En el aniversario de la Constitución de 1978

Por . 6 diciembre, 2017 en Siglos XIX y XX
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Con motivo del cumplimiento de los 35 años de vigor de la Constitución española de 1978, Anatomía de la Historia publicó lo que entonces era un adelanto del libro de nuestro editor, José Luis Ibáñez Salas, dedicado a la Transición.

 

La elaboración de la Constitución

Puede considerarse que el proceso constituyente había dado comienzo ya a finales de 1976 con la aprobación de la Ley para la Reforma Política, y aunque ésta tenía aún en su seno principios autoritarios, si bien también claro está democráticos, la mayoría por cierto, aquéllos desparecerían con la Constitución del año 78.

De forma similar a como le ocurrió con el asunto de la organización territorial del Estado, cuando el presidente Adolfo Suárez y su Gobierno hubieron de modificar su primigenia intención programática de atender ese asunto luego de que fuera aprobada una constitución, en el caso de la elaboración de esta última, el ejecutivo hubo de plegarse a las posturas de la oposición.

Si el gabinete de Suárez formado tras las elecciones de junio de 1977 quiso tomar la iniciativa y apresurarse a presentar a las cámaras su propio proyecto, de carácter breve e ideado por un grupo de expertos salidos de las filas de Unión de Centro Democrático (UCD) y del Ministerio de Justicia −aunque también barajó la posibilidad de que lo formaran especialistas de reconocido prestigio provenientes del campo del Derecho constitucional−, la categórica desaprobación de los diputados socialistas y comunistas, totalmente contrarios a un texto corto que no recogiera una destacada cantidad de explícitos derechos y libertades, llevó al Gobierno a aceptar la propuesta de que el proyecto constitucional naciera directamente dentro de la cámara baja de las recién elegidas Cortes.

Y es que, dado que el artículo tercero de la Ley para la Reforma Política otorgaba la iniciativa constitucional al Gobierno o al Congreso de los Diputados, y luego de que aquél renunciara a usarla tras negociar con la oposición, dicha cámara baja de las Cortes recién salidas de los comicios de junio ejerció aquella prerrogativa y su Pleno aprobó, el 26 de julio de 1977, una moción en cuya redacción habían intervenido todos los grupos parlamentarios para crear la, en principio, llamada Comisión Constitucional que debería de redactar un proyecto de constitución.

 

Los ponentes

El 1 de agosto se constituyó dicha Comisión, que ese mismo día eligió a los ponentes encargados de pergeñar el anteproyecto constitucional, los cuales a lo largo de 29 sesiones que tuvieron lugar desde el día 22 de aquel agosto hasta el mes de diciembre del mismo año 77 acabarían el texto que se les había encargado.

La que habría de llamarse Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas estuvo integrada por 36 diputados: 17 provenientes de las filas de UCD, 13 de entre los escaños del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dos salidos de las actas obtenidas por el Partido Comunista de España (PCE), como dos fueron los representantes en ella de Alianza Popular (AP), uno del Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) y otro del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

En tanto que la citada ponencia, que habría de reunirse por vez primera el día 22 de agosto para elaborar el anteproyecto de la ley magna, la compusieron sólo siete diputados, todos ellos además reputados juristas que han pasado ya a la Historia constitucional española.

El pacto para formar ese selecto grupo le asignó tres ponentes a UCD: Gabriel Cisneros Laborda, proveniente de aquel grupo de burócratas del Movimiento que bajo la jefatura del ministro Rodolfo Martín Villa se habían integrado como independiente en la gran coalición presidencial, fuera de las principales familias políticas centristas; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que tampoco pertenecía a grupo ideológico determinado alguno de cuantos formaran UCD y había sido uno de los expertos del partido que trabajaron con el ministro Landelino Lavilla en un proyecto que nunca pasó de borrador; y José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, uno de los fundadores del Partido Popular, junto a Areilza y Cabanillas, en el que ejerció como su primer secretario general de Coordinación. Los otros cuatro ponentes fueron por AP Manuel Fraga (que ya había renunciado a la idea de su formación de limitarse a hacerle un lavado de cara a las Leyes Fundamentales del franquismo y había arrastrado con él a los demás líderes de su partido), Gregorio Peces-Barba Martínez por el PSOE, Miquel Roca Junyent por el catalanista PDC (encarnando de alguna manera, y tras renuncia de los socialistas a ese puesto, a las minorías nacionalistas históricas catalana y vasca) y Jordi Solé Tura en representación del PCE y el PSUC (no en vano era uno de los dirigentes de este último).

