, de las naciones que integraban el Estado, y… sobre todo redactar una nueva constitución entre todos.

 

Ampliar la amnistía. Por ahí se comenzó. Si existía una expresión generalizada en el entorno de las fuerzas políticas no gubernamentales más importantes desde comienzos del año 77 aquella era amnistía total. Una expresión que podía traducirse como ‘ponerle un final definitivo a la Guerra Civil y al franquismo… mejor, a la dictadura’. Pero lo que se buscó no fue un reconocimiento unidireccional, sino que a la libertad de los presos políticos y al regreso de los exiliados se quiso añadir su proyección simétrica, el perdón a aquellos funcionarios del franquismo que hubieran participado en la represión. Así, los diputados del PNV anunciaron ya en su primera intervención parlamentaria una proposición de ley de “amnistía general aplicable a todos los delitos de intencionalidad política, sea cual fuere su naturaleza, cometidos con anterioridad al día 15 de junio de 1977”, que acabó por ser presentada de forma conjunta como tal el día 7 de octubre por los grupos parlamentarios socialistas, por el comunista, por la minoría vasco-catalana, por el grupo mixto y por el de la propia UCD. Es decir, la amnistía general promovida parlamentariamente, en respuesta, no lo olvidemos (como de hecho lo fueron las otras normas no legisladas), a la presión de las multitudinarias manifestaciones, contó con el apoyo de todos los diputados, salvo los de AP, así como el representante de Euskadiko Ezquerra, Francisco Letamendia, e Hipólito Gómez de las Roces, de la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro, fue aprobada en las Cortes el 14 de octubre y recibió su conformidad legislativa un día después como Ley de Amnistía (si bien prolongando hacia atrás en el tiempo, hasta el 15 de diciembre de 1976, la fecha límite de comisión de dichos delitos, a los que además se añadieron incluso las posibles faltas). Una norma, la primera emanada de las nuevas Cortes, que incluso amnistiaba a quienes hubieran asesinado movidos por una intencionalidad política (en la evidencia de que el inspirador de esta norma fue el terrorismo etarra, entonces tenido por muchos como una especie de legítima expresión de la lucha contra la opresión), pero también a las autoridades, funcionarios y agentes de Orden Público que hubieran cometido delitos o faltas contra el ejercicio de los derechos de las personas. Se trató de establecer la concordia, la reconciliación, más aún, de simbolizar un nuevo tiempo −y ahora el máximo representante historiográfico, intelectual de esta interpretación de aquellos acuerdos, Santos Juliá, es el que habla una vez más−, se trató “de traer el pasado al presente, pero con la intención de darlo por clausurado y cerrar una larga etapa de la historia”, de que no volviera a ser aquel ignominioso pretérito el objeto del debate político. Y −como recoge el economista y periodista Joaquín Estefanía en la introducción al libro póstumo de Javier Pradera titulado La Transición española y la democracia−, una voz protagónica de aquellos días, la del secretario general de CC. OO. y miembro del Comité Central del PCE, ilumina sin lugar a dudas cuanto trato de mostrar cuando afirmó como diputado electo en el Congreso con motivo del debate de dicha ley que los comunistas “que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores”. No obstante, aunque es evidente que después de las anteriores normas amnistiadoras de la Transición esta tercera estaba dirigida a liberar del castigo las anteriores acciones de ETA, la banda terrorista vasca siguió asesinando: apenas un mes después de que apareciera en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley de Amnistía los independentistas mataban el 26 de noviembre al comandante de la Policía Armada Joaquín Ímaz. El periodista Patxo Unzueta, uno de los más destacados conocedores de la trayectoria de ETA, escribió para la citada Memoria de la Transición del diario El País un acertado resumen de la situación en lo que respecta al terrorismo vasco de aquellos años de plomo:

 

“La dinámica infernal –atentados, presos, más atentados– estaba de nuevo en marcha; la esperanza de que la amnistía lograra detenerla había durado lo que tarda el día en convertirse en noche.”