El texto de los ponentes fue hecho público el 5 de enero del 78 y completado con el preceptivo informe de la Ponencia, del 17 de abril siguiente, que pasó a ser discutido a lo largo de 24 sesiones por la Comisión, ya denominada de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, en mayo y en junio, de manera que el 1 de julio apareció en el Boletín Oficial de las Cortes el dictamen de la Comisión. Durante ese mes de julio, el Pleno del Congreso de los Diputados necesitó de doce sesiones para debatir el contenido del dictamen y aprobó el proyecto constitucional –con 258 votos a favor, 14 abstenciones y únicamente dos votos en contra– el día 21 para remitirlo de inmediato al Senado.

No todo fue un camino de rosas a lo largo del acomodaticio filo del consenso, pues entre mediados del mes de marzo y finales de julio de ese año 78 el proceso constituyente había atravesado un complicado sendero y corrió un severo riesgo.

El 17 de mayo, cuando el texto ya estaba en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, fue un día especialmente complicado pues todo estalló alrededor de la discusión en lo relativo a la pena de muerte y a una enmienda en torno de la supresión de algunos derechos fundamentales en determinados casos relacionados con actos terroristas, y ello en medio de las disputas que venían arrastrándose entre el PSOE y el bloque erigido entre AP, UCD y la representación que ejercía Miquel Roca.

Tan es así que los socialistas consideraron roto el consenso. Y Suárez decidió entonces que la negociación directamente con el PSOE, que no olvidemos era el principal partido de la oposición, la llevara a cabo el vicepresidente Fernando Abril Martorell, en sustitución de Lavilla. Por su parte, los socialistas dispusieron que su interlocutor fuera su segundo secretario, Alfonso Guerra. Comenzaba así una nueva etapa en la elaboración de la Constitución.

 

La segunda etapa constituyente

El 22 de mayo se iniciaban las conversaciones Abril-Guerra que iban a permitir desatascar el proceso. Si a Abril, que había logrado el apoyo de Roca, de Carrillo y de Solé Tura, le acompañaban y asesoraban en ellas Cisneros, Pérez-Llorca y Rafael Arias-Salgado Montalvo (que acababa de ser nombrado coordinador general de UCD y era hijo del que fuera ministro de Información y Turismo de Franco, Gabriel Arias-Salgado y de Cubas); a Guerra le asistían en las mismas Peces-Barba y el diputado guipuzcoano y socialista Enrique Múgica Herzog.

El caso es que, si hasta entonces la Comisión Constitucional había logrado aprobar 24 artículos, se dice que esa misma noche del día 22 al 23 del mes de mayo de 1978 se acordaron los 25 restantes. El consenso constitucional parecía estar de nuevo a salvo tras superar el que había sido el principal escollo negociador. Si el PSOE se abstenía en la cuestión de la forma del Estado y renunciaba a su un tanto impostado republicanismo, UCD aceptaba por su parte constitucionalizar la pena de muerte.

De las más de 3.000 enmiendas que habían llegado a la Comisión Constitucional, sólo 187 fueron mantenidas para el Pleno del Congreso, que como vimos aprobaba el texto el día 21 de julio, la misma jornada en la que la organización terrorista vasca ETA asesinaba al general de brigada Juan Manuel Sánchez-Ramos Izquierdo y a su ayudante, el teniente coronel Juan Antonio Pérez Rodríguez.

El proceso constituyente continuó ya en el Senado, donde el tiempo para presentar enmiendas acabó el 7 de agosto y un mes después, el día 14 de septiembre, finalizaba sus sesiones la Comisión de Constitución encargada de escribir el preceptivo dictamen senatorial.

Diez sesiones dedicó el Pleno del Senado, entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre, a debatir aquel dictamen y poder llegar así a las modificaciones del proyecto constitucional salido del Congreso que fue a parar a la Comisión Mixta de Diputados y Senadores, encargada de unificar aquel en un solo texto y formada por el presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil, , y compuesta, además, por los presidentes del Congreso de los Diputados, Fernando Álvarez de Miranda y Torres y Antonio Fontán Pérez, respectivamente, así como los diputados Solé Tura, Roca Junyent, Pérez-Llorca y Alfonso Guerra y los senadores José Vida Soria (elegido en la candidatura liderada por el PSOE llamada Senado Democrático), Francisco Ramos Fernández-Torrecilla (PSOE), Antonio Jiménez Blanco (UCD, concretamente de las filas del PDP) y Abril Martorell (como sabemos, vicepresidente del Gobierno y senador por designación regia, que había sustituido en aquel cónclave pronto al ministro de Justicia Landelino Lavilla).

El dictamen que de aquella Comisión salió para ser debatido en los respectivos plenos del Congreso y del Senado se publicó el 28 de octubre y fue votado y aprobado por ambas cámaras tres días después. Si en el Congreso, de sus 345 miembros asistentes, 325 diputados votaron afirmativamente, 6 en contra (cinco de AP y uno de Euskadiko Ezquerra) y 14 se abstuvieron (siete de ellos del PNV, tres de AP, dos de UCD y dos del grupo de la Minoría Catalana –uno del PDC, Joaquim Arana i Pelegrí, y otro de Esquerra Republicana de Catalunya, Heribert Barrera i Costa–); en el Senado, donde votaron el dictamen definitivo 239 de sus miembros, 226 lo hicieron a favor, 5 en contra (dos senadores de la Minoría Vasca, uno de ellos del Frente Autonómico y el otro de Euskadiko Ezquerra; uno de Entesa dels Catalans; y otros dos independientes) y 8 se abstuvieron (cinco del grupo llamado Senadores Vascos, uno de Entesa dels Catalans y dos independientes).

 

El referéndum constitucional

Y como aquel artículo tercero de la Ley para la Reforma Política disponía asimismo la necesidad de un referéndum que permitiera la sanción regia posterior, el Gobierno publicó el Real Decreto 2550/1978, de 3 de noviembre, que convocaba dicho plebiscito para el día 6 del mes de diciembre. Otro real decreto, ya a finales de agosto, se había ocupado de “dictar las normas por las que ha[bía] de regirse el procedimiento de referéndum”.

Y, finalmente, el proyecto se transformó en la Constitución española cuando, después de que el plebiscito obtuviera la aprobación de los ciudadanos con un 87,78% de votos favorables (que significaba el 58,97% del censo electoral, pues del los 26.632.180 españoles llamados a expresarse en las urnas lo hizo el 67,11%), el rey Juan Carlos I la sancionara durante la preceptiva sesión conjunta de ambas cámaras legislativas el día 27 de diciembre. Sólo quedaba que el BOE publicara la Constitución dos días después.

La Constitución había sido redactada llevando a la máxima expresión el consabido consenso, trabajando para conseguir los acuerdos todo lo amplios que les fueran posibles a los principales implicados en las negociaciones y partiendo de un núcleo primigenio compuesto por los parlamentarios de UCD y del PSOE que se extendió muy pronto hasta los representantes del nacionalismo catalán y a los del PCE, e incluso poco después incorporando a los de AP.

Mientras, no lo olvidemos, el terrorismo seguía acechando todo el proceso, especialmente el de ETA. De los 12 asesinados por los grupos terroristas de la extrema izquierda y del independentismo vasco y de las 8 víctimas de la extrema derecha en el año 77 se pasó a los 72 y 6 muertos, respectivamente, del año de la aprobación de la Constitución.

El terrorismo acechaba, pero también el llamado ruido de sables, aquel intervencionismo militar que el historiador Roberto Muñoz Bolaños llama de desplazamiento y sustitución, que en noviembre, en plena campaña del referéndum constitucional mostró su rostro a través de la conocida como Operación Galaxia.