 

 

Combatir la crisis económica. Más camino por hacer. Si bien la economía era algo más que una necesidad coyuntural de transformación, de transición, lo que es evidente es el malestar en medio del cual tuvo lugar la difícil navegación del proceso transformador español. El consenso buscado por Suárez y sus hombres pudo dar resultado en los llamados Pactos de la Moncloa, a los que se llega en octubre de aquel año 77 y que no eran otra cosa, nada más y nada menos, que unos acuerdos sobre el programa de actuación gubernamental que permitirán abordar el magno problema de la tremenda crisis económica que venía azotando al país y servirán para sentar las bases del arranque de lo que será la elaboración de la constitución que sustituirá felizmente a las Leyes Fundamentales del franquismo. Los Pactos de la Moncloa, firmados entre Suárez, de una parte, y los representantes de los grupos políticos del Congreso, de la otra (Calvo-Sotelo por UCD; Felipe González por el PSOE; Joan Reventós i Carner y Josep Maria Triginer Fernández, como delegados ambos de Socialistes de Catalunya; Fraga por AP, Tierno Galván por el PSP-US, Ajuriaguerra por el PNV, Miguel Roca i Junyent por el PDC y Carrillo por el PCE), eran en realidad dos convenios, denominado uno Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía, signado el día 25 de octubre, y llamado el segundo Acuerdo sobre el Programa de Actuación Jurídica y Política, aprobado, aunque sin la firma de Fraga, dos días después. Este último contenía sobre todo, tal y como Soto ha recogido en una de sus obras, “reformas de las instituciones políticas y jurídicas, compromisos sobre el ejercicio de los derechos y las libertades, la revisión del Código de Justicia Militar y la Ley de Orden Público y la reorganización de los Cuerpos y Fuerzas de Orden Público”.

Se llegó al Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía −que pretendió ser un auténtico pacto social pero que sólo lo fue político (al no lograr el consenso entre los agentes sociales y el Gobierno, buscado ya en el verano del 77) − porque superar la crisis económica había dejado de estar supeditado al primer objetivo del proceso transicional, ya culminado, unas elecciones libres. Y el resultado de esas mismas elecciones permitió que en la base de la negociación se incluyera la necesidad y el firme convencimiento de que una de las pendientes por donde podría acabar rodando todo lo logrado hasta entonces era la grave situación económica de muchas de las familias españolas. Millones de horas de trabajo perdidas debido a las huelgas, una inflación que a menudo recibía el calificativo de galopante y unos niveles de desempleo cada vez menos aceptables inundaban la realidad diaria del país mientras el cometido principal de los gabinetes de la monarquía no podía ser otro que el que fue hasta entonces, adecuar los nuevos tiempos sin Franco a las nuevas expectativas de la sociedad civil. Pero en el segundo Gobierno de Suárez se había creado una vicepresidencia para Asuntos Económicos y se había reclutado a un auténtico especialista como Enrique Fuentes Quintana para acabar con las contemporizaciones que no habían hecho sino empeorar la situación. Y es así que el propio Fuentes Quintana –que ya había desempeñado un destacado papel en la elaboración del Plan de Estabilización franquista del año 59, en tanto que director del Servicio de Estudios del Ministerio de Comercio– promovió, con el objeto de que sirviera para superar la crisis económica y permitiera acomodar el recorrido hacia la constitución política ineludible, un amplio pacto de trasfondo social, aceptado por los líderes de los grupos y partidos elegidos en junio, que pedía a las familias que soportaran el control de los salarios en un nivel inferior a la inflación que se previera, y ello a cambio de que desde el ejecutivo se impulsaran medidas de redistribución de la riqueza, especialmente a partir de una reforma fiscal.

Fuentes Quintana, luego de que lograra a finales de julio que el Gobierno aprobara un Plan Económico de Urgencia, había presentado ya en septiembre el documento básico para los acuerdos a Suárez, y tras convencerle se discutió el mismo con los demás ministros para que los días 7, 8 y 9 de octubre acudieran al palacio de la Moncloa los dirigentes políticos después de que el vicepresidente para Asuntos Económicos, junto al vicepresidente para Asuntos Políticos, Abril Martorell, negociaran con los principales agentes sociales, es decir, con los sindicatos UGT y CC. OO. y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, el principal órgano de representación de los empresarios, de reciente creación, que se mantendría expresamente al margen de los pactos. Con aquel documento inicial de Fuentes Quintana, los encargados por los partidos con mayor representación parlamentaria procedieron a la redacción de los dos acuerdos, participando en la misma Abril Martorell, el subsecretario de Economía Manuel Lagares, Calvo-Sotelo por UCD, Ramón Tamames por el PCE, Joaquín Leguina por el PSOE, López Rodó por AP (aunque, como vimos, este partido no firmaría el acuerdo de alcance jurídico y político) y Fernando Morán por el PSP-US. El convenio económico, el llamado Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía, reunía −y sigo ahora a Joaquín Estefanía en su participación en el ya citado Memoria de la Transición de El País− “medidas de saneamiento urgente (contra la inflación y el desequilibrio exterior) y las reformas necesarias para repartir con equidad los costes de la crisis, reestructurar los sectores e instaurar –vía consenso– un auténtico sistema de economía de mercado”. Como veremos, no obstante, poco duró el consenso político sobre economía, pues si de febrero del 78 es el reajuste gubernamental provocado por la salida del gabinete de Fuentes Quintana, poco después tendrá lugar el inicio de los más razonables tiempos de disenso, más propios de una democracia cada vez más cimentada y no en proceso de construcción. No obstante, el acuerdo alcanzado en octubre del año 77 supuso lo que para algunos es considerado no solo el marco esencial de referencia de la economía tal y como España y sus gobernantes la entenderán en los años venideros, sino, sobre todo, el final auténtico de la Guerra Civil de los años 30 de ese mismo siglo, con la sustitución del combate mortal por el primer pacto negociado abiertamente, cara a cara, con luz y taquígrafos, entre los antaño antagonistas. Se convirtieron, sí, de inmediato los Pactos de la Moncloa en una suerte de “insignia del paso de una dictadura a una democracia sin excesivas convulsiones sociales”, como dejó apuntalado Estefanía en la introducción a La Transición española y la democracia.

Saneamiento y reforma, por tanto. Si el saneamiento se llevó a cabo de inmediato, para la reforma hubo que esperar unos años.

 

transicion-ibanez-salasAmparar la personalidad de las regiones históricas, de las naciones que integraban el Estado. Una parte difícil (como si las demás no lo fueran) del camino que le quedaba por hacer a quienes participaban en el proceso de transición desde la dictadura hasta la democracia. Si el intento de afianzar un pacto social, por más que éste fuera al final como he dicho político, resultó menos complicado de lo esperado con la cuestión nacionalista o autonómica, de autogobierno regional en suma, acabó por requerir de una laboriosidad negociadora de mucha enjundia. Y es que las reivindicaciones de autonomismo pleno no sólo aparecían en el entorno de los partidos y grupos nacionalistas, e incluso regionalistas, sino que se expresó asimismo en los programas de los dos principales partidos de la oposición, el PSOE en su Congreso de finales del año 76 y el PCE en su programa-manifiesto de septiembre del año anterior, que recogían ambos en sus propuestas como premisas indelebles el derecho de los pueblos de España a decidir su destino, optando por una vía irremediablemente federal. Así es, en efecto, la Plataforma de Organismos Democráticos había incluido ya en diciembre de 1976 como se vio unas páginas más atrás el derecho a la autonomía en su conjunto de premisas básicas de negociación con el Gobierno.

Suárez y su gabinete, en cuya intención programática figuraba inicialmente atender la división territorial del Estado después de aprobada la constitución, optaron finalmente –debido, cómo no, a la intensa presión popular evidenciada en multitudinarias manifestaciones– por entablar negociaciones con los depositarios de las instituciones de autogobierno que habían surgido antes de que el franquismo acabara con todo rastro de autonomía y de reivindicación nacionalista no española. Así, decidió apelar a la legitimidad histórica y acudió directamente a dos personalidades que permanecían en el exilio: por un lado, quien venía desempeñando desde el año 54 la presidencia de la proscrita en España Generalitat de Cataluña, el moderado dirigente de Esquerra Republicana Josep Tarradellas, y, por otro, el peneuvista presidente desde el año 60 del también clandestino Gobierno vasco, Jesús María Leizaola.

Tarradellas, una vez celebradas las primeras elecciones generales, y sin tener en cuenta el resultado de las mismas en Cataluña, se negó a llegar a acuerdo alguno que no recogiera el explícito reconocimiento de la Generalitat que presidía, así como de la legitimidad de la misma y por supuesto su reposición. Y lo logró: el día 29 de septiembre de aquel 1977, solo tres meses después de los históricos comicios, un decreto-ley restablecía bien que provisionalmente la Generalitat catalana, aunque sin que se estableciera cuáles habrían de ser sus concretas atribuciones, pero eso sí con Tarradellas como expreso presidente de la misma, propuesto por Suárez, tal y como un real decreto especificaba. El anciano dirigente nacionalista retornaba así a Cataluña, el 23 de octubre siguiente, investido presidente legal de la institución que había liderado en el exilio. Para Tusell, ese restablecimiento de la Generalitat será “el único aspecto rupturista del proceso de Transición español”, pues aquella había nacido de la legalidad republicana de las primeras décadas del siglo.