Y es que el referéndum de diciembre del 78, el primer plebiscito para aprobar popularmente una Constitución en toda la historia española, no lo olvidemos, se celebró en medio de una considerable tensión provocada por los dos extremos atenazadores de todo el complicadísimo proceso hacia la democracia, el del terrorismo, no solo pero fundamentalmente etarra, y el del peligro involucionista proveniente desde los cuartos de banderas.

En cualquier caso, el acuerdo, el consenso tuvo lugar, de tal manera que uno de los ponentes de la Constitución, el socialista Gregorio Peces-Barba, nos da una meridiana idea cuando dice lo siguiente de lo que fue aquel gran pacto del que nació la única Constitución en toda la historia española que no ha surgido de la imposición de una opción política sobre las demás:

 

“Todos tuvimos que recortar los programas máximos y aceptar acuerdos no totalmente satisfactorios para nadie, pero suficientemente satisfactorios para todos”.

 

Bueno, no para todos, pues el PNV no asumió ese consenso final al no ser capaz de prescindir de una de sus proposiciones maximalistas, el explícito reconocimiento constitucional de los derechos históricos de Euskadi (pues lo que hizo fue exigir, sin éxito, claro está, la plena restauración, actualizada, de lo que entendía por Fueros Vascos), y solicitó la abstención en el referéndum de diciembre. El propio portavoz de los nacionalistas vascos en aquellas sesiones históricas, Xavier Arzalluz, diría de la coyuntura plebiscitaria:

 

“No es racional decir no a esa Constitución, pero tampoco podemos votar sí. En cualquier caso, debemos acatarla”.

 

Y, además, conviene recordar que, de los tres senadores militares por designación real −los tenientes generales Luis Díez-Alegría Gutiérrez y Ángel Salas Larrazábal y el almirante Marcial Gamboa Sánchez-Barcáiztegui−, dos de ellos se abstuvieron cuando el proyecto pasó por la cámara alta y uno de ellos, el almirante Gamboa, lo rechazó.

Sea como fuere, es indudable que, como afirma la politóloga británica Monica Threlfall,

 

“el texto constitucional representa el resultado de una lucha política de tira y afloja entre las élites del régimen autoritario y las organizaciones de la sociedad civil”.

 

La Constitución española del año 78 del siglo XX fue el resultado de las disputas meramente políticas “ganadas y perdidas entre el régimen y la oposición”. Y debe quedar constancia, y así me dispongo a hacerlo ahora mismo, que en ningún caso lo que ocurrió fue que un sistema autoritario controlara la transición hacia la democracia, pues es evidente que la Constitución no contempló ni uno solo de los principios del franquismo.

Como creo que es decisivo saber que la fuerza de la oposición en esa dialéctica queda probada de forma manifiesta por el hecho de que consiguiera, y regreso a las palabras de Threlfall, “que se incluyeran en el documento prácticamente todas sus exigencias”.

Si bien algunos historiadores defienden que el Gobierno, dígase UCD, aceptó la inmensa mayoría de las propuestas socialistas y muchas de las comunistas a cambio de que la oposición no pusiera en tela de juicio la monarquía, algo que era una exigencia irrenunciable de las Fuerzas Armadas, no obstante, queda claro para todo aquel que quiera leer el texto constitucional aprobado en diciembre del 78 por los ciudadanos españoles que la ley magna no fue en ningún caso el resultado de un pacto entre las élites. Un repaso a su contenido debe de asentar esta concluyente afirmación.


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José Luis Ibáñez Salas nació en 1963 en Madrid. Se licenció en Filosofía y Letras y se especializó en Historia Moderna y Contemporánea. Editor e historiador, fue el responsable del área de Historia de la Enciclopedia multimedia Encarta, ha dirigido la colección Breve Historia para Nowtilus y ahora es promotor de nuevos proyectos en Sílex ediciones. Asimismo, dirige la revista digital Anatomía de la Historia y es editor de Santillana Educación y socio fundador de Punto de Vista Editores. Su último libro en Sílex ediciones es El franquismo.

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