En lo que respecta al País Vasco, a Euskadi, las intenciones del Gobierno de Suárez chocaron con la actitud de Leizaola, contraria al personalismo de Tarradellas y favorable a hacer ver los resultados de las elecciones de junio en el territorio vasco como avaladores de la nueva situación. Jesús María Leizaola prefirió que el ámbito de negociación para acceder o mejor recuperar la autonomía vasca se estableciera entre la Asamblea de Parlamentarios Vascos, instituida entre los elegidos en aquellas circunscripciones euskaldunas, y el ministro de Relaciones con las Regiones, Clavero Arévalo. Aquella Asamblea de Parlamentarios Vascos había sido creada muy poco después de las elecciones, el día 19 de junio, tras la firma del llamado Compromiso Autonómico un mes antes por parte del PNV, Democracia Cristiana Vasca (DCV), el PSOE y el PCE vascos (PSE-PSOE y EPK-PCE) y Acción Nacionalista Vasca (ANV), que buscaba que fueran precisamente los parlamentarios elegidos en las tres provincias vascas y en Navarra quienes se encargaran de la redacción del deseado estatuto autonómico de Euskadi. En la Asamblea se integraron todos los diputados y senadores electos en Euskadi y en Navarra, a excepción de los seis que habían sido elegidos por UCD en la última de las regiones referidas, opuestos a la integración de la misma en la primera de ellas. No sólo la incorporación de Navarra a Euskadi, por cierto, fue un obstáculo en las negociaciones entre la Asamblea de Parlamentarios y el Gobierno de Suárez, representado por su ministro de Relaciones con las Regiones, sino que asimismo las dificultades para el acuerdo radicaron en los tiempos para la creación de las Juntas Generales, que Clavero Arévalo quería retrasar hasta que no tuvieran lugar elecciones locales. Se llegaba así en diciembre de aquel año 77 al pacto que establecía el llamado Consejo General Vasco, que arrancaría oficialmente por medio de un decreto-ley promulgado el 4 de enero de 1978, y pasó a estar presidido un mes más tarde, cuando se instituyó, por un dirigente histórico del PSOE, Ramón Rubial, e integrado por otros cuatro parlamentarios socialistas, tres de UCD, cinco del PNV y uno de la coalición izquierdista nacionalista Euskadiko Ezkerra (EE).

Cataluña y Euskadi habían abierto la espita de los deseos autonómicos y del ansia por obtener un cauce de gobierno a medio camino entre el estatal y el meramente local, de tal forma que al gabinete presidido por Suárez no le quedó otra salida si quería canalizar esa vorágine que proceder a la erección de toda una serie de órganos preautonómicos y, entre los meses de marzo y de septiembre del año 78, publicó los necesarios reales decretos-leyes que establecían las instituciones por medio de las cuales Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, País Valenciano, Canarias, Baleares, Castilla y León, Murcia y Andalucía andarían los pasos necesarios hacia sus respectivas autonomías. Si bien casi todo quedó fiado a lo que saliera de la constitución en ciernes, de la Constitución con mayúsculas que ya se estaba negociando, pactando, debatiendo, negociando, acordando, consensuando. Todas las palabras mágicas de unos tiempos difíciles pero cargados de esperanza, desafortunadamente no eterna (como siempre, por otra parte).

 

Redactar una nueva constitución entre todos fue el punto nodal de aquellos aspectos esenciales y comunes contenidos en los proyectos o programas expuestos por los dirigentes de los partidos sentados en el Congreso de los Diputados, del camino que todavía quedaba por hacer. Y, debido a su descomunal importancia en la historia de la Transición, creo conveniente dedicarle un epígrafe completo, si bien antes dedicaré otro a la a la consensuada, esencial y consensuada integración de España en la Europa comunitaria.

 

Extraído de la obra del autor titulada La Transición (Sílex ediciones), una síntesis histórica de un periodo esencial de la historia del presente.


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José Luis Ibáñez Salas nació en 1963 en Madrid. Se licenció en Filosofía y Letras y se especializó en Historia Moderna y Contemporánea. Editor e historiador, fue el responsable del área de Historia de la Enciclopedia multimedia Encarta, ha dirigido la colección Breve Historia para Nowtilus y ahora es promotor de nuevos proyectos en Sílex ediciones. Asimismo, dirige la revista digital Anatomía de la Historia y es editor de Santillana Educación y socio fundador de Punto de Vista Editores. Su último libro en Sílex ediciones es El franquismo.

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